El comunicado del Programa Venezolano
de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en el que se pone en
duda la versión de las autoridades sobre los ataques a distintas
instalaciones sanitarias y de expendio de alimentos públicos, que
supuestamente habrían ocurrido durante las manifestaciones convocadas
por la oposición para exigir el recuento del 100% de los votos de la
elección presidencial, sigue generando malestar en el Estado.
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
Ayer la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, se sumó a las críticas que el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, lanzó en contra de la organización, a la cual exigió "no convertirse en actor político".
"Afirmar que un Estado miente me parece tan delicado y que nosotros tengamos que salir a mostrar fotos", se quejó la funcionaria, quien a diferencia de su comparecencia del pasado martes en esta ocasión sí mostró imágenes de los daños y destrozos que grupos habrían ocasionado a varios centros de diagnóstico integral, sedes de Mercal y Pdval y del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Ramírez aseguró que tenía la evidencias desde el primer momento, pero que no las difundió porque las estaba recopilando para un informe.
Sin embargo, cuando se le consultó si las primeras informaciones de los supuestos incidentes no se habrían magnificado, visto que en los últimos días distintos medios han comprobado que muchas de las instalaciones reportadas como dañadas están funcionando, la funcionaria lo negó de plano.
"Habrán lugares como el caso de (el CDI de) Palo Verde donde no se evidencia visiblemente la agresión, pero la hubo", replicó, al tiempo que agregó: "Eso no podemos dejarlo allí por seis meses para que la gente se convenza, hay que repararlo inmediatamente".
El Universal ha visitado algunos de los locales presuntamente dañados tanto por ella como por otros funcionarios y no ha hallado desperfectos.
Como en su primera intervención, la Defensora responsabilizó al candidato presidencial opositor Henrique Capriles de los hechos y dejó entrever que debería ser sancionado por violar tratados internacionales de Derechos Humanos.
"La última palabra la tiene el juez, pero sí quiero poner en el balance que eso viola toda convención internacional de DDHH: Atentar con un centro de salud", señaló.
Sin rastro de discriminación
Consultada sobre las denuncias de amenazas contra trabajadores de la Gobernación del Zulia y beneficiarios de las misiones en Vargas por supuestamente haber votado por Capriles y después por protestar, la Defensora dijo no tener ninguna constancia de las mismas.
"Si fuera una práctica del Gobierno bolivariano sacar a los contrarios (de la Administración Pública), no debería quedar ningún contrario en las instituciones. Me parece un supuesto negado", respondió Ramírez, quien recordó a las personas que se sientan afectadas que en la actualidad en el país hay "estabilidad laboral" y que pueden acudir a las Inspectorías del Trabajo.
La funcionaria obvió que en 2005 el presidente Hugo Chávez admitió el uso de la lista Tascón para despedir a funcionarios y excluir a empresarios de contrataciones con el Estado; pero ordenó enterrarla. "Si votas por Frijolito no me importa (...) después de las elecciones seguimos trabajando", afirmó el mandatario.
Ayer la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, se sumó a las críticas que el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, lanzó en contra de la organización, a la cual exigió "no convertirse en actor político".
"Afirmar que un Estado miente me parece tan delicado y que nosotros tengamos que salir a mostrar fotos", se quejó la funcionaria, quien a diferencia de su comparecencia del pasado martes en esta ocasión sí mostró imágenes de los daños y destrozos que grupos habrían ocasionado a varios centros de diagnóstico integral, sedes de Mercal y Pdval y del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Ramírez aseguró que tenía la evidencias desde el primer momento, pero que no las difundió porque las estaba recopilando para un informe.
Sin embargo, cuando se le consultó si las primeras informaciones de los supuestos incidentes no se habrían magnificado, visto que en los últimos días distintos medios han comprobado que muchas de las instalaciones reportadas como dañadas están funcionando, la funcionaria lo negó de plano.
"Habrán lugares como el caso de (el CDI de) Palo Verde donde no se evidencia visiblemente la agresión, pero la hubo", replicó, al tiempo que agregó: "Eso no podemos dejarlo allí por seis meses para que la gente se convenza, hay que repararlo inmediatamente".
