La guerra de Irak cobró 162.000 muertos desde 2003; Venezuela registró 76% de esas bajas en el mismo período. A pesar de haber implementado al menos 20 planes de seguridad, los homicidios crecieron 223% en los últimos 14 años. Fermín Mármol García advierte que no basta con situar militares en ciertos puntos. Por Joseph Poliszuk
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Protesta en Vargas por la inseguridad (Cruz Sojo / Archivo)
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EL UNIVERSAL
domingo 3 de junio de 2012 12:14 PM
De 1999 para acá los homicidios
se multiplicaron tres veces. Ese año, cuando el presidente Hugo Chávez
se estrenaba en Miraflores, el Gobierno sacó a la Guardia Nacional a la
calle para iniciar una sucesión de al menos 20 planes de seguridad, en
cuyo interín han ocurrido 155.788 asesinatos.
Esos efectivos de la Guardia Nacional en tareas de patrullaje y labores policiales es uno de los aspectos que la directora de Cofavic, Liliana Ortega, encuentra equivocados a la hora de hacer un balance sobre el desempeño del Gobierno en materia de seguridad. "El control del orden público no puede estar en manos de funcionarios militares", dice. "Es un estándar internacional que en Venezuela no se ha aplicado".
En 1999 se registraron 5.968 homicidios y, 13 años después, 2011 cerró con 19.336. Los asesinatos se han disparado 223% más durante este Gobierno, según las cifras que ha podido confirmar el Observatorio Venezolano de Violencia.
El último ministro de Relaciones Interiores de Rafael Caldera, Hilarión Cardozo, entregó el testigo con 4.550 asesinatos y para frenar los índices de violencia, que ya eran escándalo y hasta bandera electoral, Luis Miquilena inauguró el Gobierno con una política que dejó la coordinación de las tareas contra el hampa en manos de la Guardia Nacional.
"Políticas epilépticas"
Frente a los medios y a un país que demandaba cambios, el nuevo ministro de Relaciones Interiores cuestionó el 26 de marzo de 1999 a los gobiernos anteriores, por considerar que desarrollaban "políticas epilépticas" y carecían de un programa concebido que agrupara a todos los organismos de seguridad.
Como en las morgues del país, Miquilena prometió recoger el muerto y para eso anunció 200.000 funcionarios policiales desplegados en todo el territorio nacional, a través de un Plan de Seguridad Ciudadana que planteaba deportar a los indocumentados, desarmar a la población, acabar con los carnets y credenciales ad honórem, impedir a los menores de edad permanecer en clubes y sitios públicos a altas horas de la noche y disuadir los crímenes con efectivos de la Guardia Nacional.
Miquilena, sin embargo, no hizo la tarea. Ni siquiera duró un año al frente del ministerio: salió en agosto de 1999 en el camino a la Asamblea Nacional Constituyente y en su lugar quedó Ignacio Arcaya, que en poco más de seis meses siguió los mismos lineamientos.
Le tocó entonces a Luis Alfonso Dávila, el tercero de los 11 enroques que el presidente Chávez ha hecho en la cartera de Interior y Justicia. Desde allí, el nuevo ministro relanzó los planes de seguridad con comités de vigilancia que buscaron involucrar a las comunidades.
Ese año, sin embargo, los homicidios registraron el aumento más alto que se haya visto de un año a otro en el país: los 5.968 asesinatos que dejó 1999 se incrementaron 34% en 2000, llegando hasta 8.022. Miquilena volvió entonces a la carga y en su primera declaración otra vez al frente del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos represivos contra el hampa.
"El país podría desembocar en una situación verdaderamente crítica si no logramos abatir la insurgencia del mundo hamponil", dijo el 4 de febrero de 2001 minutos después de su nombramiento. A partir de allí lanzó el llamado Plan Confianza, otra vez con la Guardia Nacional en tareas policiales así como un proceso que abrió el camino para la primera reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que ahora el presidente Hugo Chávez pide volver a modificar.
Como un boxeador ciego
Estamos dando traspiés. Eso asegura el director del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Pedro Rangel. En la lucha contra los robos, secuestros y asesinatos, imagina al país como un boxeador que sube al ring con los ojos vendados.
