Los subalternos mandan a sus superiores, y los retirados vuelven como activos
ASDRÚBAL AGUIAR | EL UNIVERSAL
martes 29 de marzo de 2011 12:00 AM
El pasado 21 de marzo se publica, en Gaceta Oficial, el decreto que reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana. Lo dicta el "dictador" una vez más, amén de hacerlo con fundamento en una Habilitante que expide una Asamblea muerta para resolver la emergencia de las lluvias. Se trata de una reforma constante de 48 artículos, en la que destaca la firma original de nuestro legislador supremo y hasta su sello, y la de nadie más salvo los nombres sin firma de sus ministros.
De la desestructuración que provoca dicha reforma sobre la Fuerza Armada, para darle pasó e importancia creciente a la milicia revolucionaria -el pueblo en armas, en pocas palabras- y a fin de que funja como la que cuida de Muamar Gadafi y, antes, de Saddam Husseim, hablan con mejor propiedad otros opinantes. Refieren éstos la influencia que tal suerte de "camisas rojas" ejercen para lo sucesivo sobre las instituciones educacionales y civiles en Venezuela.
Vuelvo, en todo caso, sobre un aspecto medular que viene de atrás, desde cuando el dictador abandona su condición de Teniente Coronel expulsado de las FF.AA. por golpista y adquiere luego, de mano propia, el rango militar de Comandante en Jefe; al que le asigna una realidad específica y distinta al Presidente de la República; quien, conforme a la Constitución, sujeta a las Fuerzas Armadas y las somete a su dependencia como primera autoridad civil.
El asunto no es cosmético. Basta la lectura del artículo 6 de la ley reformada, para entenderlo a cabalidad:
"El Presidente o Presidenta de la República tiene el grado militar de Comandante en Jefe y es la máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ejerce el mando supremo de ésta, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. Dirige el desarrollo general de las operaciones, define y activa el área de conflicto, los teatros de operaciones y regiones estratégicas de defensa integral, así como los espacios para maniobras y demostraciones, designando sus respectivos Comandantes y fijándoles la jurisdicción territorial correspondiente, según la naturaleza del caso. Tiene bajo su mando y dirección la Comandancia en Jefe, integrada por un Estado Mayor y las unidades que designe. Su organización y funcionamiento se rige por lo establecido en el reglamento respectivo. Las insignias de grado y el estandarte del Comandante en Jefe serán establecidos en el Reglamento respectivo".
En síntesis, ahora el Presidente tiene rango militar. No solo comanda a título personal, como Jefe del Estado, sino que hasta tiene Comandancia; dispone sobre todas las operaciones militares y dibuja libremente la geografía patria y la somete a la autoridad de sus uniformados; designa comandantes aquí y allá, sin importar jerarquías, pues al caso la misma ley -artículo 88- obliga a los demás oficiales de cualquier rango someterse a la autoridad de éstos; usa uniforme, tiene insignias y hasta se da una bandera. Nada menos.
La cuestión es que en toda democracia, cuando se precia de tal, la autoridad civil somete a la militar y no admite lo contrario. La democracia se hace de diálogo y este salta cuando se dialoga con las armas sobre la mesa. No por azar, la Carta Democrática Interamericana declara, en su artículo 4, como componente fundamental del ejercicio de la democracia, la subordinación de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida.
No cabe, pues, a pesar de los resabios históricos, escindir la autoridad civil de la militar o someter aquélla a ésta, tal y como ocurre cuando Juan Vicente Gómez ejerce como Comandante desde Maracay, mientras Márquez Bustillos lo hace como Presidente desde Caracas. O según acontece en Chile, cuando Pinochet se separa de la Presidencia y la entrega a Patricio Aylwin, permaneciendo como jefe único del mundo militar hasta que la realidad se lo lleva en los cuernos.
Cuatro asuntos de mala ley -no puede hablarse de buena ley cuando la dicta un dictador- apareja la reforma. Una, cristaliza la dictadura "militar". Dos, el dictador construye su día después, imaginándose como Comandante, de verse obligado a transferir la presidencia. Tres, ajusta la milicia para que lo defienda en la calle y, llegado el caso, asesine a civiles como en Libia. Y cuatro, impide que la verticalidad militar lo eyecte del poder, subvirtiendo las jerarquías. En fin, los subalternos mandan a sus superiores, y los retirados vuelven como activos, halagados -artículo 104- con los rangos. ¡Guerra avisada no mata soldados!
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