Las Empresas Públicas: ¿Un pasado hecho presente?

Angel Ruocco S

Miércoles, 19 de agosto de 2009


Desde hace ya un buen tiempo se viene discutiendo a través de distintos medios la situación que están atravesando las empresas públicas, con especial énfasis en las industrias básicas de Guayana y las pertenecientes al sector eléctrico.
Esta discusión nos hace venir a la memoria las graves situaciones que se generaron en décadas pasadas en este segmento institucional tan determinante para las finanzas públicas. En efecto, hoy día parece reproducirse el descalabro de las empresas públicas, tal como ocurrió en la década de los ochenta y que condujo a una oleada de privatizaciones de empresas de gran relevancia (CANTV, SIDOR y VIASA, entre otras) ante la imposibilidad de que las mismas pudieran salir a flote financieramente. Las políticas que se instrumentaron y el manejo que se hizo de las mismas, las terminaron haciendo inviables.

A titulo de ejemplo, valga mencionar algunas estadísticas reportadas por el Banco Central de Venezuela para un lapso muy importante de las finanzas empresariales públicas como lo fue el periodo 1976-1982, justo cuando acontecía en el país el deseo de construcción de la Gran Venezuela (con la ampliación sustantiva del aparato empresarial del Estado) y que terminó por conducirnos al recordado Viernes Negro de 1983. En efecto, las empresas públicas no petroleras (no financieras) arrojaron déficit en sus operaciones corrientes que oscilaron entre Bs. 116 millones (0,1% del PIB) y Bs. 8.148 millones (3,2% del PIB) (Bolívares de los viejos). Es precisamente dentro de este grupo de entes que se encontraban las empresas básicas de Guayana y las eléctricas, con una determinante contribución a los resultados financieros negativos registrados.

Ahora, como antes, se está viendo cómo la situación financiera de las empresas se desmejora. En la misma están influyendo determinantemente factores como el deterioro de los mercados de exportación en razón de la crisis mundial, los controles internos de precios de sus productos para atender políticas de Estado, la distracción de los verdaderos objetivos empresariales por atender fines sociales, la baja productividad, la aplicación de una política irracional de generación de puestos de trabajo (clientelismo político) y alta ineficiencia en el manejo gerencial de las mismas. Muchos de estos factores, si no todos, estuvieron también presentes en épocas anteriores; la única excepción, nada desestimable por cierto, la hace el sobreendeudamiento que adquirieron las empresas en el pasado, lo cual se le ha estado negado en los últimos diez años.

Sin disponer de estadísticas totalmente equiparables a las referidas anteriormente, las que se encuentran a la mano para los años mas recientes se refieren a la denominada “gestión financiera”. Salvando algunas discrepancias metodologicas que realmente no tienden a ser determinantes para cambiar el sentido de los resultados, e incluyéndose a las empresas petroleras, los resultados muestran un importantísimo deterioro de la gestión financiera de las empresas publicas no financieras. En efecto, se observa un déficit en el sector público (excluido el Gobierno Central e incluido el IVSS y Fogade) del orden de BsF 10.000 millones (1,5% del PIB) para el ultimo ejercicio financiero anual (2008), habiendo sido sensiblemente mayor en el año 2007, ya que se registró un déficit de BsF. 28.777 millones (5,8% del PIB). Este deterioro no parece tener precedente en la historia contemporánea del país.

De manera particular, en el caso de las empresas de Guayana, los conflictos generados a raíz del incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores, bajo una situación delicada financieramente para las empresas, se constituye en una fuerte campanada de los conflictos que subyacen en las mismas y que pudieran plantearse con mayor intensidad en el futuro venidero. Claro está, nadie imagina en la actualidad que dada la orientación socialista del Gobierno venezolano, se adopten decisiones como las de privatización de las empresas para poder rescatarlas y salvar los puestos de trabajo que ofrecen ellas y con esto paliar la conflictividad social que pudiera generarse o agudizarse. Una mal entendida política de protección social de los trabajadores impide la búsquela de verdaderas soluciones.

Realmente no parece conveniente hacer política social a través de las empresas del Estado, ya que se ha comprobado que los Estados son muy malos en estas lides, al convertir a los núcleos productivos en ineficientes. Mas bien debería entenderse que la política social del Estado debe estar centralizada en los órganos del Gobierno Central para así ganar en eficiencia y no en despilfarro, y multiplicar así los recursos.

