Expertos señalan que el estándar internacional dice que la libertad de expresión sólo se restringe si peligra la democracia (Marcel Cifuentes)
Rechazar el proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos y abandonar los intentos de establecer nuevos delitos de opinión son algunas de las peticiones que hicieron ayer siete organizaciones promotoras de la libertad de expresión a los parlamentarios de la Asamblea Nacional.
"Exigimos que la Asamblea Nacional rechace el mencionado anteproyecto y que ajuste todos los instrumentos legales a los estándares internacionales y se inhiba de establecer nuevos delitos de opinión e información que sólo se observan en sociedades autoritarias", expresa el documento suscrito por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Ininco, Expresión Libre y Espacio Público.
Recordaron que la jurisprudencia interamericana sostiene que la libertad de expresión es fundamental para mantener la democracia; y, por lo tanto, recomienda garantizar y promover este derecho en vez de regularlo, como solicitan la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la ministra de Comunicaciones, Blanca Eckhout, o el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello.
Las organizaciones expresaron especial preocupación por el hecho de que "cualquiera persona que se exprese por cualquier medio" será afectado por la norma, así como también por la ambigüedad con la que son definidos los "delitos mediáticos", que serán sancionados con entre dos y cuatro años de prisión.
"El texto es en sí un atropello a la libertad de expresión, que fortalece la autocensura, restringe el vigor del debate y aumenta la discrecionalidad del poder en contra de las personas y la sociedad venezolana", alertaron las asociaciones.
Debate abierto Las reacciones en torno al anteproyecto fueron bienvenidas por la titular del Ministerio Público, quien se pronunció a favor del debate. "Es necesario que todo el mundo opine para que haya un consenso y se logre establecer cómo se redireccionarán los medios y las personas ligadas a ellos", dijo en una rueda de prensa.
Ortega Díaz volvió a defender el proyecto y aseguró que no era ambiguo, ya que todas las leyes penales son claras al establecer las conductas que deben ser sancionadas.
De igual forma, insistió que la propuesta está sustentada en reglamentos como el Pacto de San José y recalcó que era necesario regular la libertad de expresión pues ni la Constitución ni los tratados internacionales contemplan sanciones sobre esta materia.
Carlos Correa, director de Espacio Público, explicó que la falta de castigos a las que aduce la fiscal se deben a que los estándares internacionales sólo admiten coartar la libertad de expresión cuando es imposible garantizar la institucionalidad democrática sin que el derecho sea regulado.
"La restricción siempre es excepcional, sólo se puede aplicar para garantizar la estabilidad democrática, pero sólo por esta razón y no por cualquier otra", indicó el investigador.
Si de regular la labor de los medios de comunicación se trata, Correa considera más apropiado legislar sobre el derecho a réplica y rectificación. "Eso es un mecanismo bastante expedito para que el debate sea democrático; no esta ley que es una regulación penal contra delitos de opinión", aseveró.
En este sentido, advirtió que uno de los problemas del proyecto de ley es que no aplica la doctrina de la "real malicia". "Con ella se establece que el acusado efectivamente y de manera deliberada quiso mentir para afectar a otro. Aquí no se valora si se tiene una intención deliberada, lo que se valora es la consecuencia de esa noticia", dijo.
El director de IPYS, Edwald Scharfenberg, coincidió con Correa en que es un despropósito tratar de normar la libre expresión. "Intentar regular este derecho revela un talante autocrático, casi paternalista, aseveró.
Para Scharfenberg el propio enunciado del documento es un error. "Lo que subyace detrás de la idea de 'delitos mediáticos' es que es posible cometer delitos mediante la opinión y la información, cosa falsa pues las ideas contrarias a la s corrientes mayoritarias son las ideas que alimentan el debate democrático y hacen que avance la sociedad", expresó.
EL UNIVERSAL
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