"Atacamos los efectos pero no las causas", dice. "No tenemos una idea clara de cómo debemos enfrentar el problema; la inseguridad es un fenómeno multicausal en el que interviene desde la violencia intrafamiliar hasta los contextos sociourbanos, y estos planes de seguridad que ha impulsado el Gobierno pueden estar cargados de buenas intenciones pero más que planes, son un conjunto de operativos cuyos resultados están a la vista".
El director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño-León, agrega en la misma onda, que las respuestas del Gobierno frente al hampa han sido a través de planes que buscan efectos políticos inmediatos: "Se trata de programas parciales destinados a apagar una molestia con respuestas cortoplacistas".
Añade que el Gobierno está entrampado en una discusión ideológica sobre una situación en la que poco importa la derecha y la izquierda. "Dicen que no van a hacer una política represiva como las de derecha, pero no saben que todo programa de seguridad debe tener planes de prevención que ataquen las desigualdades sociales y operativos de represión que, por supuesto, respeten los derechos humanos".
Casi como Irak
En Irak cayeron 162.000 personas entre 2003 y 2011, según la organización no gubernamental Iraq Body Count. Si bien la República Bolivariana de Venezuela no ha sufrido una invasión, el Observatorio Venezolano de Violencia pudo confirmar 124.221 asesinatos ocurridos en el país durante el mismo período. Es decir que sin bombas ni tanques, aquí justo frente a nosotros cayeron 76% de las bajas que tras la caída e Saddam Hussein, se registraron en Bagdad y otras ciudades iraquíes.
"Ni un país en guerra tiene estas cifras", opina Omar Ávila, secretario general del partido Visión Venezuela, donde han venido llevando un histórico de los planes de seguridad que ha implementado el Ejecutivo nacional. Hasta los años 80, la tasa de homicidios del país se mantuvo en el promedio mundial de 8 por cada 100.000 habitantes. A partir de allí aumentó progresivamente hasta los 57 ciudadanos menos que el año pasado hubo por cada 100.000.
"Esto significa que cada 27 minutos un venezolano pierde la vida a manos del hampa", advierte Ávila. Y añade que casi 80% de esos delitos se cometen con armas de fuego, a pesar de los tres programas de desarme que ha anunciado el Gobierno.
"Lo primero que espero anunciar apenas asuma las riendas del ministerio es un plan de desarme de toda la población civil, no sólo de los círculos bolivarianos", afirmó Diosdado Cabello el 5 de mayo de 2002, tras sustituir a Ramón Rodríguez Chacín en Interior y Justicia a los pocos días de los sucesos del 11 de abril.
"Será un desarme nacional", aseguró. "Quien esté armado en los círculos bolivarianos de forma ilegal, pues tiene que asumir su responsabilidad". El corolario de esos anuncios ya son conocidos: Lucas Rincón recibió el testigo en enero de 2003 y reactivó otro plan de seguridad con el que se comprometió a disponer de 100.000 efectivos policiales y militares, así como prevenir el delito con las comunidades.
Guardias en autobuses
Jesse Chacón, por su parte, fue el octavo cambio en Interior y Justicia. Entró en septiembre de 2004 y a lo largo de dos años y medio lanzó cuatro planes de seguridad e inició una reforma policial a través de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, Conarepol.
Chacón le entregó el cargo y las conclusiones de la Conarepol a Pedro Carreño, quien lo desechó por tratarse de un "informe de derecha". Dijo que se necesitaba una nueva consulta para diseñar una policía con valores socialistas, y así siguieron los planes y ministros: Ramón Rodríguez Chacín regresó por segunda vez en 2008 y poco tiempo después le siguió su viceministro de Seguridad Ciudadana, Tarek El Aissami, el qué más ha durado en el cargo.
De los programas de estos últimos años destaca el Plan Caracas Segura y otros similares en los que se vieron funcionarios militares hasta en carpas a las afueras del metro, las plazas y otros espacios públicos de la capital del país. El especialista en temas de seguridad y prevención del delito, Fermín Mármol García, reconoce que esos operativos hicieron efecto pero destaca que no son suficientes: "Inicialmente dio resultado en los sitios en los que se hizo el patrullaje", señala. "Donde haya un guardia nacional va a disminuir el delito pero el problema es en la zona de al lado".
