El Gobierno nacional acelera los mecanismos para implementar la Ley de Costos y Precios Justos a partir del 22 de noviembre. Pese al discurso inicial de las autoridades, ahora desde el Ejecutivo se asegura que el instrumento jurídico abarcará a todos los actores económicos.
Edmée Betancourt, ministra de Comercio, aseguró que la Superintendencia de Costos y Precios Justos continuará con los análisis de las estructuras de costos que venían realizando los ministerios y otras instancias oficiales. Indicó que en primer término se centrarán en los productos alimenticios, pero luego se extenderá a todos los sectores.
Edmée Betancourt, ministra de Comercio, aseguró que la Superintendencia de Costos y Precios Justos continuará con los análisis de las estructuras de costos que venían realizando los ministerios y otras instancias oficiales. Indicó que en primer término se centrarán en los productos alimenticios, pero luego se extenderá a todos los sectores.
"Se va a continuar el proceso, continuarán los medicamentos, higiene personal y continuaremos hasta que lleguemos a todos y cada uno de los productos que son de uso de nuestra población", dijo Betancourt a la salida de una reunión en la vicepresidencia de la República entre diversos miembros del gabinete ejecutivo y de organismos como el Seniat y Cadivi, entre otros.
Por su parte, Karlin Granadillo, Superintendente de Costos y Precios Justos, señaló que el reglamento del texto legal tampoco especificará los sectores a los que se aplicará.
"En el reglamento no está estipulado que se definan los sectores, pues eso puede ir variando según las necesidades del aparato productivo, de las personas, de la situación del país, la situación internacional en función de las actividades económicas, no se puede por ley fijar por los sectores, eso puede variar constantemente", afirmó Granadillo.
Desde que se promulgó la ley, en julio pasado, las autoridades reiteraban que la norma se aplicaría a los sectores "prioritarios".
"Los precios máximos de venta al público y los precios de banda, hasta ahora, hemos definido que será en bienes como alimentos y bebidas no alcohólicas, materiales de construcción y vivienda, útiles y uniformes escolares, textiles y calzados básicos, productos de limpieza del hogar y de cuidado personal, medicamentos", dijo a El Universal el pasado 20 de julio Elías Jaua, vicepresidente de la República.
Sin traumas
Granadillo aseguró que la implementación de la Ley de Costos y Precios Justos no supondrá "traumas" para la economía nacional y que sólo busca frenar a quienes persiguen "ganancias excesivas".
Asimismo, explicó que las autoridades fijarán conjuntamente con las empresas los Precios Máximos de Venta al Público (Pmvp). "No es que el Gobierno va a fijar el precio y posteriormente la empresa debe adecuarse a eso, el precio que se decida como Pmvp es un precio que viene de un análisis de la estructura de costos de las empresas".
La recién designada Superitendente de Costos y Precios Justos también anunció que no existe un margen de utilidad pre-establecido, sino que será en función de las estructuras de costos de las empresas.
No obstante, la ministra de Comercio señaló que 10% de utilidad es suficiente. "Estimo que una utilidad razonable de una empresa puede ser 10%", expresó Betancourt.
Reunión con ensambladoras
El viceministro para el desarrollo industrial, Carlos Farías, se reunió con directivos de las ensambladoras. En el encuentro se discutió la realidad del mercado automotor y el funcionario solicitó a las automotrices "monitorear" la conducta de los concesionarios y verificar si cumplen con el precio sugerido por las ensambladoras para la venta de los carros.
El pasado martes, Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (Mctii), informó que el Ejecutivo establecería el margen de comercialización de los concesionarios.
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