La insurrección del derecho

Los líderes de la oposición venezolana aceptaron concurrir a estas elecciones en absoluta desigualdad, admitiendo la eliminación de la representación proporcional, bajo el más despreciable ventajismo cometido con el mayor descaro y sin el menor asomo de vergüenza – perdido ya todo vestigio de moralidad - en el uso de los recursos ý cargos públicos y con bandas de desadaptados engolosinados con la impunidad, destruyendo la escasa propaganda de los candidatos de la oposición, aunque esa conducta vil cubre de ignominia cualquier resultado que pudiera favorecer al régimen – cada diputado obtenido de esta manera es ilegítimo - pues la ley establece que los funcionarios públicos sólo pueden actuar bajó los cánones que les son expresamente permitidos, somos los ciudadanos quienes podemos hacer todo aquello que no esté claramente prohibido.

Pero, en una demostración de grosera burla al ordenamiento legal la propia rectora del organismo comicial, obviando el articulado constitucional, su propio reglamento comunicado por ella a la ciudadanía al iniciarse el período electoral y el artículo 68 de la ley contra la corrupción, autorizó a los funcionarios públicos a hacer campaña electoral, invocando falazmente sus derechos políticos, para, en realidad, cohonestar el abuso de poder de Chávez, que se confeccionó una blusa de samba con la bandera nacional – está prohibido el uso de los símbolos patrios en las campañas - para echarse a la espalda su huacal de clones “a que no me conoces”.

La resignación ante esta infame demostración de barbarie da como hecho consumado la muerte del Estado de derecho, cuando lo que la lógica impone es la insurrección del derecho ante las tropelías de quienes vulneran la ley desde el poder, que es un delito atroz, porque se comete desde el podio de su magistratura. Y es que la permisividad o dejar pasar el desacato constituye, también, una violación al Estado de Derecho, pues de esa manera se deroga de facto la Constitución con la anuencia de la cobardía, por ello es imperativo la toma de conciencia sobre nuestro ordenamiento legal para no cohonestar con nuestro silencio acciones forajidas que están sancionadas penalmente.

“Al derecho no se renuncia” solía responder un jurista chileno que, en plena dictadura salvaje de Pinochet, introducía libelos en la Corte Suprema contra las ilegalidades cometidas por el régimen, a sabiendas de que no iban a atenderlas. Por eso es nuestro deber denunciar y documentar las violaciones a la legalidad cometidas por este gobierno y sus seguidores convencidos de la impunidad como derecho adquirido por su condición de “burócratas revolucionarios”, una contradicción de términos que define la característica oclocrática de esta propuesta siglo XVIII que nos amenaza.

El derecho de Estado

Cuando hablamos de Estado de Derecho, nos referimos al marco jurídico normativo para proteger el ejercicio de la democracia y de la libertad del abuso y de la transgresión, del individuo y del propio Estado.

Lo que existe en Cuba, y en los países totalitarios, es un Derecho de Estado (Estado legalista lo llaman algunos) que pivota en leyes ilegítimas, según el ordenamiento jurídico moderno, la supresión de las libertades y los derechos de los ciudadanos, para reprimir legalmente la disidencia y perpetuar a una decrépita dinastía en el poder.


La finalidad perseguida por las leyes no se cifra en abolir o limitar la libertad, sino, por el contrario, en preservarla y aumentarla, y esta es una moderna definición universal violada por los totalitarismos. Para ejemplarizar, mientras Luis XVI, Fidel, y ahora Chávez, han manifestado: “El Estado soy yo, porque tengo el “derecho” de redactar la ley, aplicarla e interpretarla, y cuando me equivoco es ley que se considere que he modificado la ley”, en nuestro ordenamiento jurídico el Estado de Derecho excluye la imposición unilateral de la voluntad de unos sobre otros, la violencia y el ejercicio de la justicia por propia mano.

Exige, por el contrario, que todos reconozcan los derechos y obligaciones de cada uno y que las controversias se resuelvan por la vía legal. Sólo el Estado de Derecho permite el despliegue en la libertad de las potencialidades de cada individuo y de la sociedad en su conjunto.

