(Especial para IMPACTOCNA).- Un expediente confidencial instruido por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en 2006, muestra una amplia serie de casos de corrupción que se encontraban bajo investigación por ese organismo, pero que fueron silenciados por presiones provenientes del alto chavismo.
El documento, obtenido en exclusiva por ImpactoCNA, detalla una serie de investigaciones presentadas ante el TSJ en la que aparecen implicados ministros y altos militares, y se declaran pérdidas multimillonarias por transacciones y operaciones financieras y presupuestarias que fueron lesivas al patrimonio nacional.
El expediente con los casos de corrupción fue enviado también al entonces fiscal general de la República y hoy candidato a magistrado del TSJ, Isaías Rodríguez, y al despacho de la Vicepresidencia, en ese momento bajo control de José Vicente Rangel.
Ni el TSJ, ni la Fiscalía General ni la Vicepresidencia tomaron cartas en el asunto o sancionaron a los acusados de las irregularidades.
Entre los casos más llamativos se encuentran las operaciones de tesorería de Bandes, que produjo pérdidas por 225 millones de dólares, y un recuento de los gastos ocasionados por las declaratorias de emergencia nacional, que consumió más de 55,000 millones de bolívares sin que hasta ahora aparezca el detalle de cómo fueron gastados.
El expediente menciona a Jesse Chacón cuando presidía el Ministerio de la Secretaría, que otorgó enormes cantidades de recursos a una alcaldía de Apure, para proyectos fantasmas que no fueron licitados.
ImpactoCNA presentará a partir de hoy una serie de entregas sobre los casos de corrupción incluidos en el expediente del TSJ obtenido en exclusiva.
Caso Bandes. Son altamente cuestionables los manejos de tesorería que hace Bandes en asociación con el Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), en los cuales sirven de intermediario comisionistas y gestores de fondos, con la obtención de las consabidas comisiones. Esta práctica corrupta vive su momento de esplendor. Muestra el desastre financiero en que se encuentra esa entidad, al no seguir las prácticas contables que ordena la Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras. Del total de préstamos concedidos en el lapso señalado, el 24% no es recuperable como se documenta en el cuadro anexo. Se trata de una perdida equivalente a US$ 225 millones.
Caso Dianca. La empresa Diques y Astilleros Nacionales (Dianca) o comandantes navales de logística, es una importante empresa de capital totalmente nacional, a la que el Presidente Hugo Chavez Frias, inyectó abundantes recursos financieros para potenciar aún más las fragatas de misiles.
Durante el proceso que concluyó con la audiencia pública, fueron auditadas gestiones que tienen que ver con fideicomiso entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES), el Comando Naval de Logística y DIANCA, en las cuales se evidenció que se dieron procedimientos al margen de la legalidad. Hubo incumplimiento de mandatos expresos de la Ley de Licitaciones en lo que respecta a los procedimientos para las adjudicaciones directas, así como también fueron contratadas empresas no inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, todo esto se encontró entre otras irregularidades detectadas en la investigación.
Los investigadores, en su mayoría, asistieron a la audiencia pública acompañados por sus abogados. Al final, ocho de los diez oficiales fueron encontrados responsables de irregularidades; empezando por el vicealmirante y ahora embajador.
Este personaje fue sancionado con la multa más alta, equivalente a 45 millones de bolívares. Sin embargo, curiosamente, una semana después ocurrió un hecho que estremeció Fuerte Tiuna: el general Reyes Quevedo fue objeto de una medida que le dio de baja en el Ejército y lo separó de la Contraloría General de la FAN. Su pase a retiro fue dictado el 12 de marzo. En el ámbito castrense esto se interpretó como un castigo, una retaliación contra un oficial de quien se estima venía realizando una seria labor de fiscalización y control en sus dos años y medio al frente de la contraloría.
Caso Jesse Chacón. Jesse Chacón dio disponibilidad financiera a la Alcaldía Mayor de Alto Apure, de los recursos correspondientes a la Ley de asignaciones económicas especiales cuando cumplía funciones como Ministro de la Cartera.
Alrededor de 20.000 millones de bolívares correspondientes a la asignación de la partida LAEE (Ley de Asignaciones Económicas Especiales) de los ejercicios correspondientes al 2004 y 2005, fueron depositados a través del Ministerio de Finanzas, sin presentación de proyectos, a la Alcaldía Mayor del alto de Apure en el estado Apure.
Jorge Rodríguez Galviz, alcalde de la entidad, recibió la asignación en efectivo,
según lo expresa la orden de pago número 8282 de fecha 31 de diciembre del 2004, emanada del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas. Estos recursos, como se conoce, fueron depositados en la cuenta matriz de dicha Alcaldía, es decir, cuenta asignada para los depósitos correspondientes al situado constitucional; desde allí se ejecutaron los pagos que materializaron lo que, se presume, una multimillonaria malversación de fondos pertenecientes a la República, esto a través de pagos hechos en cheques para obras asignadas a dedo y otros gastos, no previstos dentro de las áreas para la inversión a la que se constriñe la Ley.
Gerardo Gollo Regardiz presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de antejuicio de Mérito, en contra del otrora Ministro del Interior, Ministro de la Secretaría y candidato para Alcalde del Municipio Sucre.
Casos de Emergencias. Miles de millones del presupuesto nacional se han gastado en declaratorias de emergencias, sin que hasta ahora hayan sido los gastos incurridos para atender las emergencias. Como ejemplo presentamos siguientes:
Decreto N° 3.498 del 24/02/05, que declara en situación de emergencia la Cuenca del Lago de Valencia, por el riesgo de posibles inundaciones con motivo de la elevación de su nivel de agua y por los niveles de contaminación presentes en el sitio. También se creó la autoridad unica de area para la Cuenca del Lago de Valencia. Se invirtieron 191 millones para el Saneamiento Ambiental de Lago de Valencia, por el decreto N° 3.345 del 20/12/04. Decreto N° 577 del 15/12/99, se declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional.
También por decreto N° 626 del 03/01/00, se aprobaron Bs. 53.473 millones para las emergencias en el territorio nacional del 07/01/2000.
El 30/03/2000, por decreto N° 758 se aprobaron 1.500 millones de bolivares para el saneamiento del litoral central.
(corrupcionjudicial2010@gmail.com )
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