Escándalo Narco Socava Salida Militar A Régimen Chavista

Aponte y Velázquez

Con Hugo Chávez teniendo ya que usar pañales, dada la alta disfunción corporal que le está provocando el avanzado cáncer que padece, según últimas informaciones médicas a las que ha tenido acceso ABC, la marcha de Venezuela del juez del Tribunal Supremo Eladio Aponte le ha llegado al líder bolivariano en el peor momento.

Las revelaciones de Aponte sobre la implicación de los militares fuertes del chavismo en el tráfico de droga, en una operación supervisada por el propio presidente del país, podría abortar una de las salidas que está barajando Chávez para su sucesión: la instauración de una junta militar formada por sus más cercanos compañeros de armas, que suspendería las elecciones previstas para el 7 de octubre. Si una opción militar, que se justificaría por la excepcionalidad del momento y el peligro de desórdenes, ya sería dificil de aceptar internacionalmente, tendría aún más rechazo por el carácter de «narcogenerales» de sus componentes.

Una manera de dulcificar esa salida será la creación de un Consejo de Estado, figura que existe en la Constitución, que podrá actuar como una mera pantalla, puro formalismo. Ese órgano podría estar encabezado por José Vicente Rangel, un octogenario con habilidad política pero que no sería el hombre fuerte en la sucesión.

Un segundo exjuez del Tribunal Supremo, Luis Velázquez Albaray, contactó ayer con la DEA, la agencia antidroga de EE.UU., para anunciar su disposición a viajar a Washington y declarar sobre las prácticas de narcotráfico del chavismo. Al cierre de esta edición, Velázquez se encontraba negociando con las autoridades estadounidenses sobre las condiciones de su traslado a Washington desde Costa Rica, donde ahora reside tras haber pasado unos años en España, de acuerdo con fuentes conocedoras del caso.

Aunque su testimonio no se refiere a operaciones recientes —salió de Venezuela hace seis años—, es igualmente importante para actuar de testigo contra algunos de los principales actores del narcotráfico. Entre estos, el juez Aponte, huido de Venezuela tras su destitución el 20 de marzo, ha señalado al general Clíver Alcalá; al ministro de Defensa, Henry Rangel; al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y al director de la Dirección de Información Militar, Hugo Carvajal.

Alcalá y Rangel ya habían sido incluidos en la lista elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y con Hizbolá. Cabello había sido mencionado en los cables del Departamento de Estado divulgados por Wikileaks como «uno de los principales polos de corrupción de Venezuela».

La DEA y el FBI «tienen montañas de información que inculpa a todos ellos, desde conversaciones telefónicas grabadas a correos electrónicos y otros documentos, pero lo que no tenía era un testigo, y sin él toda esa información no tiene validez para presentar cargos en el sistema legal estadounidense», advierten las fuentes consultadas, que han tenido contacto directo tanto con Aponte como con Velázquez.

Aponte, que hoy debiera concluir sus declaraciones a la DEA y a los fiscales del Distrito Sur de Manhattan, que ocupa de todas las transacciones sospechosas hechas en el mundo en dólares, ejercerá de testigo protegido en el caso de que se llegue a un juicio en ausencia contra los «narcogenerales» venezolanos. Aunque este se demore, EE.UU. puede dictar «endiments» —resoluciones de acusación— que convierten a las personas acusadas en parias internacionales, con órdenes de captura por cualquier país en el que se encuentren y posibles sanciones a quienes les reconozcan si pasan a dirigir altos puestos institucionales.