La nueva ley que regulará el arrendamiento de viviendas en Venezuela fue creada por el oficialismo para acabar con la “especulación”, aunque para los propietarios es un nuevo ataque del gobierno de Hugo Chávez a la propiedad privada y “exterminará” la oferta de alquileres, reseña Afp.
Según el gobierno, la ley, aprobada el jueves por la mayoría oficialista del Parlamento venezolano, surgió de la iniciativa popular y busca eliminar “la especulación” en los alquileres y evitar que la renta de viviendas sea vista “como un negocio”.
“Se hace justicia a más de 750.000 familias que viven como inquilinas y también al pequeño arrendador”, aseguró el diputado oficialista Diosdado Cabello, uno de los promotores del instrumento jurídico.
Pero, para los propietarios, “esta ley decreta un exterminio total del mercado de alquiler, porque la gente bajo estas condiciones de inseguridad jurídica sencillamente no va a arrendar su inmueble”, aseguró a la AFP el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR), Roberto Orta.
“Es una ley que va en contra del derecho a la propiedad y para la que no se escuchó a los propietarios. Es una ley política y extremadamente punitiva donde todas las multas van para el arrendador y son altísimas”, explicó Orta, que representa a más de 300 propietarios de inmuebles urbanos.
“No es verdad” que vaya a acabar con el alquiler, ni tampoco que se favorezca “al inquilino que atropella, que no paga”, defendió por su parte Cabello, precisando que la ley “se encarga de proteger al débil jurídico”.
La normativa establece la creación de una Superintendencia de Inquilinato, un organismo estatal que llevará un registro de arrendadores y arrendatarios, se encargará de revisar todos los contratos, establecer el canon de alquiler y mediar en caso de problemas, entre otras funciones.
“Nadie podrá alquilar sin aprobación previa del gobierno, convirtiendo el arrendamiento de viviendas en un trámite burocrático que durará meses”, resalta un documento publicado este viernes por APIUR.
Los propietarios critican también los “procedimientos interminables” para recuperar una vivienda alquilada, el “indefinido impuesto a las viviendas desocupadas” que no se ofrezcan en renta, el “irrisorio” monto del alquiler que será fijado por el Estado, y las sanciones a los arrendadores que van de multas a expropiaciones.
“La ley es anticonstitucional (…) y, de ser necesario, vamos a recurrirla incluso ante instancias internacionales porque vulnera el derecho a la propiedad”, advirtió Orta.
Sin embargo, durante la discusión final de la ley en el Parlamento -que se extendió por más de un mes- el oficialismo cedió en algunos puntos y, así, los contratos finalmente se firmarán por un año y no por tres, y la rentabilidad anual podrá ser de hasta 5% del valor del inmueble y no solo de 3% como estaba inicialmente estipulado.
Solucionar la fuerte crisis habitacional es una de las prioridades del presidente Hugo Chávez -que en octubre de 2012 optará a un tercer mandato consecutivo-, y para lograrlo el gobierno lanzó un programa que busca compensar en los próximos seis años un déficit de unos dos millones de viviendas.
“Vamos a comenzar a aplicar pronto esta maravillosa ley, es una ley socialista. Aplaudo la aprobación de la ley” de arrendamiento, celebró el jueves el mandatario venezolano.
Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, la ley tiene un carácter eminentemente “político e ideológico”.
Además, según Martini, la nueva legislación “traerá la eliminación del mercado formal de inquilinato” porque da prioridad a los derechos de los inquilinos y desmotiva a los propietarios a alquilar sus inmuebles.
Chávez deberá promulgar la ley en los próximos días para su entrada en vigencia, ante las presiones de los propietarios y las críticas de sus detractores políticos, que aseguran que tiene fines electorales y responde a “la incapacidad del gobierno” de cumplir su meta de construcción de viviendas.
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