Para Mármol, ha habido una retahíla de planes erráticos y reactivos que han terminado por militarizar el problema. El peor, sin duda, asegura que es el Plan Ruta Segura, anunciado en 2008 por el Presidente con el objetivo de evitar los atracos y asesinatos en el transporte público. El propio Chávez propuso custodiar los autobuses con un Guardia Nacional entre sus asientos; sin embargo, la idea solo se materializó por dos semanas. "Era un sinsentido confinar a un oficial a un autobús, desde el punto de vista policial el fusil no solo neutraliza sino que puede desencadenar violencia y provocar la muerte de un inocente", concluye.
Esos efectivos de la Guardia Nacional en tareas de patrullaje y labores policiales es uno de los aspectos que la directora de Cofavic, Liliana Ortega, encuentra equivocados a la hora de hacer un balance sobre el desempeño del Gobierno en materia de seguridad. "El control del orden público no puede estar en manos de funcionarios militares", dice. "Es un estándar internacional que en Venezuela no se ha aplicado".
En 1999 se registraron 5.968 homicidios y, 13 años después, 2011 cerró con 19.336. Los asesinatos se han disparado 223% más durante este Gobierno, según las cifras que ha podido confirmar el Observatorio Venezolano de Violencia.
El último ministro de Relaciones Interiores de Rafael Caldera, Hilarión Cardozo, entregó el testigo con 4.550 asesinatos y para frenar los índices de violencia, que ya eran escándalo y hasta bandera electoral, Luis Miquilena inauguró el Gobierno con una política que dejó la coordinación de las tareas contra el hampa en manos de la Guardia Nacional.
"Políticas epilépticas"
Frente a los medios y a un país que demandaba cambios, el nuevo ministro de Relaciones Interiores cuestionó el 26 de marzo de 1999 a los gobiernos anteriores, por considerar que desarrollaban "políticas epilépticas" y carecían de un programa concebido que agrupara a todos los organismos de seguridad.
Como en las morgues del país, Miquilena prometió recoger el muerto y para eso anunció 200.000 funcionarios policiales desplegados en todo el territorio nacional, a través de un Plan de Seguridad Ciudadana que planteaba deportar a los indocumentados, desarmar a la población, acabar con los carnets y credenciales ad honórem, impedir a los menores de edad permanecer en clubes y sitios públicos a altas horas de la noche y disuadir los crímenes con efectivos de la Guardia Nacional.
Miquilena, sin embargo, no hizo la tarea. Ni siquiera duró un año al frente del ministerio: salió en agosto de 1999 en el camino a la Asamblea Nacional Constituyente y en su lugar quedó Ignacio Arcaya, que en poco más de seis meses siguió los mismos lineamientos.
Le tocó entonces a Luis Alfonso Dávila, el tercero de los 11 enroques que el presidente Chávez ha hecho en la cartera de Interior y Justicia. Desde allí, el nuevo ministro relanzó los planes de seguridad con comités de vigilancia que buscaron involucrar a las comunidades.
Ese año, sin embargo, los homicidios registraron el aumento más alto que se haya visto de un año a otro en el país: los 5.968 asesinatos que dejó 1999 se incrementaron 34% en 2000, llegando hasta 8.022. Miquilena volvió entonces a la carga y en su primera declaración otra vez al frente del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos represivos contra el hampa.
"El país podría desembocar en una situación verdaderamente crítica si no logramos abatir la insurgencia del mundo hamponil", dijo el 4 de febrero de 2001 minutos después de su nombramiento. A partir de allí lanzó el llamado Plan Confianza, otra vez con la Guardia Nacional en tareas policiales así como un proceso que abrió el camino para la primera reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que ahora el presidente Hugo Chávez pide volver a modificar.
Como un boxeador ciego
Estamos dando traspiés. Eso asegura el director del Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Pedro Rangel. En la lucha contra los robos, secuestros y asesinatos, imagina al país como un boxeador que sube al ring con los ojos vendados.
"Atacamos los efectos pero no las causas", dice. "No tenemos una idea clara de cómo debemos enfrentar el problema; la inseguridad es un fenómeno multicausal en el que interviene desde la violencia intrafamiliar hasta los contextos sociourbanos, y estos planes de seguridad que ha impulsado el Gobierno pueden estar cargados de buenas intenciones pero más que planes, son un conjunto de operativos cuyos resultados están a la vista".
El director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño-León, agrega en la misma onda, que las respuestas del Gobierno frente al hampa han sido a través de planes que buscan efectos políticos inmediatos: "Se trata de programas parciales destinados a apagar una molestia con respuestas cortoplacistas".
