SALUD HERNÁNDEZ-MORA desde Maicaco (Colombia)
13 de octubre de 2008.- Llegaron a la comunidad La Cruz armados de chirrinchi -bebida casera- y cabra, la comida local para las grandes ocasiones. Entregaron un fajo de billetes bajo la mesa a la autoridad local y los indios, felices por la fiesta que les montaron, firmaron la autorización para que metieran el tubo por sus tierras.
En Guaitapá, a unas dos horas de distancia, los ingenieros de PDVSA utilizaron otra estrategia. Compraron a los guardeses de la finca, les dejaron traer otras familias y regalaron diez casitas de barro, palos y zinc para que se instalaran. Abrieron zanjas y pasaron el gasoducto y cuando Francia Boscán se enteró del atropello en las tierras de sus ancestros, presentó a los ingenieros los papeles que la acreditaban como dueña de la franja de dos kilómetros que habían usurpado. La callaron con un cheque de cinco millones de pesos (2000 euros) alegando que era lo máximo que le podían dar. Pero por menos longitud, a los wayuus de Rancho Luna les dieron 55 millones (21.000 euros), y a los Ríos, otro caserío, más de cien (39.000 euros). "No solo me engañaron y no me pidieron permiso, sino que me dejaron un problema", comenta rodeada de gallinas la anciana wayúu, de mirada retadora, en su ranchería (casa tradicional wayúu, comunidad indígena guajira) cercana a Maicao, al norte de Colombia, en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.
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