El Universal ha visitado algunos de los locales presuntamente dañados tanto por ella como por otros funcionarios y no ha hallado desperfectos.
Como en su primera intervención, la Defensora responsabilizó al candidato presidencial opositor Henrique Capriles de los hechos y dejó entrever que debería ser sancionado por violar tratados internacionales de Derechos Humanos.
"La última palabra la tiene el juez, pero sí quiero poner en el balance que eso viola toda convención internacional de DDHH: Atentar con un centro de salud", señaló.
Sin rastro de discriminación
Consultada sobre las denuncias de amenazas contra trabajadores de la Gobernación del Zulia y beneficiarios de las misiones en Vargas por supuestamente haber votado por Capriles y después por protestar, la Defensora dijo no tener ninguna constancia de las mismas.
"Si fuera una práctica del Gobierno bolivariano sacar a los contrarios (de la Administración Pública), no debería quedar ningún contrario en las instituciones. Me parece un supuesto negado", respondió Ramírez, quien recordó a las personas que se sientan afectadas que en la actualidad en el país hay "estabilidad laboral" y que pueden acudir a las Inspectorías del Trabajo.
La funcionaria obvió que en 2005 el presidente Hugo Chávez admitió el uso de la lista Tascón para despedir a funcionarios y excluir a empresarios de contrataciones con el Estado; pero ordenó enterrarla. "Si votas por Frijolito no me importa (...) después de las elecciones seguimos trabajando", afirmó el mandatario.
EL NACIONAL Ninguno de los empleados públicos que ha utilizado los
canales de comunicación dispuestos por la Mesa de la Unidad Democrática
para informar de las amenazas y despidos laborales de los que aseguran
haber sido objeto se ha animado a presentar la denunciar ante la
Defensoría del Pueblo.
Lo anterior se desprende de las declaraciones ofrecidas ayer por la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. "No reposa en la Defensoría del Pueblo ninguna denuncia de acoso laboral", dijo.
La funcionaria puso en duda que tales hechos estén ocurriendo. "Si fuera una práctica reiterada que el Gobierno saque a quienes le son contrarios no debería quedar ninguno.
Me parece un supuesto negado por la lógica", afirmó.
Ataque a Provea. Con respecto al informe de Provea en el que se indica que los CDI no fueron objeto de ataques como informaron funcionarios del Estado, Ramírez aseveró que la organización de defensa de los derechos humanos actúa con fines proselitistas y partidistas.
La funcionaria mostró fotos de varios CDI y mercales con vidrios rotos y paredes rayadas.
Cuando un periodista le indicó que había ido a dos de los centros que ella incluyó en la lista de sedes atacadas y que lo había hallado en buen estado, respondió: "Habrá lugares en los que no se evidencia una agresión, pero la hubo". Aseguró que el CDI de Barinas fue destruido en 90%, pero ya lo reconstruyeron.
Lo anterior se desprende de las declaraciones ofrecidas ayer por la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez. "No reposa en la Defensoría del Pueblo ninguna denuncia de acoso laboral", dijo.
La funcionaria puso en duda que tales hechos estén ocurriendo. "Si fuera una práctica reiterada que el Gobierno saque a quienes le son contrarios no debería quedar ninguno.
Me parece un supuesto negado por la lógica", afirmó.
Ataque a Provea. Con respecto al informe de Provea en el que se indica que los CDI no fueron objeto de ataques como informaron funcionarios del Estado, Ramírez aseveró que la organización de defensa de los derechos humanos actúa con fines proselitistas y partidistas.
La funcionaria mostró fotos de varios CDI y mercales con vidrios rotos y paredes rayadas.
Cuando un periodista le indicó que había ido a dos de los centros que ella incluyó en la lista de sedes atacadas y que lo había hallado en buen estado, respondió: "Habrá lugares en los que no se evidencia una agresión, pero la hubo". Aseguró que el CDI de Barinas fue destruido en 90%, pero ya lo reconstruyeron.
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