Misterio
y polémica. Sólo habían transcurrido tres horas desde un nuevo
desmentido oficial en Caracas cuando Patricia Velásquez, embajadora de
la Unesco, resquebrajó la argumentación del Gobierno de Chávez: "Sí hubo
matanza de yanomami" en Irotatheri, poblado indígena del Alto Orinoco
venezolano.
Velázquez,
actriz y modelo, es además defensora de los derechos indígenas y
representante de la etnia wayuú y sostuvo con firmeza que pudo confirmar
la tragedia, provocada por un grupo de garimpeiros brasileños, en
fuentes confiables. "Lo menos que debo hacer es creer a quienes
comparten raíces ancestrales", añadió Velásquez. "Los yanomami no hablan
de sus muertos, los queman y los toman. Para ellos sólo existen los
números uno y dos, y muchos", lo que va a dificultar reconstruir lo
sucedido en el "shabono" (casa comunitaria). La choza indígena central
fue atacada con explosivos y tiroteada por los mineros ilegales, según
la denuncia de tres supervivientes. En ese poblado vivían 80 yanomamis.
Velásquez
quiso evitar la polémica política suscitada tras conocerse la noticia,
algo impensable en la Venezuela preelectoral. De hecho, Tareck El
Aissami, ministro de Interior, precedió a la defensora indígena con una
acusación contundente: "Desde hace 24 horas nos hemos cansado de
declarar que es mentira y los medios no han titulado absolutamente nada
respecto a eso".
Llegar al fondo del asunto
Pero
la actriz añadió que para llegar al poblado son necesarios cinco días
caminando, por lo que la Guardia Nacional no podría haber comprobado la
veracidad de la denuncia. "Lo más importante es hacer una investigación y
llegar al fondo del asunto", enfatizó Velásquez, que recordó que los
gobiernos de Caracas y Brasilia suscribieron un convenio para defender a
los yanomamis, que son Patrimonio de la Humanidad, tras varios ataques
registrados desde 2009.
La
Policía Federal de Brasil emitió un comunicado para dejar claro que el
suceso tuvo lugar en territorio venezolano y recordar que actualmente
efectúa una operación contra los garimpeiros, con 26 detenidos hasta el
momento.
En
Venezuela, la reacción gubernamental fue más allá de las palabras del
ministro. Según denunció Liborio Guarulla, gobernador del estado
Amazonas, "Luis Chatiwe, la primera persona que habló públicamente, fue
llevado a la guarnición (de la 52 Brigada del Ejército) y se le impide
hablar públicamente. Él no cometió ningún delito", protestó.
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