EL PUEBLO TIENE DERECHO A SABER…
El Alto Mando militar debe renunciar tras las declaraciones del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, para facilitar la necesaria investigación judicial que debe realizarse a quienes han sido acusados de estar vinculados al narcotráfico.
“Quien no la debe no la teme”, reza el sabio refranero popular. Toda la lista de nombres mencionados, por quien fuera hasta hace pocos días Presidente de la Sala de Casación Penal del máximo Tribunal de la República, deben ser profundamente investigada hasta que se demuestre sin lugar a dudas su inocencia o su culpa.
No se trata de un grupo cualquiera de personas. Aponte mencionó al General Cliver Alcalá Cordones, jefe de la Cuarta División Blindada del Ejército, calificándolo como “el zar de la droga en Venezuela”, acompañado en la tarea nada menos que por un viceministro: Néstor Reverol.
No es la primera vez, recordemos que Cliver Alcalá es uno de los funcionarios venezolanos incluidos en la lista realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones terroristas.
En un país en el que se utiliza un cuartel para “resguardar droga”, y donde el sistema judicial dispensa “favores” a funcionarios del gobierno vinculados con la droga y la guerrilla, se menciona al General en Jefe Henry de Jesús Rangel Silva. Ministro de la Defensa, y nada menos que al Director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), General Néstor Luis Reverol.
El pueblo tiene derecho a saber. Ya no es posible que se sigan otorgando rangos, reconocimientos, posiciones de comando, con la única credencial de la incondicionalidad.
La Fuerza Armada es del pueblo. Durante muchos años, junto a la iglesia, las universidades, y los medios de comunicación, ha sido una de las instituciones de mayor credibilidad y solvencia. ¡¡¡Que flaco favor le hace hoy el poder desmedido de quien dice amarla y defenderla!!!
La Fuerza Armada no merece que se ponga en entredicho su dignidad para ejercer la herencia de nuestros libertadores.
Ese es el inevitable resultado del ejercicio inmoral del poder que carcome también al sistema de justicia.
Si lo que dice Aponte es cierto, se pone al descubierto lo que venimos denunciando desde hace tiempo: que los jueces en nuestro país sentencian de acuerdo a las órdenes de Chávez y Elias Jaua.
Los que se la pasan hablando de que ahora si hay justicia, como nunca la hubo en los últimos 500 años, no han hecho más que mentir, y convertir al alto funcionariado en un malandraje que se esconde tras los emblemas del Estado para manipular a la justicia como nunca antes se había hecho en la historia republicana.
Ahora el pueblo sabe cómo y por qué hay presos políticos, que pasó con la Juez Afiuni, por qué no se juzgó a quienes dejaron podrir la comida del pueblo, por qué un tribunal prohíbe que se informe sobre la calidad del agua que tomamos los venezolanos, por qué se usan delincuentes para anular a los partidos, por qué no se resuelve el problema carcelario, por qué, en definitiva, no hay justicia.
Se ha hecho un daño al país muy difícil de reparar, porque quienes debían ayudar a que se garantice la justicia, no han hecho otra cosa que dedicarse a controlarla para manipularla.
El pueblo tiene derecho a saber la verdad. Solicitaré en los próximos días ante la plenaria de la Asamblea Nacional, la instalación de una comisión mixta para investigar a los involucrados con Aponte Aponte, sin excepción alguna, incluyendo al Presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.
El pueblo sabe que hacer: por eso se ha hecho mayoritaria la decisión popular de producir un cambio definitivo en la conducción política del país. A final de cuentas, más que un líder que diga que nos ama… necesitamos un liderazgo que el verdad nos respete.
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