El vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, participa el martes 12 de enero de 2010. EFE/Gustavo Amador
El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, lamentó ayer que Venezuela rompiera relaciones diplomáticas con Colombia y no lo hizo con las guerrillas de las FARC, que, según denuncias de Bogotá, tienen campamentos en el vecino país.
“Lo irónico es que el Gobierno de Venezuela rompe con Colombia y no rompe con las FARC, que es lo que debería haber hecho”, señaló Santos a periodistas tras participar en una reunión en la que el alto Gobierno analizó la situación con Venezuela.
A pesar de que el presidente Álvaro Uribe se reunió este jueves con varios de sus ministros, el vicepresidente Santos, la embajadora en Venezuela, María Luisa Chiappe, y el fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza, no hubo un pronunciamiento sobre las medidas tomadas por el Gobierno de Hugo Chávez.
Uribe mantuvo contacto telefónico con el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, quien ayer presentó las pruebas de la presencia de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el vecino país.
No pasó mucho tiempo después de las denuncias de Colombia en la OEA, cuando el mandatario venezolano, que estuvo acompañado del ex futbolista argentino Diego Armando Maradona, oficializó la ruptura de relaciones con Bogotá.
Chávez adujo que la decisión de romper relaciones diplomáticas con Colombia lo hacía por “dignidad”.
Pese a la tensa situación, el Gobierno de Colombia descartó la movilización de tropas hacia la frontera con Venezuela.
El secretario de prensa de la Presidencia, César Mauricio Velásquez, dijo a periodistas que de parte de Colombia “siempre habrá fraternidad”.
Por otra parte, el fiscal Mendoza indicó que se plantea la posibilidad de denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) como crímenes de lesa humanidad los ataques guerrilleros en poblaciones colombianas, tras lo cual los atacantes, aseguró, se refugian en Venezuela.
Explicó que recibió del Gobierno colombiano “una carpeta que da cuenta de más de 60 ataques en la frontera con Venezuela por parte de grupos armados ilegales que, hasta donde tenemos la información, atacan en Colombia y se refugian en Venezuela”.
Explicó que “esos ataques son constitutivos de delitos propios de la Corte Penal Internacional. De tal manera que si esos comportamientos logran adecuarse a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía evaluara la posibilidad de establecer una relación entre esos ataques y el apoyo que le pudieran estar dando personas o autoridades detrás de la frontera de Venezuela”.
Agregó que la CPI actuaría investigando “tanto a los líderes guerrilleros como a aquellos que podrían ser copartícipes de estos comportamientos que se estarían realizando acá en el interior del país. Y luego se recibiría el apoyo de personas de Venezuela o funcionarios de Venezuela cuando ellos se refugian allá”.
Vía EFE
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