Añade que el Gobierno está entrampado en una discusión ideológica sobre una situación en la que poco importa la derecha y la izquierda. "Dicen que no van a hacer una política represiva como las de derecha, pero no saben que todo programa de seguridad debe tener planes de prevención que ataquen las desigualdades sociales y operativos de represión que, por supuesto, respeten los derechos humanos".
Casi como Irak
En Irak cayeron 162.000 personas entre 2003 y 2011, según la organización no gubernamental Iraq Body Count. Si bien la República Bolivariana de Venezuela no ha sufrido una invasión, el Observatorio Venezolano de Violencia pudo confirmar 124.221 asesinatos ocurridos en el país durante el mismo período. Es decir que sin bombas ni tanques, aquí justo frente a nosotros cayeron 76% de las bajas que tras la caída e Saddam Hussein, se registraron en Bagdad y otras ciudades iraquíes.
"Ni un país en guerra tiene estas cifras", opina Omar Ávila, secretario general del partido Visión Venezuela, donde han venido llevando un histórico de los planes de seguridad que ha implementado el Ejecutivo nacional. Hasta los años 80, la tasa de homicidios del país se mantuvo en el promedio mundial de 8 por cada 100.000 habitantes. A partir de allí aumentó progresivamente hasta los 57 ciudadanos menos que el año pasado hubo por cada 100.000.
"Esto significa que cada 27 minutos un venezolano pierde la vida a manos del hampa", advierte Ávila. Y añade que casi 80% de esos delitos se cometen con armas de fuego, a pesar de los tres programas de desarme que ha anunciado el Gobierno.
"Lo primero que espero anunciar apenas asuma las riendas del ministerio es un plan de desarme de toda la población civil, no sólo de los círculos bolivarianos", afirmó Diosdado Cabello el 5 de mayo de 2002, tras sustituir a Ramón Rodríguez Chacín en Interior y Justicia a los pocos días de los sucesos del 11 de abril.
"Será un desarme nacional", aseguró. "Quien esté armado en los círculos bolivarianos de forma ilegal, pues tiene que asumir su responsabilidad". El corolario de esos anuncios ya son conocidos: Lucas Rincón recibió el testigo en enero de 2003 y reactivó otro plan de seguridad con el que se comprometió a disponer de 100.000 efectivos policiales y militares, así como prevenir el delito con las comunidades.
Guardias en autobuses
Jesse Chacón, por su parte, fue el octavo cambio en Interior y Justicia. Entró en septiembre de 2004 y a lo largo de dos años y medio lanzó cuatro planes de seguridad e inició una reforma policial a través de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, Conarepol.
Chacón le entregó el cargo y las conclusiones de la Conarepol a Pedro Carreño, quien lo desechó por tratarse de un "informe de derecha". Dijo que se necesitaba una nueva consulta para diseñar una policía con valores socialistas, y así siguieron los planes y ministros: Ramón Rodríguez Chacín regresó por segunda vez en 2008 y poco tiempo después le siguió su viceministro de Seguridad Ciudadana, Tarek El Aissami, el qué más ha durado en el cargo.
De los programas de estos últimos años destaca el Plan Caracas Segura y otros similares en los que se vieron funcionarios militares hasta en carpas a las afueras del metro, las plazas y otros espacios públicos de la capital del país. El especialista en temas de seguridad y prevención del delito, Fermín Mármol García, reconoce que esos operativos hicieron efecto pero destaca que no son suficientes: "Inicialmente dio resultado en los sitios en los que se hizo el patrullaje", señala. "Donde haya un guardia nacional va a disminuir el delito pero el problema es en la zona de al lado".
Para Mármol, ha habido una retahíla de planes erráticos y reactivos que han terminado por militarizar el problema. El peor, sin duda, asegura que es el Plan Ruta Segura, anunciado en 2008 por el Presidente con el objetivo de evitar los atracos y asesinatos en el transporte público. El propio Chávez propuso custodiar los autobuses con un Guardia Nacional entre sus asientos; sin embargo, la idea solo se materializó por dos semanas. "Era un sinsentido confinar a un oficial a un autobús, desde el punto de vista policial el fusil no solo neutraliza sino que puede desencadenar violencia y provocar la muerte de un inocente", concluye.
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