VenEconomía Opina
La capacidad que tiene el Gobierno para el juego malévolo y la alevosía, sobrepasa la capacidad de suspicacia de la gran mayoría de los venezolanos.
De las cientos de áreas que han sido el objetivo de control para el proyecto castrochavista, existen dos cuyos servicios son una necesidad básica para el ciudadano: Educación y Salud.
A ambos sectores se les ha aplicado la misma táctica para asfixiar la actividad de los privados: Control sostenido y persistente de tarifas, vulnerabilidad de su estado de derecho, desincentivo a la inversión, coacción y amenazas de cierres.
Mientras que cuando se trata de la educación y la salud en manos del Gobierno el nefasto resultado también es similar en ambos: promesas incumplidas y fracasadas misiones bolivarianas supuestamente llamadas a propiciar la inclusión y la igualdad; deterioro de la infraestructura física; menguada dotación de insumos para la prestación del servicio; politización en la contratación del personal; corrupción, caos y paupérrimos salarios que alejan a los profesionales y técnicos hacia otras fronteras.
A los planteles privados de educación, continuando con varios años de control, el gobierno les decretó, vía una resolución conjunta de los ministerios de Educación y Comercio, un aumento máximo de 22% para la matrícula de inscripción y mensualidades para el año escolar 2011-2012, y no el de 28% a 34% que aspiraban las instituciones educativas privadas.
Este año, repite la misma historia de años anteriores, no sólo de fijar montos por debajo de la inflación y de los costos, sino de anunciarlos a destiempo, en lo que pareciera ser una "franca ignorancia" de cómo funciona la planificación de estas instituciones. Aunque lo cierto es que se les monta una trampa jaula a los planteles educativos privados para cercarlos y sacarlos de juego. Al demorar la publicación de la resolución para la época vacacional, hace que sea más que imposible cumplir con el formulismo de ley de convocar la asamblea de padres y representantes y tener el quórum indispensable que apruebe la nueva matrícula antes del inicio de clases.
En cuanto al deprimido sector privado de la salud, ahora se le quiere imponer un baremo que regularía los costos y las tarifas de las clínicas significativamente por debajo de los costos de personal, insumos, equipos médicos, lo que pondría en graves aprietos a este sector de la salud, y que iría en detrimento de la calidad del servicio y la atención médica.
Pero la mayor alevosía, es que en 90 días hábiles cuando entre envigencia la lapidaria Ley de Costos y Precios Justos, no serán sólo la educación y la salud los sectores castrados por el control del Gobierno. Será todo venezolano que produzca, importe o comercialice un bien o dé un servicio, tanto para el sector privado como para el público.
Así se construye el país mediocre, con ciudadanos sometidos por un Gobierno avaro de conocimientos, poder y autoritarismo.
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