Las irregularidades en la comercialización de las cabillas fueron denunciadas en la Asamblea Nacional | Saúl Rondón
Por eso logró detectarse en los libros contables del Consejo Nacional Electoral que Luis Velásquez Rosas, ex gerente de Sidor, era coordinador de finanzas del PSUV, y ahora se descubre que estaba en "otro ámbito de negocio".
"Cuando Rodolfo Sanz estuvo al frente de las empresas básicas autorizó a Velásquez Rosas, `el rey de las cabillas’, a negociar la colocación de acciones de las industrias del aluminio en un banco libanés", aseguró Andrés Velásquez, presidente de la Subcomisión de Empresas Básicas de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
En realidad, no se trataría de una entidad libanesa, sino de una agencia del banco ruso Gazprombank Invest, con sede en Beirut. La primera pista del caso se tuvo por denuncia del presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana del Aluminio, Manuel Díaz, ante la Fiscalía Superior del Estado Bolívar, el 29 de abril.
En el documento, Díaz expuso que Sanz poseía una cuenta con 500 millones de dólares que no tenía control previo, por cuanto firmaban tanto el ex ministro como el asesor, y que los recursos provenían de la venta a futuro a empresas transnacionales de la producción de aluminio hasta 2015.
"La cuenta era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, por su pariente Jorge Rojas Montero y el operador financiero Alejandro Ceballos", señaló el dirigente.
Cabillas irregulares. El diputado Velásquez consignó la denuncia sobre las irregularidades en la comercialización de las cabillas y la cuenta bancaria, así como otros datos, en la Comisión de Contraloría del Parlamento, bajo la conducción del PSUV, con la petición de que sean investigadas y sancionados los responsables.
Los expedientes apuntan a Velásquez Rosas, a quien se le acusa de haber paralizado también la construcción de una planta de tubos en Bolívar e incurrido en el sobreprecio de 500 toneladas de aluminio en 2009.
"El gerente del proyecto fue despedido cuando reveló las irregularidades", aseguró Velásquez, quien señaló que otras 200 toneladas fueron entregadas a contratistas para que las revendieran a la CVG: "Era un negocio perfecto: la producían barato y, luego, la compraban con sobreprecio".
Velásquez Rosas fue detenido por este caso en junio pasado y espera por un juicio.
CICPC investiga la ruta del oro. En el informe consignado en el Legislativo, se detallan los problemas de Minerven, que es considerada por Andrés Velásquez como "blanco de la mafia" por supuestos ilícitos como contratos ilegales de oro y la trasgresión de la Ley del Banco Central de Venezuela, que obliga a la CVG a entregar a este organismo la producción con la cual avala las reservas internacionales.
"Ese oro que no es declarado se vende en Curazao; en total, cinco toneladas. Minerven está obligada, por ley, a vender 50% de la producción al BCV, pero si no lo coloca, todo, 100% que no exporta, debe remitirlo a las arcas de la Tesorería. En 2010, sólo entregó 43%. ¿Qué pasó con el resto?", preguntó Velásquez al citar la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas y Minería.
Al ir detrás de la CVG, la investigación parlamentaria llegó hasta "las empresas consentidas" de Minerven; en otras palabras, aquellas que reciben contratos a dedo sin atender a procesos de licitación.
La correspondencia fue suscrita por Wilmer Díaz Conrado, director de Investigaciones de Delitos de la Función Pública. Sin embargo, los resultados se desconocen. Andrés Velásquez duda que haya habido alguna sanción, pues, no hay información de algún responsable.
"El presidente de la empresa, Luis Herrera Mendoza, asignó un contrato a D&S Equipment Parts CA, a pesar de que no aparece en el Registro Nacional de Contratistas y de que Pdvsa le otorga descuentos y tasas preferenciales para adquirir, por ejemplo, aceites. Se optó por D&S para comprar repuestos, aceites e implementos de trabajo aun cuando los pagos eran cash y que hay un sobreprecio de 108%", como puede verse en la orden de compra 24742, de fecha 9 de marzo de 2007.
La irregularidad fue descubierta al conocerse la oferta que presentó otra compañía, Meta Guayana CA, en competencia con D&S; la primera cobraba 284.215,68 bolívares, mientras que la segunda, 511.913,16. "La oferta de Meta fue anulada para beneficiar a la otra", dijo Velásquez.
La corrupción en Minerven no sólo es seguida por el Parlamento, sino por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En 2010, a través del oficio 9700054/3905, fechado en Caracas el 18 de octubre de ese año, se le pide a la vicepresidenta ejecutiva de la CVG, Haydée Valenzuela, una lista de los compradores de oro, así como un informe de las últimas operaciones en la empresa.
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