El presidente venezolano, Hugo Chávez, cuya muerte por cáncer fue anunciada esta semana, deja tras de sí una serie de iniciativas de seguridad a medias, pero en general, su gobierno demostró ser absolutamente incapaz de hacer frente a la violencia y el crimen organizado.
Desde la elección de Chávez en 1998, el gobierno pasó por al menos 19 planes diferentes destinados a enfrentar la delincuencia y la violencia en Venezuela. Algunas de estas iniciativas eran bien intencionadas: Chávez supervisó la creación de una nueva fuerza de policía (la Policía Nacional Bolivariana - PNB), se duplicaron los salarios recibidos por los agentes, y estableció una universidad destinada a formar a una nueva generación de policías bien calificados y educados.
Aunque hasta el momento sólo se ha desplegado en algunas áreas, hay indicios de que la nueva PNB ha tenido algunos éxitos en la lucha contra la delincuencia, evitando el uso mortal de la fuerza, asociada por lo general con la policía de Venezuela. Este cambio hacia una policía menos militarizada, con formación más humanista, constituye una parte importante del legado de Chávez en materia de seguridad, y es digno de aplaudir.
Pero tuvieron que pasar nueve años para que Chávez llegara a ese punto. Antes de una ley aprobada en 2008, Venezuela no tenía una legislación que estandarizara los procedimientos policiales en todo el país. Durante este lapso, Venezuela se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo.
El gobierno finalmente está comenzando a enfrentar este hecho, aunque con algunas cifras dudosas. La semana pasada, el vicepresidente Nicolás Maduro (ahora presidente ad hoc), confirmó que más de 16.000 personas murieron en 2012, cifra que es un 25 por ciento inferior a las dadas a conocer por el Observatorio Venezolano de Violencia, una respetada organización no gubernamental. Bajo Chávez, Venezuela ha implementado varios esquemas de control de armas, incluyendo la prohibición de la venta de armas de fuego y la destrucción de miles de armas ilegales.
No obstante, la realidad es que los 14 años de Chávez en el poder registraron un aumento radical de la violencia y el narcotráfico, y vieron la consolidación de redes de delincuencia organizada conformadas por elementos corruptos de las fuerzas de seguridad, como la Guardia Nacional.
"El legado del gobierno de Chávez es un aumento permanente, constante, sistemático y sostenido de la violencia año tras año", dijo a InSight Crime el padre Alejandro Moreno, experto en violencia de pandillas en Venezuela. "Fue un completo desastre".
Tal vez uno de los acontecimientos más preocupantes fue el creciente atrevimiento de la Guardia Nacional y las facciones militares involucrados en el tráfico de cargamentos de cocaína al extranjero; una red criminal conocida como el "Cartel de los Soles". Si bien los lazos entre los funcionarios de seguridad y del gobierno con el crimen organizado era un serio problema mucho antes del ascenso de Chávez al poder, en la última década el gobierno de Chávez fracasó repetidamente en hacer un seguimiento a los informes de la participación militar en el tráfico de drogas.
Las denuncias por parte de actores criminales como Walid Makled y el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte, alimentan aún más la preocupación de que los altos mandos del gobierno habían sido comprometidos por el crimen organizado y el Cartel de los Soles.
Aunque ha habido mejoras en los últimos tiempos, sobre todo con las capturas de líderes neo-paramilitares y narcotraficantes colombianos de alto perfil, las tensiones con Colombia alcanzaron nuevos límites con Chávez, a medida que se hacía evidente que Venezuela se había convertido en un refugio importante para los grupos guerrilleros colombianos: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) [ver los perfiles de InSight Crime sobre las actividades de las FARC y el ELN en Venezuela]. Algunos partidarios de Chávez argumentaron que las organizaciones neo-paramilitares transfronterizas – etiquetadas "bandas criminales", o BACRIM, por parte del gobierno colombiano - fueron responsables de gran parte de la violencia y el narcotráfico en los estados fronterizos. Sin embargo, los críticos han dicho que el régimen de Chávez centró los esfuerzos de seguridad contra las BACRIM, al tiempo que, en términos generales, toleraba a las fuerzas guerrilleras.
Las FARC y otras organizaciones narcotraficantes colombianas -- así como facciones corruptas del ejército venezolano y la guardia nacional venezolana – colaboraron en convertir a Venezuela en un importante país de tránsito para los cargamentos de cocaína que van a Centroamérica y Europa. Un informe de 2011 de la oficina antidrogas del país señaló que los aviones con cargamentos de droga viajan a través de un extensa red de rutas aéreas entre los estados fronterizos venezolanos de Apuré y Zulia a destinos como República Dominicana y Haití. Si bien las autoridades hicieron alarde de la cantidad récord de narcóticos ilícitos decomisados el año pasado, los números sólo sirvieron para resaltar la cantidad total de cocaína que se cree, viaja a través del país.
Otras áreas de la reforma a la seguridad y la justicia vieron pocas mejoras positivas. En una declaración publicada poco después de confirmada la muerte de Chávez la tarde del 6 de marzo, Human Rights Watch criticó el asalto de Chávez a la independencia judicial, que afecta gravemente la capacidad del sistema judicial para procesar los casos con imparcialidad y eficacia. Algunas reformas judiciales propuestas por el gobierno sólo hicieron al sistema judicial aún más vulnerable a los abusos.
Tampoco logró la presidencia de 14 años de Chávez un replanteamiento del sistema penitenciario de Venezuela, el cual sigue siendo uno de los más violentos y sobrepoblados del mundo.
Venezuela enfrenta algunas incertidumbres significativas por delante. Quizás uno de los legados más condenatorios del régimen de Chávez fue la creación de una cultura política en la que la lealtad se valora más que la competencia; y en la que las mismas fuerzas encargadas de velar por la seguridad ciudadana se vieron envueltas en batallas políticas más amplias, comprometiendo su capacidad para hacer su trabajo con eficacia. Con elecciones pendientes 30 días después de la muerte de Chávez, las perspectivas de la mejora de la seguridad en el futuro cercano son desalentadoras.
"Sin iniciativas políticas serias o alternativas, es difícil ver la situación de seguridad mejorar en el corto o mediano plazo", dijo a InSight Crime el experto en Venezuela y profesor de la Universidad de Nueva York (New York University), Alejandro Velasco. "En términos de soluciones viables y duraderas, hay poco en el horizonte".
El presidente interino, Maduro, es considerado actualmente como el más probable sucesor de Chávez, aunque existe preocupación sobre su capacidad de cumplir en asuntos como la delincuencia. David Smilde, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, dijo a InSight Crime que no estaba claro si Maduro tenía una comprensión real, o compromiso, con la reforma a la seguridad ciudadana. "Ha sido ministro de relaciones exteriores durante seis años y no tiene una amplia experiencia en los asuntos domésticos. Fue difícil de convencer a Chávez, pero algunos observadores clave fueron capaces de convencerlo de la importancia de la reforma policial y el control de armas. No está claro si van a tener que empezar de cero con Maduro."
Mientras tanto, el país sigue siendo azotado por una amarga división política, que probablemente se hará más aguda a medida que se acerque la jornada electoral. El escenario más probable es que el número de homicidios y la actividad criminal sigan aumentando. El crimen ama el caos político.
No hay comentarios:
Publicar un comentario