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Mientras los empresarios venezolanos se quejaban de las trabas burocráticas para adquirir dólares preferenciales, el sector azucarero venezolano estaba de plácemes. Esto a juzgar por la conversación que sostuvo un directivo del Central Azucarero Portuguesa (Capca), el mayor productor de azúcar del país, con el consejero agrícola de la embajada de Estados Unidos en Caracas. El 23 de septiembre de 2009 el funcionario estadounidense apreció una vibrante actividad del negocio. Los camiones descargaban su carga de azúcar cruda importada desde Brasil que luego se convertiría en azúcar refinada para uso doméstico e industrial. Incluso el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, manifestó que las operaciones de Capca eran “aceptables y beneficiosas” para el país, aunque también recomendó que la mayor parte de la producción se destinara al consumo interno.
Al cumplir con esa sugerencia, que también estaba especificada en la Gaceta Oficial desde el 17 de julio de 2009, la directiva de Capca estaba segura de que no sería expropiada, pues cumplía con los deseos del gobierno. Además, afirmaba el análisis de la embajada, era muy complicado para el Estado administrarla de forma apropiada.
El dueño de la empresa es Oswaldo Cisneros, primo del magnate Gustavo Cisneros. En los documentos que obtuvo Wikileaks concernientes a Venezuela es muy difícil encontrar alguna acción puntual contra los intereses de la Organización Cisneros, especialmente desde que se produjo una reunión, en junio de 2004, entre el empresario Gustavo Cisneros y el presidente Hugo Chávez con la mediación del ex presidente de EE.UU Jimmy Carter.
Siempre se ha especulado que en aquella reunión ambos acordaron un pacto de no agresión, aunque ninguno lo ha confirmado. Las relaciones entre ambos estaban completamente rotas desde que Chávez acusó a Gustavo Cisneros de orquestar el golpe de Estado de abril de 2002, un asunto que el magnate de medios siempre ha negado. El hecho es que los intereses de los Cisneros no se han visto afectados por la ola de expropiaciones iniciada por el gobierno de Chávez desde enero de 2007, con el objetivo de controlar los sectores estratégicos. El Grupo Cisneros es el dueño del 100 por ciento de las acciones de Venevisión.
Instrucciones para sobrevivir
En febrero de 2010, dos semanas después del cierre definitivo de Radio Caracas Televisión (RCTV), la plana mayor del canal Venevisión –Carlos Bardasano, Antonieta Mendoza de López y Luis Emilio Gómez Godoy- con el embajador Patrick Duddy para contar cómo habían hecho para superar la visible polarización venezolana en la cobertura noticiosa. “Presentamos los dos puntos de vista y dejamos que el televidente decida”, dijo el presidente de la planta Carlos Bardasano.
Todos negaron la aplicación de la censura previa en los informativos, aunque estaban conscientes de que caminaban “por una fina línea editorial” para “presentar una balanceada y objetiva cobertura noticiosa”. Bardasano, que negó cualquier pacto para subordinar al canal a los intereses del gobierno, agregó que en Venezuela no se practicaba el periodismo de investigación.
Contaron que siempre le dieron apoyo moral a RCTV, pero que, a diferencia de esa planta, Venevisión había pasado “dos dolorosos años” reuniendo la documentación necesaria para cumplir con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. “Tuvimos muchas conversaciones con Marcel acerca de cómo renovar el permiso de transmisión a la luz de los nuevos postulados”, agregó Bardasano.
Venevisión recibió en 2007 permiso para operar durante cinco años, mientras que RCTV tuvo que migrar a la televisión por suscripción, pero en enero de 2010, luego una modificación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, las empresas de televisión por suscripción a sacar al canal de su grilla de programación.
Cuando discutieron la situación de la libertad de expresión y el embajador Duddy les dijo que en caso de que el gobierno cerrara Globovisión, Venevisión se quedaría con la bandera de la libertad de expresión, Bardasano reconoció: “sería más difícil sin Globovisión. Si ese canal cierra sonaría una gran alarma en el país”.
Eso animó al vicepresidente Luis Emilio Gómez Godoy a comentar el desempeño del negocio de la televisión en función de la costumbre del presidente Hugo Chávez de convocar frecuentes alocuciones televisadas. “Cada día perdemos en promedio cinco horas de publicidad”, calculó Gómez, al tiempo que acusó al Gobierno de estrangular económicamente a los canales. “Es una estrategia de muerte lenta”, concluyó.
La concesión de Venevisión vence en mayo de 2012, año de elecciones presidenciales. Hasta ahora ha hecho los deberes para que se la renueven.
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