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UNIVERSITARIOS POR LA DESCENTRALIZACION

La reforma por la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Descentralizació n, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público para revertir el proceso de descentralizació n iniciado en 1989, representa una de las violaciones más escandalosas del ordenamiento constitucional desde que en 1957 el gobierno de Pérez Jiménez decidió montar la farsa del Plebiscito.
No hay ninguna Constitución del mundo que contenga tantas declaraciones a favor del federalismo y la descentralizació n, pero en ninguna parte hay tanta distancia entre la norma y la realidad. La atribución a los Estados de la competencia exclusiva sobre la administració n y aprovechamiento de los puertos y aeropuertos, lógica en un “Estado federal descentralizado”, impide que por ley el régimen pueda retomar esos ámbitos competenciales. Para hacerlo era necesario modificar la Constitución, y por ello el gobierno planteó al país un sistema centralista, que fue derrotado por el pueblo en el referendo del 2-D.
La toma de los puertos y aeropuertos por la fuerza en los Estados con Gobernadores que disienten del centralismo y del personalismo que busca imponer el gobierno nacional, con fundamento en una ley inconstitucional, plantea sólo problemas de orden jurídico. Es obvio, y ya se está viendo en casos como el de la salud, que la centralizació n de los servicios públicos en manos del Poder Nacional genera ineficiencia en la prestación y crea las condiciones para la corrupción administrativa, toda vez que se impide que las decisiones se tomen al nivel en que surgen los problemas, se descarta la participación de los ciudadanos, se sofoca el desarrollo de la sociedad civil, se lesiona la democracia y se enervan los mecanismos de control social.

Sabemos de antemano que las instancias nacionales no tomarán en cuenta ninguna petición de restablecer la vigencia de la Constitución, pero nuestra responsabilidad como universitarios nos impone denunciar ante la opinión pública, ante la juventud que hoy se dispone a asumir el relevo generacional y ante el concierto de las Naciones del mundo, que en Venezuela está siendo vulnerado el Estado de Derecho, lo cual no cuenta con la anuencia del sector mayoritario de los universitarios del país.