El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Raimundo Orta, indicó en entrevista al diario 2001 que la nueva Ley de Tierras, aprobadas en el seno del Parlamento nacional la madrugada de ayer, atenta contra la Constitución, pues a su juicio el artículo 115 de la Carta Magna protege la propiedad privada, mientras que el nuevo estamento jurídico la elimina “de una manera descarada”.
Vale recalcar que el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresas lo siguiente: “Se garantiza el derecho de propiedad.
Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.
En este sentido, Orta expresó que la Ley de Tierra Urbanas, elimina el funcionamiento del uso, goce y disfrute de la propiedad privada, al asegurar que ahora para vender un inmueble el Gobierno tiene que autorizarla, con el objeto de intervenir de “manera social en el negocio”.
“Definitivamente al pasar por alto el artículo 115 de la Constitución, el Gobierno de una vez por todas elimina también el derecho al libre comercio de los inmuebles”, dijo el presidente de Apiur, al tiempo que enfatizó que ante esta violación flagrante, el organismo que preside introducirá un documento de nulidad contra la nueva Ley de Tierras Urbanas, ante el Tribunal Supremo de Justicia.
“Solamente por este articulado se cae el basamento jurídico de la Asamblea Nacional en aprobar la ley”, recalcó.
“Aunque el sistema judicial no tenga los reflejos necesarios, pues ya sabemos con quién está de frente, de igual modo vamos a introducir esta nulidad, con el objeto de cumplir con los protocolos nacionales”.
El vocero de la asociación en cuestión, mencionó además que se eliminó la indemnización justa cuando el Gobierno expropia un terreno o algún inmueble.
“El Gobierno eliminó los protocolos acostumbrados para expropiar un inmueble o terreno, antes habían tres peritos que hacían el avalúo para luego concretar un acuerdo de compra, uno por parte del ente expropiador, otro por la parte que sería expropiada y otro que evaluaba las condiciones de ambas partes, ahora eso no existe”, explicó.
Dijo que ahora el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas de manera subjetiva hace la compra, sin que el propietario del inmueble “patalee”.
Ante estas “amenazas”, dijo, “la construcción y la compra y venta de terrenos se congelará, ya que no existen garantías constitucionales”.
“El Gobierno a través de esta ley, legalizó lo ilegal”, mencionó, al tiempo que enfatizó que en el nuevo estamento legal las comunidades organizadas pueden invadir una propiedad para evitar al mismo tiempo que sea ocupada por otras personas ajenas a un determinado lugar”.
“La ley presenta graves violaciones al derecho a la propiedad (…) no podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo ahora el Gobierno, le confiere al Ministerio de Obras Públicas el derecho de preferencia en la compra de cualquier tierra urbana, susceptible de construcción de viviendas (…) se vulnera el justo precio en la expropiación, se viola el derecho a la defensa, se permite la custodia y ocupación del inmueble antes del pago de la indemnización, por ello en el día (sábado) haremos una reunión extraordinaria, junto a nuestros abogados para establecer los mecanismos de defensa a la propiedad privada”, concluyó.
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