El candidato a
la Gobernación de Bolívar, Andrés Velásquez, denunció que la fiscal
general de la República, Luisa Ortega Díaz, archivó las actuaciones del
decomiso de 460 kilos de cocaína hallada en el buque liberiano Juergen
Schulte, anclado en el muelle de Ferrominera en Puerto Ordaz en octubre
de 2011.
Velásquez precisó que Ortega Díaz ordenó el cierre de la causa y la devolución del barco, obviando el delito apreciado por los fiscales que actuaron primeramente en el procedimiento, y que calificaron el hecho como tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, asociación para delinquir, y violación de la ley contra la delincuencia organizada.
“Es decir aquí hubo un delito que queda sin delincuentes, porque se le dio libertad plena a todos los imputados, y fue el mismo jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en el estado Bolívar, Pablo Jaramillo Martínez, quien diligenció la entrega del navío a quienes estuvieron implicados”, dijo, de acuerdo a una nota de prensa.
Asimismo, señaló que “se presentó un acto conclusivo sencillamente por una orden de arriba, de allá donde manda la ciudadana Fiscal General de la República, ella engavetó el caso del narcobuque de Ferrominera”.
Por otra parte, el diputado dijo comprender ahora por qué la fiscal Ortega Díaz considera que no deben investigarse las graves denuncias hechas públicas por el ex presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte.
“Como lo señaló Aponte Aponte, ella es una de las acusadas, una de las implicadas en la práctica de la justicia telefónica express donde llaman y ordenan; condena a este, denle libertad a aquel, acusa a sutano, encierra a fulano, lo cual queda demostrado en el caso del narcobuque, donde se ve que el narcotráfico ha penetrado las instituciones de nuestro país”, apuntó.
Asimismo el parlamentario subrayó que con decisiones y actitudes como ésta se evidencia una vez más la impunidad reinante en Venezuela, y que es una de las causas de los altos índices de inseguridad que sufre la población ante la inoperancia del sistema de justicia.
“En Bolívar, por ejemplo, tenemos apenas cinco jueces de control, seis jueces para juicios y tres para ejecución de sentencias, con esta cantidad de jueces y con los pocos fiscales que hay en el estado, que cada uno de ellos atiende mas de 30 mil causas, sencillamente lo que estamos es frente a un cuadro de impunidad total del delito”, afirmó.
“Y si a eso le sumamos que quienes dirigen la administración de justicia, y que deben velar por el castigo a los criminales, son funcionarios que se ocupan es de poner en libertad a aquellos que son atrapados con las manos en la masa, como ocurrió con la droga en el muelle de Ferrominera, entonces estamos ante lo que se califica como Estado fallido”, concluyó.
Velásquez precisó que Ortega Díaz ordenó el cierre de la causa y la devolución del barco, obviando el delito apreciado por los fiscales que actuaron primeramente en el procedimiento, y que calificaron el hecho como tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, asociación para delinquir, y violación de la ley contra la delincuencia organizada.
“Es decir aquí hubo un delito que queda sin delincuentes, porque se le dio libertad plena a todos los imputados, y fue el mismo jefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) en el estado Bolívar, Pablo Jaramillo Martínez, quien diligenció la entrega del navío a quienes estuvieron implicados”, dijo, de acuerdo a una nota de prensa.
Asimismo, señaló que “se presentó un acto conclusivo sencillamente por una orden de arriba, de allá donde manda la ciudadana Fiscal General de la República, ella engavetó el caso del narcobuque de Ferrominera”.
Por otra parte, el diputado dijo comprender ahora por qué la fiscal Ortega Díaz considera que no deben investigarse las graves denuncias hechas públicas por el ex presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte.
“Como lo señaló Aponte Aponte, ella es una de las acusadas, una de las implicadas en la práctica de la justicia telefónica express donde llaman y ordenan; condena a este, denle libertad a aquel, acusa a sutano, encierra a fulano, lo cual queda demostrado en el caso del narcobuque, donde se ve que el narcotráfico ha penetrado las instituciones de nuestro país”, apuntó.
Asimismo el parlamentario subrayó que con decisiones y actitudes como ésta se evidencia una vez más la impunidad reinante en Venezuela, y que es una de las causas de los altos índices de inseguridad que sufre la población ante la inoperancia del sistema de justicia.
“En Bolívar, por ejemplo, tenemos apenas cinco jueces de control, seis jueces para juicios y tres para ejecución de sentencias, con esta cantidad de jueces y con los pocos fiscales que hay en el estado, que cada uno de ellos atiende mas de 30 mil causas, sencillamente lo que estamos es frente a un cuadro de impunidad total del delito”, afirmó.
“Y si a eso le sumamos que quienes dirigen la administración de justicia, y que deben velar por el castigo a los criminales, son funcionarios que se ocupan es de poner en libertad a aquellos que son atrapados con las manos en la masa, como ocurrió con la droga en el muelle de Ferrominera, entonces estamos ante lo que se califica como Estado fallido”, concluyó.
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