El sábado 20 de febrero fue otro día de involución para el país.
El primer mandatario re-bautizó con el nombre Ezequiel Zamora, al parque que tenía 398 años llamándose "Paseo El Calvario", y aprovechó el acto para colocar una estatua del caudillo populista del siglo XIX, donde antes estaba la efigie de Cristóbal Colón.
Desde esa tribuna, también presentó a la Milicia Campesina, que según palabras del mandatario "son apenas una primera muestra del desarrollo de un cuerpo armado popular para salvaguardar nuestra integridad y nuestra soberanía en los campos de Venezuela".
Pero el acto central de la maratónica jornada fue la promulgación de la Ley del Consejo Federal, dando inicio a la involución del proceso de descentralizació n.
Esta Ley, hace una trilogía con la Ley de los Consejos Comunales (aprobada en diciembre de 2009) y la Ley de Participación Ciudadana y Poder Popular (aprobada en primera discusión), con la que se pretende dar una estocada final al poder regional, municipal y parroquial, violando expresamente la Constitución de la República.
Entre otras la Ley de Consejos Federales, crea un Consejo Federal de Gobierno, presidido por el Vicepresidente de la República, al que se le asignan poderes supra gobernaciones y alcaldías. Entre las atribuciones de este Consejo estarán las de satisfacer las necesidades de las "Regiones Federales de Desarrollo", cuya estructura y funcionamiento será decidido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.
También se establece que sólo el mandatario nacional podrá convocar a la plenaria de este Consejo Federal.
Este Consejo Federal, ergo el Presidente de la República, será quien transfiera las competencias y atribuciones de las entidades territoriales a las "organizaciones de basedel Poder Popular", en flagrante contravención de la constitución, que dicta que las transferencias del Poder Nacional deben hacerse hacia estados y municipios.
La Ley además elimina al Fondo Intergubernamental para la Descentralizació n (FIDES), un ente que desde su creación apoyaba administrativa, técnica y financieramente el proceso de descentralizació n con el fin de contribuir con el bienestar de la comunidad. Este se sustituye por un Fondo Interterritorial, cuyos recursos los administrará con absoluta discrecionalidad el Consejo Federal de Gobierno, siguiendo los dictámenes de la Presidencia de la República.
En definitiva, este "gobierno del pueblo y para el pueblo", cada día concentra más el poder en el Gobierno Central. En adelante, los proyectos comunitarios a desarrollar tendrán marcado tinte político, serán los que se decidan a dedo en el "alto Gobierno", sin asesoría técnica de ingenieros y expertos de los estados y municipalidades, y a espaldas de las verdaderas necesidades de la comunidad.
La ironía es que el nuevo caudillo del siglo XXI, va en contrasentido del lema Dios y Federación que enarbolaba Zamora, un líder de la descentralizació n de la época.
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