El Derecho surge de la libertad

Es fundamental que el pueblo, como nación sujeta de deberes y derechos, conozca a cabalidad que es la libertad la que ha generado los derechos. Así como son los delitos y los abusos, del individuo y del Estado, los que generan las leyes y las normas. No fue que un tipo con poder se levantó inspirado una mañana y se dijo: -¿Y qué tal si esta gente vota? No. Fue la voluntad de millones de hombres y mujeres, que forzando la barrera de su libertad generaron ese derecho.

Así como los derechos laborales surgieron del ejercicio de la libertad para declararse en huelga y hasta para morir por sus ideales y los de millones de obreros en el mundo. Por eso me arrecha cuando unos ignorantes, herederos irresponsables de esas luchas, entregan sus derechos a cambio de una promesa o por el babieco encantamiento de un desaprensivo estigmático. Así como un baboso politiquero incondicional que propone la igualdad por encima de la libertad, cuando la primera es consecuencia de la segunda. La igualdad sin libertad es un vejamen.

Las debilidades del Estado de Derecho

En los países totalitarios, como Cuba, el derecho protege y garantiza a los incondicionales comunistas, mientras que proscribe y encarcela y fusila a los disidentes. En Venezuela la ley que se aplica a los adversarios de Chávez es inexistente para los aduladólares. Porque así es el Derecho de Estado. Omnímodo y brutal.

En cambio, en cualquier Estado de Derecho, un liberticida comunista, por ejemplo, conociéndose que, de obtener el poder, destruiría la libertad - obligando y prohibiendo - goza de los mismos privilegios y libertades que los demócratas. Y a nade se le ocurriría fusilarlo, deportarlo o encarcelarlo por su prédicas mentirosas para atrapar incautos. Esa es una debilidad de nuestro Estado de Derecho, pero es la diferencia fundamental con el Derecho de Estado. Por eso no somos comunistas.

La Constitución y el Estado de Derecho

La Constitución – según su artículo 7 - es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico de la nación, es decir que su supremacía es taxativa, esta fuera de toda duda, discusión o interpretación. Por ello, todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a ella. Así que por su preeminencia, las actuaciones de Chávez en esta campaña y la posición del rectorado del CNE son inconstitucionales – salvo el honorable rector Vicente Díaz sometido al escarnio de Zeus.

El primer efecto de la obediencia constitucional debe ser que la ley funcione como el único marco para la convivencia social y que las normas regulen, efectivamente, las relaciones entre los integrantes de la sociedad y sus autoridades, así como las relaciones entre los diversos órdenes y órganos de gobierno, con la finalidad superior de garantizar para todos la seguridad y el acceso a la justicia, el goce de los derechos fundamentales y el disfrute del bienestar general.

Por todo ello, tanto autoridades como los particulares tenemos el mandato ineludible, de coadyuvar al desarrollo y al fortalecimiento del Estado de Derecho, que está contemplado en su artículo 2 de su Constitución: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”, que, por cierto, es la última de las propuestas liberales.

Derecho que no se defiende se pierde

Julio César solía decir que sus legiones conferían legalidad a sus leyes. Así definía para la posteridad lo que hoy conceptúo como Derecho de Estado. En cambio las armas del Estado de Derecho son las leyes y su acatamiento define su legitimidad.

Hoy en Venezuela – es sabido y comprobable - los demás poderes públicos están subordinados voluntariamente – por la vía de la membresía comunista aduldolescente – a la omnipotencia macho cabrío del Poder Ejecutivo, pero eso no significa que los demócratas lo aceptemos por la vía de la aborregada resignación de los eunucos ni por la admisión del hecho cumplido.

Mediante la insurrección del derecho lucharemos contra la ilegalidad que ilegitima el ejercicio del poder y haremos prevalecer la justicia. Mártires habrá, sin duda, en esta lucha, pero resignados borregos de balidos lastimeros, jamás.
Rafael Marrón González