El líder venezolano era informado
cada semana de las operaciones de tráfico de drogas realizadas bajo control del
Ejército, según pudo saber ABC
Hugo Chávez ha estado recibiendo durante
años informes semanales sobre las operaciones de narcotráfico realizadas en
Venezuela, llevadas a cabo bajo control de las Fuerzas Armadas. Detalles de
esos encuentros, en los que el director de la Inteligencia Militar habría dado
cuenta puntualmente al presidente venezolano de cómo se estaba desarrollando el
negocio de los estupefacientes, han sido ofrecidos a la poderosa Agencia
Antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) por el huido
magistrado venezolano Eladio Aponte. Así lo ha podido saber ABC de fuentes
conocedoras de los pormenores de la voluntaria entrega de Aponte a las
autoridades de Washington.
Un narcotráfico de Estado, dirigido por
«narcogenerales» y tutelado por el propio Hugo Chávez, y una Justicia amañada
tanto para proteger esas operaciones como para «montar» juicios contra
disidentes políticos, es la Venezuela del chavismo cuya realidad ahora emerge
ante la descomposición del régimen. Pieza clave de esa utilización de los
tribunales para los intereses del régimen fue el juez Aponte, primero como
fiscal militar, y luego como responsable de la Sala Penal del Tribunal Supremo
de Justicia del país. Con Chávez en plena salud, Aponte habría tenido pocas
oportunidades de escaparse. Pero ahora, con el presidente frecuentemente en
Cuba y los responsables de seguridad más preocupados por su propio futuro,
nadie reparó en que el gran testigo de la corrupción del chavismo podía
marcharse del país.
La huida
Destituido el 20 de marzo por las
acusaciones de Walid Makled, un excapo civil de la droga caído en desgracia
debido a luchas internas, Aponte acudió a su despacho el día de su escapada
para recoger sus cosas. Cuando salió del edificio le dijo al chófer que
prefería regresar a casa en taxi. Viajó en taxi hasta la península de
Paraguaná, a unos 500 kilómetros de Caracas. Allí contrató a un pescador para
que lo llevara en lancha a la isla de Aruba, a 45 minutos de distancia. Y en la
isla tomó un avión, primero a Panamá y luego a Costa Rica, donde le recogió la
DEA.
Sospechando que podía pagar los platos
rotos por el caso Makled —él mismo había usado a chivos expiatorios muchas
veces para salvar la cara de altos mandos militares en procesos penales—, Aponte
estuvo enviando fuera del país documentos confidenciales durante tres meses.
Todos están ya en poder de las autoridades estadounidenses.
Carta comprometedora
Entre ellos, por ejemplo, hay una
comprometedora carta de 2007 en la que el entonces ministro de Defensa, el
general Raúl Baduel, informaba a Chávez de que existían «suficientes elementos
que vinculan» al general Henry Rangel, hoy titular de Defensa, con un caso de
narcotráfico: un cargamento de 2,2 toneladas de cocaína, procedente de las
FARC, se había guardado en un cuartel del Ejército de una zona fronteriza con
Colombia y estaba siendo transportado por un convoy militar cuando fue
interceptado. La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, señalaba que
Rangel era primo de uno de los imputados, y añadía: «Muy respetuosamente
sugiero se abra una profunda investigación y auditoría de sus bienes (…), y el
cese de sus actividades laborales, hasta que se pueda descartar su
participación en los hechos antes mencionados».
Chávez no solo no promovió una
investigación, sino que, de acuerdo con Aponte, le habría insistido para tapar
cuanto se pudiera el asunto. Una injerencia en asuntos judiciales desde la
Presidencia de la República que el juez asegura es frecuente en el régimen.
Baduel pagó su osadía con la obligación de retirarse del Ejército al cabo de
unos pocos meses, y en 2010 fue sentenciado a ocho años de prisión por
corrupción. Rangel fue promocionado, como también lo acabaría siendo el
teniente coronel Pedro Maggino, principal encausado en el mencionado proceso
judicial, que Aponte manipuló. El expediente de ese juicio permite concluir que
el caso «no era un incidente aislado y que la planificación apuntaba a una red
de narcotráfico bien establecida de oficiales militares», según el dictamen de
juristas que lo han examinado.
Aponte es la primera persona que involucra
directamente a Chávez en ese negocio, según el testimonio que avanzó una vez ya
fuera de Venezuela a las fuentes consultadas por ABC. El magistrado aseguró que
varias veces había estado presente cuando el director de Inteligencia Militar
presentaba su informe semanal al presidente sobre las operaciones de tráfico de
droga. No está claro que esa acusación la pueda sustentar con pruebas escritas.
En cualquier caso, asegura tenerlas (por ejemplo, pagos a cuentas bancarias)
contra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, que es el jefe
del partido y uno de los posibles sucesores de Chávez al frente del movimiento.
«Cabello es el capo de los capos, porque es el que controla toda la
infraestructura del lavado del dinero», declaró Aponte, de acuerdo con las
fuentes citadas.
En declaraciones que entonces también hizo
a la cadena SoiTV de Miami, calificó al general Clíver Alcalá, que comanda la
División Acorazada, como «el zar de la droga», quien se ocupa de la
operatividad de los envíos, en colaboración nada menos que con la Oficina
Nacional Antidroga, el coronel Néstor Reverol.
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