Corte Suprema de Estados Unidos allana el camino para la demanda de Skye Ventures.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud de avocamiento que introdujo el gobierno venezolano, dejando abiertas las puertas para que Skye Ventures demande a la República en los tribunales de este país por el incumplimiento en el pago de bonos emitidos por el extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) en 1981.En septiembre de 2010 el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Cincinnati, en Estados Unidos, dictaminó que los tribunales federales de Estados Unidos tienen competencia y jurisdicción para resolver si la República debe pagar los bonos.
Con el recurso ante la Corte Suprema el gobierno venezolano intentó que este dictamen quedase sin efecto.
El Gobierno venezolano podría verse obligado a cancelarle a la empresa Skye Ventures dos notas en dólares por un valor nominal de 100 millones de dólares, más 800 millones en intereses que habrían sido emitidas por Bandagro.
Skye Ventures compró los bonos al grupo panameño Triad en 2004 y con esta decisión su reclamo en los tribunales de Estados Unidos toma oxígeno.
El 8 de agosto de 2003, Tobías Nóbrega, para ese entonces ministro de Finanzas, envió a la procuradora general de la República, Marisol Plaza, un dictamen de la Consultoría Jurídica del despacho en donde se pronuncia a favor de cancelarle al Grupo Triad un cúmulo de "notas promisorias" supuestamente emitidas por el extinto Banco de Desarrollo Agropecuario (Bandagro) en 1981, que representan 600 millones de dólares sin contar los intereses.
Marisol Plaza fija posición el tres de octubre de 2003, cuando decide que "acepta la valoración y el criterio sostenido por la Consultoría Jurídica del Ministerio de Finanzas (...) y en tal sentido la Procuraduría General de la República se pronuncia por la procedencia de la citada reclamación".
Pero rápidamente cambian las cosas para el Grupo Triad. Tobías Nóbrega, quien había enviado a la Procuraduría el informe de su consultor jurídico, Oscar Guzmán Cova, sorpresivamente destituye a este funcionario y solicita un nuevo pronunciamiento legal, a la vez que afirma que no está dispuesto a cancelar las "notas promisorias".
En agosto de 2004, Skye Ventures introdujo una demanda contra el Ministerio de Finanzas y la República por incumplimiento del mandato de pago del dictamen de la Procuraduría General de la República en Estados Unidos.
En enero de 2005 la Procuraduría afirmó ante la Corte de Columbus que el dictamen del 3 de octubre de 2003 no es vinculante, catalogándolo de interadministrativo.
Skye Ventures sostiene que adquirió los bonos por considerar vinculante el primer dictamen de la Procuraduría.
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