A la respuesta ciudadana
El miedo del Gobierno
Y a no le basta al Gobierno con expulsar violentamente al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma elegido por el voto popular de los caraqueños de la sede principal de la alcaldía, y colocar en su lugar a una señora escogida a dedo por el mandatario nacional. Ahora Chávez utiliza a sus fuerzas represivas para perseguir y encarcelar a los trabajadores de esa institución que salieron a protestar porque el régimen no quiere respetar sus derechos.
Además, el Gobierno hizo preso, mediante una bufa operación comando, al prefecto de Caracas, Richard Blanco, que se encontraba despachando pacíficamente los asuntos de la ciudad en sus oficinas del este de la capital. Hasta allí llegaron los esbirros chavistas a detenerlo por estar acusado de haber agredido a un agente de la Policía Metropolitana, en la masiva manifestación del sábado en la avenida Libertador.
Los caraqueños, que conocen bien la trayectoria de Richard Blanco no sólo como prefecto de Caracas sino como luchador por las libertades civiles, saben muy bien que no es un malandro político como los que acostumbra mantener a sueldo la camarilla militar chavista para reprimir a la oposición. Al contrario, desde que ejerce el cargo, Blanco ha demostrado una gran paciencia y una inmensa capacidad de aguante para no caer en las diarias provocaciones que le monta el oficialismo.
En verdad, al prefecto de Caracas, Richard Blanco, no se le puede acusar de otra cosa que ser un funcionario cabal y dedicado a sus labores específicas, muy distinto a la malandrería política del chavismo, que sólo se ocupa de echarle mano a los dineros públicos y rápidamente meter esos billetes en sus bolsillos. De allí que lleven un tren de vida que no se corresponde con sus sueldos. De manera que temen el ejemplo de una administració n de la ciudad que sea pulcra, que no sea corrupta o ladrona y que se ocupe de los problemas reales de la ciudad.
Esto es muy importante que se sepa no sólo en el país sino en toda Latinoamérica. ¿Por qué, por ejemplo, colocan a dedo a la señora Farías en un cargo que es de elección popular? ¿A qué le quieren realmente poner la mano? La respuesta es muy sencilla: al dinero de la ciudad, a la nómina de los empleados y obreros para comprar votos con un salario o un sueldo, a los contratos de mantenimiento y suministros de los diversos entes municipales, por citar sólo tres suculentos objetivos de la rapacidad oficial.
¿En esto consiste la democracia socialista, participativa y revolucionaria? ¿En sacar de sus puestos a quienes fueron elegidos por el voto popular y luego dedicarse a saquear los dineros públicos, por encima de cualquier barrera ética? Como lo resumió el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, a su llegada de Argentina: "El Gobierno pretende silenciar las voces de la ciudadanía; lo que está ocurriendo ahora en Caracas y en el resto de Venezuela no es otra cosa que la puesta en escena del miedo del Gobierno ante la respuesta de los ciudadanos en la calle".
EL NACIONAL EL EDITORIAL
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