L a decisión gubernamental de considerar como gasto suntuario el acceso a Internet en la administració n pública, a través de la aplicación del decreto 6.649, que busca reducir gastos no prioritarios en las dependencias del Estado, ha puesto a las universidades nacionales en suspenso.
Y es que la ejecución de dicha norma, que además vulnera el decreto 825, dictado en el año 2000 y que obligaba al Estado a promover e impulsar la masificación de Internet en el país, tendrá una repercusión de grandes niveles en las universidades nacionales, pues les prohíbe la contratación de más ancho de banda para sus saturadas conexiones a Internet, así como la conectividad entre dependencias, les limita la posibilidad de contratar acceso a información académica y especializada internacionalmente (revistas, escritos, proyectos, etc) y, por si fuera poco, les prohíbe la adquisición de plataformas y equipos tecnológicos para el de sarrollo de la sociedad del conocimiento, tanto a los estudiantes como a profesores.
Así como los sectores de la economía nacional han visto afectadas sus áreas de acción en los últimos meses, tanto públicos como privados, las universidades, que son el centro académico, de formación y de investigación de la nación, han sido realmente afectadas por las decisiones del Gobierno, pues a la imposición del recorte en la compra de tecnologías, se une la reducción del 6% en los presupuestos de funcionamiento, lo que se traducirá, en los próximos meses, en grandes problemas para estudiantes y la proyección académica y profesional del país, que son al final los grandes perjudicados.
Todas las universidades, sin excepción, han iniciado un proceso de recortes en el tema tecnológico y de investigación, pues el área de publicaciones y viajes a eventos internacionales, así como la posibilidad de postgrados en el exterior, entre otros, han comenzado a paralizarse. En la Universidad de Los Andes, el recorte ya comenzó y las asignaciones para investigación tecnológica, la ampliación en el uso del Internet y en general el presupuesto elaborado para mejorar sus plataformas tecnológicas, contratar servicios y adquisición de equipamiento, ha sido paralizado, pues, lamentablemente, deben ceñirse a la disposición gubernamental y cumplir con el ejecútese de la orden, aun sin estar de acuerdo.
BUSCANDO OXÍGENO
El rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, en carta enviada a los miembros de la comunidad universitaria y que fue extensiva al Ministerio de Educación Superior, Luis Acuña, planteó al Gobierno que el uso de Internet, la adquisición de equipos, de plataformas tecnológicas, y las publicaciones son esenciales a la academia, y que ello no podría considerarse un gasto suntuario.
En esa línea, pidió al Gobierno Nacional el alcance real del decreto 6.649 y el cómo afectará a las universidades, pues existe un vacío informativo en el mismo, que ha llevado a los entes encargados de las tecnologías en las instituciones universitarias a paralizar cualquier tipo de adquisición o ampliación tecnológica.
Voceros universitarios y profesores de la UCV, entre otros, destacaron que las limitaciones han llegado a los fondos solicitados para aumentos de ancho de banda, pues la capacidad en las instituciones se ha quedado corta y la conectividad de núcleos, dependencias y el sector académico están en el limbo.
Para esta semana, las universidades preparan la campaña «Por un Internet Necesario». a fin de explicar al país la importancia del uso de Internet.
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