Red de observadores venezolanos niega aval a las elecciones.
La modalidad facilita la coacción de electores, advierten opositores y ONG. Un
caso extremo fue denunciado en Mara, Zulia
“¿Te acompaño?”, le preguntó un
hombre con camisa roja en la entrada del salón de clases donde se encontraba su
mesa de votación. Contestó con una frase corta: “No hace falta”. Siguió su
camino para sufragar: entregó la cédula, comprobaron su huella, le desbloquearon
la máquina y, cuando se encontraba detrás de la mampara para oprimir la opción
de su preferencia, el mismo hombre le insistió: “¿Puedo pasar?”. La segunda
respuesta negativa trajo consigo una recriminación y una amenaza: “¿No te da
pena estar con los escuálidos? Vos te lo pierdes”. El acoso no le impidió votar
por Henrique Capriles Radonski, candidato de la MUD.
La escena ocurrió en el municipio
Mara, estado Zulia, y no siempre tuvo un final como ese. En esa jurisdicción,
donde votan más de 120.000 personas, se puso en marcha el domingo 14 de abril
una operación de coacción de electores para obligarlos a votar con
acompañamiento de activistas del PSUV que respaldaban al candidato del Gobierno,
Nicolás Maduro. Así se desprende de testimonios recabados y del análisis de las
denuncias recibidas por el Comando Simón Bolívar y por nueve organizaciones no
gubernamentales que monitorearon el proceso.
Los casos involucran por lo menos 10 centros de votación de Mara y afectaron
en su mayoría a trabajadores dependientes de la Gobernación del Zulia y de la
municipalidad. Los informantes atribuyen al alcalde Luis Caldera, dirigente del
PSUV, la responsabilidad de encabezar la maniobra.
La jurisdicción puede ser tomada
como uno de los casos extremos de lo que los opositores señalan como un modus
operandi que se aplicó en todo el país: Capriles Radonski ha afirmado que su
comando registró denuncias sobre irregularidades con el voto asistido en 564
centros de votación con un padrón de 1,4 millones de votantes. El Nacional
consolidó en una base de datos los reportes de Súmate, la Red Elección Ciudadana
–que agrupa a Venezuela Inteligente, Transparencia Venezuela, Espacio Público,
Visión Democrática, Voto Joven, Monitoreo Ciudadano e Ipys Venezuela– y la Red
de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, organización acreditada
por el CNE. Se concluyó que esas ONG recibieron denuncias sobre acompañamiento
indebido a votantes en 16 estados: fueron afectados 143 colegios electorales que
agrupan a más de 350.000 sufragantes.
El margen de 1,59% de diferencia
entre Maduro y Capriles convierte los casos irregulares de voto asistido en un
factor que pudo influir en el resultado de la elección. Así lo consideran los
miembros de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, que
dieron fe de resultados previos, como los de las presidenciales del 7 de octubre
que ganó Hugo Chávez. “En ese caso el porcentaje de voto asistido no tuvo
incidencia, pero ahora las anomalías se repiten y el resultado es de dos puntos
o menos, lo que no nos permite avalar los comicios”, dice Carenne Gudeña,
asesora estadística de la organización. El caso de Mara puede ilustrar cómo
ocurre la intimidación.
Plan detallado. El voto asistido es tan común en Mara que los vecinos le llaman “voto abierto”. Se ha practicado desde 2004 y las movilizaciones para garantizarlo se organizan con antelación, según los denunciantes. Así ocurrió esta vez: 10 días antes de las elecciones presidenciales, los directores de instituciones educativas se convirtieron en emisarios de una convocatoria para una reunión con los maestros contratados y con los obreros del sector educativo y sanitario, en el teatro Castor Emilio Almarza de Mara, cerca de la plaza Bolívar. “Dijeron que era para tratar asuntos de interés”, confirma Barnard Herrera, director de las escuelas Arcángel San Miguel y Manuelote.
Plan detallado. El voto asistido es tan común en Mara que los vecinos le llaman “voto abierto”. Se ha practicado desde 2004 y las movilizaciones para garantizarlo se organizan con antelación, según los denunciantes. Así ocurrió esta vez: 10 días antes de las elecciones presidenciales, los directores de instituciones educativas se convirtieron en emisarios de una convocatoria para una reunión con los maestros contratados y con los obreros del sector educativo y sanitario, en el teatro Castor Emilio Almarza de Mara, cerca de la plaza Bolívar. “Dijeron que era para tratar asuntos de interés”, confirma Barnard Herrera, director de las escuelas Arcángel San Miguel y Manuelote.
Dos personas que acudieron a la
cita señalan que el alcalde no asistió, aunque en la convocatoria se decía que
iría. Representantes del Proyecto Educativo Integral de Mara y de la Dirección
de Enlace Comunitario hablaron frente a más de 100 personas. “Nos dijeron que
estábamos con ellos o nos botaban”, recuerda una fuente que estuvo en el grupo y
que pidió reservar su nombre por temor a represalias. Otro asistente lo
confirmó: “Nos dijeron que si no votábamos abierto nos quedábamos sin trabajo”.
Los convocados eran vulnerables. “Los llamaron porque pueden presionarlos con no
renovarles los contratos, que vencen en junio”, explica Herrera.
