El daño al patrimonio es oceánico; se estima que entre 2004 y lo que va de 2009, se han colocado más de 10.000 millones de dólares de notas estructuradas y Bonos Argentinos, sin que se conozcan las condiciones financieras de esas colocaciones, con una ganancia para los operadores de más de 1,5 millardos de dólares”, señala un informe consignado en el MP.
La colocación de bonos y notas estructuradas fue el punto de partida de una investigación que permitió descubrir la red de negocios en el Gobierno entre 4 grupos económicos. El 23 de octubre de 2009, el diputado de Podemos, Ismael García, pidió a la Fiscalía General que indagará el daño patrimonial en las operaciones autorizadas por el ex ministro de Finanzas, Rafael Isea, y que fueron ejecutadas por el operador financiero Maurice Beracha.
Elnacional.com.- “El daño al patrimonio es oceánico; se estima que entre 2004 y lo que va de 2009, se han colocado más de 10.000 millones de dólares de notas estructuradas y Bonos Argentinos, sin que se conozcan las condiciones financieras de esas colocaciones, con una ganancia para los operadores de más de 1,5 millardos de dólares, lo que constituyó el negocio más rentable de Venezuela, pero también el más formidable ilícito que se haya realizado en el país y que deja atrás de manera sobrada los emblemáticos casos de corrupción”, señala el informe consignado en el Ministerio Público.
La intermediación, alegó el parlamentario, era ilícita, por cuanto la compra y venta de dólares son determinadas por el Banco Central de Venezuela y el Gobierno, “y no por particulares”.
“Esas operaciones, así como contratos, enriquecieron y ayudaron a conformar una estructura mafiosa que hoy está enfrentada. Isea compró un diario y otras propiedades en Aragua.
¿Con qué fondos?”, preguntó García, secretario general de Podemos.
El Ministerio de Finanzas adquirió bonos de Argentina, Ecuador, Bolivia y Bielorrusia con recursos del Fonden, que provenían de las reservas internacionales. Posteriormente, fueron transformadas en notas estructuradas, a un monto promedio de 130 millones de dólares por operación, sin efectuar una subasta.
“Eran papeles basuras que tenían valor porque el aval era de Venezuela”. Finanzas dijo obligaba a la banca a comprar las notas para contrarrestar el mercado negro de dólares.
“¿Por qué en esas actividades no participaban bancos del Estado? El fin era beneficiar a los nuevos banqueros”.
García pidió al Ministerio Público el lunes 24 investigar la fortuna de 4 grupos ligados al Gobierno. El primero sería el de Ricardo Fernández Barruecos: “Se enriqueció, después de rentar el estacionamiento del hotel Hilton y de un gimnasio en ese lugar, al participar en Mercal, y a recibir comisiones por los papeles basuras. Es el testaferro de Adán Chávez y gracias a las conexiones adquirió Banpro, Bolívar Banco, Confederado; es propietario de atuneras, de un hato y del diario De Frente en Barinas”.
En los otros grupos estarían: José Vicente Rangel, cuyo testaferro sería Pedro Torres Ciliberto. “Él es dueño de Central Banco Universal y Banco Real”.
El tercero grupo sería el de Diosdado Cabello, dirigido por Rafael Sarría. “Es la mano que mueva la cuna. Cabello tiene como mano derecha al director de la DIM, Hugo Carvajal”, dijo García. No muestra documento que certifiquen la vinculación; sin embargo, aseguró que entregó a la fiscal Luis Ortega Díaz todos los recaudos: registros de empresas.
Y, por último, estaría Arné Chacón, hermano de Jesse Chacón. El diputado asomó otro elemento: los directores de la Disip y la DIM, Miguel Eduardo Rodríguez Torres y Hugo Carvajal, participaron en negocios de Fernández Barruecos.
“La Fiscalía y el Gobierno deben investigar. Chávez dijo ante los delegados del PSUV que había unos `ricachones’ que él desconocía. Eso es mentira.
Fernández Barruecos es proveedor de Mercal, y el Presidente ¿no lo sabe?”, apuntó.
Instó a Torres Ciliberto a ir a la justicia, y que se juzgue a quienes usaron fondos del Estado para comprar bancos y constituir casas de bolsas, como U-21.
“Pedro Luis Martínez, ex jefe de seguridad de Fernández, está señalado en el informe de la muerte de Danilo Anderson.
El Gobierno debe investigarlo, así como la venta de Digitel.
Fernández Barruecos daría 830 millones de dólares en esa operación. Son unos avaros; Al Capone y Recadi pasarán ante la historia como arrebatones de carteras ante estos hechos”, manifestó.
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