Valencia, mayo 13 (REDACTA).- La propiedad privada es sagrada. En eso coinciden todos los ciudadanos encuestados sobre el tema, pero, cuando se les pregunta si conocen las leyes que se "cocinan" en la Asamblea Nacional y que golpean este derecho sin hacer distinciones, ocurre otra coincidencia: casi nadie tiene idea de lo que allí está pasando.
"Existe mucha apatía entre los vecinos. Yo creo que lamentablemente se está dejando que los demás hagan, porque de repente la gente piensa que igual él (Hugo Chávez, presidente de la República) va a tener la razón. Es mentira que ahora el pueblo tiene el poder. Si tú opinas diferente a ellos (los afectos al Gobierno), tú no tienes poder, a ti no te dan la oportunidad de decir lo que sientes ni se toma en cuenta tu opinión, aunque sea buena. Eso es lo que está pasando", refiere Maritza de Figuera, representante vecinal del sector 6 sur de la urbanización Ricardo Urriera, la más grande de la parroquia Miguel Peña, en Valencia.
"A mí me pasa como a la mayoría de los venezolanos, porque a través de la prensa es que uno se entera medianamente. Esto nos tiene muy preocupados, porque no sé qué irá a pasar con nosotros, los pequeños comerciantes", dice Pedro Chacón, propietario desde hace 25 años de una pequeña bodega en el mismo sector.
En cualquier momento, la AN sancionará dos textos legales: la Ley de Propiedad Social, que privilegia ese tipo de posesión sobre la propiedad privada, y la reforma de la Ley Especial para la Regularizació n Integral y Ordenamiento de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, aprobada en primera discusión el 2 de abril de este año. Ambas reproducen el texto que modificaba la Constitución Nacional y que rechazaron los electores en el referendo del 2 de diciembre de 2007, en el cual se instituían nuevos modelos de producción (con visión socialista) y se relegaba la propiedad privada a un segundo plano.
El anteproyecto de Ley de Propiedad Social gira en torno a la "economía socialista", sistema en el que debe prevalecer "el interés por la satisfacción de las necesidades sociales y materiales de la colectividad antes que la reproducción de capital", mientras que con la Ley de Asentamientos Urbanos Populares se refuerzan las competencias de los Comités de Tierras Urbanas (CTU) ya definidas en la ley vigente desde 2006, entre las cuales están registrar las viviendas de la comunidad y estimular la creación de ciudades comunales.
"Esas leyes se están haciendo de espaldas al pueblo", asevera Omar Martínez, un vecino del lugar.
"Lo que es de uno, es de uno"
Los entrevistados están convencidos de que tener algo propio es un derecho, y más si eso se logra con mucho esfuerzo. Los hijos casi siempre constituyen la razón para trabajar en esos proyectos de vida. "Mis padres fueron personas muy trabajadoras, luchadoras, dejaron varias casas y mis hermanos y yo las heredamos. Los venezolanos estamos acostumbrados a tener nuestras cosas, a disfrutar lo que tenemos, sea un vehículo o una casa. Si estas leyes se aprueban nos veríamos muy perjudicados", expresó Chacón, quien al hablar sobre su pequeño negocio confiesa que para él "ha significado todo, parte de mi vida, una lucha de 16 a 18 horas diarias de trabajo durante los 365 días del año".
"Para mí, la propiedad privada es algo que he obtenido y me pertenece, porque me costó mi sudor y mi dinero", responde Rosa Elena Oviedo.
"Es una herencia que uno les deja a sus hijos. Uno no debe permitir que eso pase a las manos del Gobierno", añade Gladys Agüero.
En el artículo 10 de la Ley de Asentamientos Urbanos Populares, que, como su nombre lo indica, afecta a los barrios y urbanizaciones de clases sociales bajas, se señala que "toda persona tendrá derecho a la protección de su hogar, el de su familia, declarándolo como vivienda principal ante los órganos del poder popular: Comité de Tierras Urbanas o Consejo Comunal; en consecuencia, contra él no podrán acordarse ni ejecutarse medidas preventivas o ejecutivas de carácter judicial atendiendo principalmente a los mandatos establecidos en la presente ley especial".
Para Martínez, la inscripción de su propiedad ante un CTU -definido en el proyecto de ley como una "organización comunal, social y política"- es "un absurdo", porque "se supone que yo ya la registré (ante un Registro Principal), entonces no tengo por qué registrarla en otro lado".
"Creo que se le está dando demasiado poder a la gente de los consejos comunales", asegura la señora Figuera.
La AN aprobó en primera discusión el pasado martes la reforma a la Ley de Consejos Comunales. Representantes de partidos de oposición y ONG que promueven los valores democráticos consideran que ésta es una vía para fortalecer a esas organizaciones y comenzar a construir las comunas socialistas.
"Yo no registraría mi vivienda principal ante esos comités. Se quedaría como está. Yo veré a quién se lo quiero dejar cuando muera. Lo que es de uno, es de uno", espeta Oviedo.
"No quieren pelear"
El dirigente vecinal del sector 6 sur de Ricardo Urriera, Engelbert Rubio, trata de explicar el motivo de la apatía de la gente frente a los cambios que introduce el Gobierno: "La gente no participa porque no lo ve como una prioridad, pero también por la división que ha generado la gente del Gobierno en las comunidades. Entonces nadie se involucra en el trabajo social, porque una tendencia pelea con la otra y la gente dice que no quiere pelear".Rubio, quien la semana pasada se unió al Comité para la Defensa de la Propiedad en el estado Carabobo, iniciativa creada por las ONG Liderazgo y Visión y el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, adelanta que en los próximos días comenzará el adiestramiento a las comunidades sobre los riesgos que representan estos proyectos de ley. "Mucha gente piensa que lo que tú tienes lo lograste con esfuerzo y trabajo, por eso va a negar estas leyes, como ocurrió con la reforma".
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