Hay coincidencias con lo que pasó
después: a los asistentes les dieron una planilla de 1x10 del PSUV para que se
comprometieran a llevar a otro grupo de electores a votar por Maduro y les
indicaron el nombre del acompañante con el que debían pasar a sufragar. La
situación se repitió con otros funcionarios del municipio, señala Nikarely
Maparí, ex diputada indígena del Consejo Legislativo de Zulia: “La mayoría de
los trabajadores depende del sector oficial y de las misiones que maneja la
alcaldía”. El cambio de gobierno regional de manos de la oposición al partido
oficial amplió el espectro de ciudadanos susceptibles de ser presionados por los
jefes.
Marcaje. En la entrada de la escuela Monseñor Álvarez se apostó un funcionario con la nómina de obreros y educadores a los que debía acompañar. Docentes recuerdan que antes de la elección recibieron visitas y llamadas de autoridades del municipio, que querían certificar si votarían de manera asistida. “No quería ir a votar, pero me llamaron al mediodía para decirme que me estaban esperando. El que fue conmigo apretó la foto de Maduro, ni siquiera lo hice yo”, indica con indignación uno de los denunciantes.
Marcaje. En la entrada de la escuela Monseñor Álvarez se apostó un funcionario con la nómina de obreros y educadores a los que debía acompañar. Docentes recuerdan que antes de la elección recibieron visitas y llamadas de autoridades del municipio, que querían certificar si votarían de manera asistida. “No quería ir a votar, pero me llamaron al mediodía para decirme que me estaban esperando. El que fue conmigo apretó la foto de Maduro, ni siquiera lo hice yo”, indica con indignación uno de los denunciantes.
Iraida Villasmil, diputada del
Consejo Legislativo, afirma que fue este año cuando finalmente la oposición
descifró el esquema de coacción a los votantes. Por ello enviaron a
parlamentarios regionales –que tienen inmunidad– a observar el proceso. Ella
tuvo a su cargo la coordinación de cinco centros. “Muchos votantes sin
discapacidad llegaban y preguntaban por el testigo del PSUV para que los
acompañara. El voto asistido en Mara es un instrumento para coartar la
libertad”, afirma Villasmil.
Funcionarios del CNE y del Plan
República sacaron a Villasmil de los colegios electorales por reclamar cuando
los votos asistidos no eran asentados en un acta. “Hacia el mediodía lo frenaron
un poco porque salió el video”, recuerda. Se refiere a las imágenes que mostró
Carlos Ocariz, director del Comando Simón Bolívar, el día de las elecciones.
Hubo dos detenidos que hicieron grabaciones para probar los incidentes.
Maparí relata que los funcionarios que votaron en la escuela Teniente Pedro Camejo iban siempre acompañados: “Un militar del Plan República me apuntó con un FAL en el abdomen porque estábamos reclamando que el voto fuese secreto”. Maduro obtuvo aproximadamente 70% de los votos en Mara, pero muchos se preguntan si el resultado hubiera sido otro sin las presiones.
Con información de David González y Cristina González
El dato
El artículo 217 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que se puede declarar la nulidad de un proceso electoral en una mesa determinada, si se ha ejercido coacción contra los electores de manera que se les hubiera obligado a abstenerse de votar o sufragar en contra de su voluntad.
Rechaza acusaciones
El alcalde del municipio Mara, Luis Caldera, niega ser parte de un plan orquestado para implantar el voto asistido como método de presión a los empleados públicos. Señala que el PSUV en la región no recurre a esas tácticas porque históricamente ha resultado ganador en los comicios.
Maparí relata que los funcionarios que votaron en la escuela Teniente Pedro Camejo iban siempre acompañados: “Un militar del Plan República me apuntó con un FAL en el abdomen porque estábamos reclamando que el voto fuese secreto”. Maduro obtuvo aproximadamente 70% de los votos en Mara, pero muchos se preguntan si el resultado hubiera sido otro sin las presiones.
Con información de David González y Cristina González
El dato
El artículo 217 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que se puede declarar la nulidad de un proceso electoral en una mesa determinada, si se ha ejercido coacción contra los electores de manera que se les hubiera obligado a abstenerse de votar o sufragar en contra de su voluntad.
Rechaza acusaciones
El alcalde del municipio Mara, Luis Caldera, niega ser parte de un plan orquestado para implantar el voto asistido como método de presión a los empleados públicos. Señala que el PSUV en la región no recurre a esas tácticas porque históricamente ha resultado ganador en los comicios.
“A quienes denuncian eso los
exhorto a que revisen los resultados electorales en la página web del CNE.
Chávez siempre ganó por margen amplio, aun cuando la alcaldía estaba en manos de
otros partidos. Igual pasó con Nicolás Maduro”, señala. Asegura que no ejerce
presión sobre los 891 trabajadores de su despacho.
Sobre los videos que muestran el voto asistido a electores sin discapacidad
evidente en su localidad, Caldera señala que las grabaciones violan el derecho
de esos ciudadanos a solicitar ser acompañados. “La discapacidad tiene muchas
manifestaciones, puede ser motora, mental, visual. También hay que tomar en
cuenta la edad del ciudadano”, alega.El Nacional
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