6/8/09

ONU exige dejar sin efecto medida contra radioemisoras

ND (06/08/09-05: 42am).- El Gobierno Nacional debe dejar sin efecto la medida de cierre contra 34 emisoras de radio hasta que todas las partes hayan sido debidamente escuchadas, y se adopte una posición de carácter administrativo y no político. Así lo consideró el relator para la libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, quien expresó su preocupación por las violaciones de la libertad de expresión en Venezuela. A su juicio, "la sola amenaza de cierre constituye un acto de intimidación y censura política que resulta una grave violación de la libertad de expresión".

Así lo recoge la nota de El Nacional:

El relator para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas, Frank La Rue , envió un comunicado de prensa para manifestar su preocupación por las violaciones de la libertad de expresión en Venezuela, luego de las recientes acciones del Gobierno en contra de los medios de comunicación.

En relación con el cierre de 34 emisoras de radio por la no renovación o revocatoria de las concesiones, La Rue exigió al Estado que sea devuelta la señal a las estaciones por considerar que se utilizan mecanismos gubernamentales para reducir los espacios de libre opinión.

"A las autoridades de gobierno de Venezuela que dejen sin efecto las órdenes de cierre de las 34 radioemisoras afectadas, hasta que todas las partes hayan sido debidamente escuchadas y se adopte una posición de carácter administrativo y no político, basada en el pleno respeto a los derechos humanos", expresa el comunicado de la relatoría para la libertad de expresión de la ONU.

Agrega que los cierres fueron ordenados por el Ejecutivo en forma sorpresiva y sin diálogo alguno con los representantes de las radios interesadas.

La Rue instó a Conatel a permitir el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los afectados por el cierre de radioemisoras y manifestó que la situación se agrava con el peligro que se cierne sobre otras 200 plantas:

"La sola amenaza de cierre constituye un acto de intimidación y censura política que resulta una grave violación de la libertad de expresión, consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Constitución de Venezuela".

El comunicado de prensa solicita al Gobierno y a la Cancillería, a cargo de Nicolás Maduro, que gestionen en conjunto una visita de la relatoría especial para la libertad de expresión para ofrecer a la República cooperación y apoyo técnico en estos procesos.

Penal:

La relatora para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, y el comisionado de la instancia encargado de los asuntos de Venezuela, Paulo Sergio Pinheiro, enviaron una comunicación al canciller Maduro "para manifestar profunda preocupación por el deterioro de la situación del derecho a la libertad de expresión".

Solicitaron información sobre la propuesta de ley contra delitos mediáticos presentada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y criticaron los recientes hechos en la sede de Globovisión: "Exhortamos a las autoridades venezolanas a investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos violentos".

Reconocieron las declaraciones de funcionarios que repudiaron esos hechos, pero destacaron que Globovisión es beneficiario de medidas provisionales de la Corte-IDH.

En cuanto al proyecto de ley de Ortega Díaz, que fue descartado por la Asamblea Nacional, Botero y Pinheiro recordaron que la Convención Americana y la jurisprudencia de la CorteIDH prohíben "el uso indiscriminado del Derecho Penal como mecanismo para limitar la circulación libre de opiniones e informaciones" .

Por la radio:

Sobre el cierre de 34 emisoras de radio, Botero y Pinheiro alertaron sobre las declaraciones de Diosdado Cabello en las que acusaba a los dueños de esos medios de jugar a la desestabilizació n del país.

"Estas afirmaciones sugieren que la línea editorial de estos medios habría sido una de las motivaciones para adoptar la decisión de cierre", manifestaron.

Insistieron en que la Convención Americana es clara en su rechazo a las arbitrariedades de los Estados:

"No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas" .

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