Diputado denuncia penetración de mafias en el ejército venezolano
En una entrevista con El Nuevo Herald, el opositor venezolano expresó preocupación por la penetración de las mafias dentro de la Fuerza Armada y por los esfuerzos emprendidos por el gobierno para barrer bajo la alfombra las explosivas acusaciones del ex magistrado Eladio Aponte Aponte respecto a que los oficiales de mayor jerarquía son quienes manejan el negocio de la droga en el país.
Montoya dijo que los esfuerzos del régimen de Caracas por proteger a los militares implicados están produciendo un grave daño institucional a la nación.
“Es un error histórico no investigar esto, porque eso va a permitir que en el seno del gobierno y de la sociedad venezolana sigan creciendo estructuras mafiosas con alto poder político, con alto poder militar y con alto poder económico. Y eso no es conveniente ni siquiera para el mismo gobierno, porque aquel que se deja controlar por las mafias termina comido por las mafias”, añadió Montoya, quien se reunió esta semana en Washington con congresistas y representantes de entidades gubernamentales estadounidenses que están investigando detenidamente las denuncias de Aponte.
Aponte, quien fue destituido en marzo del máximo Tribunal Supremo de Justicia, lleva cerca de dos semanas colaborando con las autoridades estadounidenses, relatando detalles sobre las operaciones del narcotráfico en Venezuela, país que se ha convertido bajo el gobierno de Chávez en la principal puerta de salida para la droga elaborada en Sudamérica.
En el testimonio que brindó en Washington frente a agentes de la Agencia de Lucha contra las Drogas de Estados Unidos (DEA, por su nombre en inglés), Aponte declaró que gran parte de las operaciones de narcotráfico en Venezuela son “dirigidas directamente” por el ministro de Defensa, Henry Rangel Silva; el jefe de la poderosa Cuarta División Blindada del Ejército, Cliver Alcalá; y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Alcalá y Rangel Silva ya habían sido incluidos en la lista elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y organizaciones terroristas.
Cabello, por su parte, fue mencionado en los cables del Departamento de Estado divulgados por WikiLeaks como “uno de los principales polos de corrupción” en Venezuela.
Cabello actualmente encabeza el ala militar del chavismo y se perfila como el hombre de mayor influencia dentro del país después de Chávez, quien pasa la mayor parte de su tiempo en Cuba para tratarse el cáncer que padece.
La existencia de las mafias nombradas por Aponte está tocando la fibra moral de la Fuerza Armada Nacional, declaró Montoya.
“Es una situación que podría provocar una fractura dentro de las Fuerzas Armadas y eso es peligroso para cualquier país”, comentó. “No se puede tener a oficiales que sientan un sentido de obediencia y pedirles que convivan con oficiales que están cuestionados éticamente, por delitos de lesa humanidad o de tráfico de droga”.
Montoya criticó la actitud complaciente emprendida por el gobierno frente a lo que calificó como “uno de los casos más graves” en la historia del continente americano de corrupción judicial y política.
“No sé si en el mundo se haya repetido el evento donde un juez del máximo tribunal de una república admitiera que utilizó la justicia para perseguir políticamente y favorecer el negocio del narcotráfico en una nación”, comentó Montoya.
Pero en vez de investigar, las autoridades venezolanas han preferido banalizar las acusaciones y se han esforzado por tratar de proyectar la noción de que Aponte, quien fue hombre de la Revolución Bolivariana por muchos años antes de ser destituido, ahora es portavoz de la oposición venezolana.
Para Montoya, ese esfuerzo de dirigentes del gobierno por convertir a Aponte en un representante de la oposición es risible, ante la existencia de innumerables testimonios y registros históricos y periodísticos que demuestran que el ex magistrado contaba con toda la confianza del régimen para escalar al máximo nivel.
Adicionalmente, la decisión de banalizar las acusaciones está propiciando un duro golpe a una mayoría de oficiales honestos, quienes están indignados ante la situación.
“Se le está dando un golpe a la institucionalidad de la Fuerza Armada, al no limpiar su nombre por no investigar la posibilidad de que algunos de sus oficiales estén en el negocio de la droga, en asociación con algunos funcionarios del gobierno”, advirtió.
No hay comentarios:
Publicar un comentario