A raíz de la presencia en Santa Cruz de una presunta “célula terrorista”, desmantelada por el gobierno boliviano de manera irregular y bastante sospechosa, Evo Morales está aprovechando para iniciar una feroz cacería de brujas contra los líderes cruceños.
El gobierno recurre todo tipo de artimañas, e incluso a testigos falsos con amplio prontuario policial, para incriminar a empresarios, líderes políticos, dirigentes cívicos y activistas de derechos humanos, en una presunta "conspiración internacional" para escindir el departamento del territorio boliviano.
Previamente, se enviaron contingentes militares a Santa Cruz, tal como se hizo en septiembre del año pasado en la provincia de Pando, donde el oficialismo depuso ilegalmente a las autoridades departamentales y llevó a la cárcel injustamente al prefecto Leopoldo Fernández.
Pero mientras el miedo cunde en la población cruceña y los dirigentes se ven obligados a invertir su tiempo en defenderse de las falsas acusaciones, Evo Morales ejecuta un golpe de Estado. El golpe consiste en:
Primero, descabezar a la Corte Suprema de Justicia, comenzando con su presidente, el magistrado Eddy Fernández;
Segundo, aprovechar la renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral , José Luis Exeni, para tomar el control absoluto del sistema electoral boliviano;
Tercero, desconocer los referendos autonómicos realizados el año pasado, argumentando que autonomía equivale a secesión;
Cuarto, convocar a un “pacto antiterrorista” entre las Fuerzas Armadas, las policías y los factores oficialistas, para forzar a las instituciones nacionales a alinearse con Evo Morales frente a la presunta “conspiración terrorista” de la oposición; y
Evo Morales está ejecutando un golpe de Estado
Por: Alejandro Peña Esclusa
Quinto, eliminar la propiedad privada, mediante un decreto que permitiría incautar los bienes de los supuestos “terroristas“ y “secesionistas”; es decir, de todos los opositores.
El objetivo de Evo Morales es instaurar una dictadura, antes de que salga a la luz su responsabilidad en la masacre de Pando y antes de que los efectos de la crisis económica global debiliten aún más a su gobierno.
Esperamos que las instituciones nacionales -particularmente las Fuerzas Armadas- no se dejen chantajear por la propaganda del gobierno, y que obliguen a Morales a retroceder en sus pretensiones totalitarias.
En cuanto al desmantelamiento de la presunta “célula terrorista”, urge iniciar una investigación seria e imparcial, dejando a un lado el uso político que el gobierno pretende darle.
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