Desde el siglo V antes de Cristo la historia escrita da cuenta de la existencia de traficantes en bienes y personas en las costas del Golfo Pérsico. Luego en las naciones vecinas del mar Mediterráneo y del mar de China veríamos operando a los contrabandistas. En Venezuela, desde 1565 sabríamos de bucaneros, corsarios y filibusteros.
Todos los procesos de control de insumos no suntuarios en el mundo moderno que pretenden fiscalizar la carestía de productos, incentivan el contrabando. El delito es consecuencia de desacertados procedimientos que terminan en cohechos gubernamentales. Ante tal calamidad e ineficiencia, violar la ley es un derecho de sobrevivencia y ha sido históricamente más oportuno y provechoso para los consumidores.
La promulgación de un reciente decreto en Venezuela, vía de una írrita habilitante presidencial, de la Ley General de Costos y Precios Justos expresa en su motivación: “Es necesaria una Ley de Costos y Precios Justos que coadyuve la acción del Ejecutivo Nacional en la implementación de políticas de democratización de acceso de todas las venezolanas y todos los venezolanos, de manera equitativa, a los bienes y servicios”.
Esta endosa de manera irresponsable al sector comercial independiente los errores incurridos por los burócratas en el manejo de alimentos. Se olvidan de la estafa realizada por PDVAL, filial de Petróleo de Venezuela, cuando comunistas cubanos y venezolanos dejaron perder miles de toneladas de productos en puertos y almacenes, muchos de ellos por cierto no aptos desde su origen para el consumo humano.
Dicho instrumento, a criterio de los jurisconsultos, es la derogación de la economía de mercado y régimen de precios estipulados en la Constitución establecidos en los artículos 112, 115, 117 y 299. Nos enrumbamos hacia el colectivo de los medios de producción y es de la única competencia de la Superintendecia designada la fijación y modificación de montos y ya no más de la libre interacción de la oferta y la demanda.
Esta la LPC no es un instrumento de regulación, es un decreto coercitivo que dedica gran parte de su contenido al carácter punitivo de su desobediencia. Una comisión para tal fin como la creada en los gobiernos de Luis Herrera Campins y Carlos Andrés Pérez, Comisión Nacional de Costos Precios y Salarios –CONACOPRESA– o la participación de sindicatos, empresarios y autoridades electas –la tripartita– donde coadyuvaban los sectores productivos del país, sería más transparente.
Ahora el funcionario de turno decidirá la materia a conveniencia del mandatario. Esto se presta a coimas o alcabalas retorcidas. “El gobierno está creando una barrera más contra el sector económico al obligarlos a inscribirse en el Registro Nacional de Bienes y Servicios como condición para realizar cualquier actividad, y en caso de que no lo hagan la ley establece sanciones y multas elevadas”, expresa el doctor en leyes Victorino Márquez.
El diputado comunista Silvio Mora la considera una necesidad social. “Era un clamor del pueblo y con su promulgación se evitará que los venezolanos continúen siendo víctimas de agentes económicos que especulan por la contraprestación de servicios y venta de bienes o productos”. Se nota en sus palabras el carácter supranacional que los estalinistas le dan al gobierno.
Gustavo Briceño, presidente del Capitulo Venezolano del Ombudsman, aclara que la Ley viola la Carta Democrática Interamericana, por cuanto el artículo 4 hace referencia al respeto por los derechos sociales, las libertades de los individuos, lo cual consagra en un sistema democrático y participativo.
Para el presidente de la Federación Agropecuaria de Venezuela, Pedro Rivas, el estatuto no incentiva la soberanía alimentaria.
Este precepto es una clara demostración del fracaso gubernamental en temas de alimentos y vendrán otras acciones desesperadas Lo importante es satisfacer el hambre de libertades que tienen los venezolanos y ello será realidad en el 2012.
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