Los campesinos no serán propietarios
sino adjudicatarios de las tierras
La eliminación de la “tercerización” de las tierras agrarias
constituye una restricción excesiva al derecho de propiedad y un precedente para limitar la posibilidad que tienen los ciudadanos de disponer de sus bienes, según señalan expertos en la materia.
Gerardo Fernández, abogado constitucionalista, explica que la Carta Magna establece el derecho del propietario de disponer de su propiedad. “Yo dispongo de un bien porque lo vendo, lo alquilo, lo doy en comodato, lo presto, etc”.
Agrega que la reforma a Ley de Tierras, al prohibir la “tercerización”, impone “una limitación excesiva al derecho de propiedad que no está marcada por el interés público sino por el interés del Gobierno, es un problema ideológico, el Gobierno no quiere que los propietarios podamos disponer plenamente de nuestros bienes”.
Abogados explican que el concepto jurídico de “tercerización” no existe, pero en el caso de la Ley de Tierras se presenta como la decisión de un propietario de arrendar sus predios, darlos en comodato, u otra forma de contrato, para que otra persona los trabaje dándole el derecho a aprovechar los frutos de ese trabajo.
Fernández explica que bajo este concepto las personas no solo “tercerizan” las tierras agrícolas sino otras propiedades.
“Alquilar un apartamento es una tercerización, o cuando se alquila una lavadora en los barrios para que otro lave, o el avance de los taxis, todos son conceptos afines (…) No hay que ver el derecho de propiedad como si se es el dueño de un gran bien o una empresa, todos somos propietarios o queremos ser propietarios de algo, del carro o la camionetica que se la doy a un avance para que la trabaje, o del apartamento que compré con mi esfuerzo y decido alquilarlo”.
La limitación a la propiedad formó parte de los modelos comunistas que se aplicaron y se aplican en el mundo. “En el comunismo la propiedad privada se menosprecia y se enaltece la propiedad colectiva. Están comenzando por las tierras agrarias, pero luego irán a otros tipos de propiedad y sin duda alguna este es un avance hacia un cambio del modelo de propiedad que tenemos en la Constitución para ir a un sistema donde la única propiedad que cabe es la del Estado”.
En la reforma constitucional que fue planteada por el presidente Chávez en 2007 se propuso la eliminación del atributo de disposición de la propiedad, pero esa reforma no fue aprobada.
“El Presidente quiso modificar ese derecho y le dijeron que no y él lo está imponiendo por vía legal. Es un fraude a la voluntad del pueblo”.
Tierras sin propietarios:
La modificación a la Ley de Tierras afecta tanto a los propietarios de los predios como a los campesinos, según explica el abogado Luis Herrera Orellana.
“Esta ley dice que a los beneficiarios, los campesinos, se les dará título de adjudicación (…) los campesinos tampoco podrán convertirse en propietarios”.
“Lo que va a pasar es que las pocas tierras que sean privadas van a terminar pasando a dominio estatal (…) se quiere dar la idea de que se quiere beneficiar al más débil, pero termina hundiéndolo. Al que tenía propiedad lo coloca más contra la pared, pero al que no tenía lo aleja más aún de la posibilidad de obtener la propiedad de una tierra”.
Herrera asegura que se está colocando la titularidad de las tierras en manos del Estado “y los demás pasan a ser dependientes en lo económico de las decisiones que tome el poder central”.
Agrega que “todos deberían ver con preocupación la ley, los propietarios y los que no lo son porque a todos se les aleja la posibilidad de ser propietarios, en el caso de esta ley de ser propietarios de tierras agrarias, pero posteriormente para todo lo realmente importante de la economía esta será la regla”.
En relación al principio socialista incluido en la Ley de “que la tierra es de quien la trabaja”, Fernández explica que se trata de “un concepto que pretende justificar una política comunista para debilitar el derecho de propiedad”. Por su parte, Luis Herrera Orellana considera que “es una gran mentira porque el campesino será dependiente del Estado, y es una argumentación moral cuestionable que trata de decir que aquel que coloca el capital y no hace el trabajo con sus manos es una persona que le roba el esfuerzo al otro”.
Raquel Barreiro C.
EL UNIVERSAL
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