Retrocesos y retos en este 1° de mayo

Este 1° de mayo de 2009 encuentra a la clase trabajadora en una encrucijada: O sigue aceptando con pasividad el franco retroceso de sus reivindicaciones sindicales y laborales o emprende frontalmente unida el reto de exigir que se cumpla la Ley y se respeten sus derechos democráticos.
El balance de la década revela:
Mora legislativa: No se ha reformado la Ley Orgánica del Trabajo, no se ha legislado en materia de pensiones y del sistema de salud, ni se ha instrumentado el mandato constitucional sobre el área de seguridad social, e incluso se pretende abolir el derecho a huelga.
Violación a la legislación vigente: No se respeta el derecho de los trabajadores de participar en la toma de decisiones de las empresas estatizadas o nacionalizadas (artículos 610 al 623 de la Ley Orgánica del Trabajo). Se ignora la figura de los directores laborales, como representantes de los trabajadores en las empresas. Y, para ñapa, son desconocidos los resultados de las elecciones donde los trabajadores eligen estas figuras, cercenando en la práctica la libertad sindical y laboral.
El sesgo político y el incumplimiento de la LOPCIMAT, han hecho una parodia de la Seguridad e Higiene Industrial. Expresión de ello son los miles de accidentes de trabajo en empresas como PDVSA, que se enorgullecía de tener millones de horas/hombre sin accidentes.
Inseguridad Jurídica e irrespeto al Estado de Derecho: El Gobierno como patrono desacata sentencias de reenganche ante despidos ilegales, viola disposiciones administrativas de inspectorías del trabajo y desconoce flagrantemente cláusulas contractuales de muchos de los contratos colectivos del sector público. Se persigue judicial y laboralmente a los trabajadores, entre ellos, más de 20.000 profesionales de PDVSA y se aplica un apartheid laboral a través de las listas Tascón y Maisanta a los trabajadores del Estado.
Precarización de las condiciones de trabajo en las cooperativas y empresas de producción social, donde se aparta al trabajador de su estabilidad laboral, de sus prestaciones sociales, de sus sindicatos y de sus contratos colectivos. Crecimiento del sector informal de la economía, el cual ahora asciende a 52% de la población empleada.
Debilitamiento del fuero sindical y creación de sindicatos oficialistas. Se desconoce a las representaciones sindicales legítimamente constituidas. Se cercena el derecho a la contratación colectiva de miles de trabajadores. Las inspectorías del Ministerio del trabajo montan expedientes y fabrican decisiones en contra de los trabajadores y sus dirigentes, mientras el CNE ilegaliza a la dirigencia sindical al impedirles realizar elecciones que legitimen a sus gremios.
Y para colmo, se irrespeta el derecho a la vida, al permitir impunemente el surgimiento del sicariato sindical como práctica sistemática, mediante la cual se han asesinado cientos de trabajadores en los sectores de la construcción y del petróleo, sin una acción contundente por parte de los órganos competentes.
El reto hoy de los trabajadores y sus sindicatos es trabajar unidos por el rescate de sus libertades y derechos, lo cuales sólo son garantizados en un sistema democrático. La alternativa de no hacerlo es convertirse en lacayos del régimen comunista, que busca imponer Chávez.