Adicionalmente, con terror observamos cómo también se ha modificado la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) para permitirles a las empresas endeudarse. Digo que observamos con terror porque pareciera que de esta manera se abre nuevamente la puerta al endeudamiento descontrolado de las empresas públicas que tantos inconvenientes trajo en décadas pasadas. Algunos festejamos cuando bajo este mismo Gobierno se aprobó la LOAFSP en 1999 y se eliminó esta posibilidad de endeudamiento descentralizado, pero ahora renacen los temores de vernos involucrados en situaciones que creíamos superadas. Utilizar esta vía para paliar las dificultades financieras de las empresas resulta particularmente peligroso.

Indudablemente que el escenario se agrava mas aun cuando observamos la tendencia del Gobierno a adquirir nuevas empresas por la vía de la nacionalización o estatización, u otros métodos, con lo cual lo que está haciendo es sumándose mayor carga y costos con la excusa de incrementar el bienestar colectivo y luchar contra la especulación y la corrupción. Hay otras vías mas efectivas para alcanzar estos objetivos.

La situación financiera de las empresas públicas que prestan servicios públicos no pareciera ser muy distinta, no en vano se vienen presentando protestas de sus trabajadores para reclamar sus derechos. Aquí vale la pena señalar que las estadísticas del INE muestran un crecimiento muy elevado del empleo público durante los últimos años, lo cual le añade mayores dificultades a las empresas al momento de atender las obligaciones de los trabajadores; sin embargo, el Gobierno lo ha justificado desde el punto de vista de la necesidad de construir la economía socialista del siglo XXI y nosotros añadiríamos que como forma de generarse apoyo político (similar a lo hecho por gobiernos precedentes). Cierto es que hemos bajado la tasa de desempleo, pero bien vale preguntarse ¿a qué costo? Los costos son: mayores exigencias financieras que no pueden (o se les dificulta muchísimo) cumplir tanto a las empresas como al propio Estado, y una menor productividad, situaciones insostenibles a mediano y largo plazo.

Lo que está ocurriendo es la acumulación de grandes distorsiones y contradicciones económicas que están conduciendo al Gobierno a entramparse a si mismo. Algunas amarras se tendrán que soltar para que las empresas del Estado funcionen adecuadamente. No es posible tener políticas que descontrolan y aumentan el gasto, y que a la par restringen su capacidad para incrementar sus ingresos mediante el “congelamiento” de sus precios y tarifas, y pretender que las mismas cubran sus costos, generando un excedente que les permita la re-inversión. En la economía alguien paga los costos, … no existe “free lunch” como dicen los americanos, puesto que para sostener políticas como las señaladas alguien tendría que financiarlas y normalmente son los contribuyentes a través del pago de mayores impuestos, o transferir recursos asignados a otros conceptos, con lo cual se le restarían fondos a proyectos de beneficio social (educación y salud, entre otros). Tampoco parece sensato y menos aun real, pretender que la industria petrolera cargue con las restantes empresas públicas. Ya la industria petrolera tiene sus propios problemas como para asumir otros. Lo anterior incluso podría atentar contra la política de diversificación económica, tan violada como planteada a lo largo de décadas.

¿Será que de prolongarse la crisis mundial y continuarse con la política descrita llegaremos nuevamente a plantearnos programas de ajuste económico que incluyan privatizaciones y re-privatizaciones de empresas públicas al estilo de los ensayados en décadas anteriores, así nos parezca un contrasentido y vaya contracorriente con el socialismo del siglo XXI?.

Mas allá de los ajustes que deben realizarse al interior y en el entorno de las empresas del Estado para lograr una adecuada operatividad y sanidad financiera, esperamos que se adopten decisiones y correcciones a la brevedad en los distintos ámbitos de la política económica, pues de lo contrario la historia se nos puede repetir con sus consecuentes costos para la sociedad en términos de programas de ajuste dolorosos como los de 1989 y 1996. Estos últimos se alimentaron por falta de ajustes oportunos y de la intensidad requerida ante la mirada temerosa o indiferente de gobernantes que pretendieron minimizar o soslayar las situaciones en virtud de su visión cortoplacista y de cálculos políticos, pero que mas adelante no les quedó otra opción sino la de adoptar medidas drásticas o dejar “la mesa servida” para que otros las tomasen.