Atrás quedaron los días en que los dueños de los carteles de la droga se escondían en fincas remotas, ocultaban su identidad y se resguardaban en zonas fronterizas. Migraron. Y migraron hacia Caracas.
De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), 16 (19,04%) de las 84 personas solicitadas por delitos de tráfico de drogas y capturados en tierras venezolanas -desde 2006 hasta lo que va de 2012- fueron apresadas en Distrito Capital.
Algunos de estos sujetos, que están entre los criminales más buscados de sus respectivos países, viven en zonas exclusivas, se codean con acaudalados personajes y son invitados a agasajos en los que prolifera el whisky añejado. Son millonarios, influyentes y con una orden de captura de Interpol por tráfico de drogas o legitimación de capitales.
En Zulia se encontraron 15 personas (17,86%); en Nueva Esparta fueron capturadas 12 (14,29%) y en Carabobo 11 (13,09%). De las personas solicitadas a nivel internacional 64,29% se encontraban en estas cuatro entidades. Táchira quedó en séptimo lugar, mientras que no se registró ninguna detención en los estados fronterizos del sur del país.
“Esta presencia en Caracas es un hecho inédito y muy grave. Significa que ya están instalados en la ciudad y que no hubo la suficiente prevención para impedir el avance hasta la capital”, indicó Mildred Camero, quien fuera la directora de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (actual ONA) durante seis años.
Tradicionalmente, los barones de la droga habían operado en zonas fronterizas donde existía menos control de sus movimientos, y el costo por su protección era menor. Sin embargo, este fenómeno evidencia que extendieron las zonas de sus operaciones y se incrementó la complejidad de las redes.
“Los carteles de la droga son empresas transnacionales que responden a la oferta y a la demanda. Para la movilización de la droga y de los capos es necesario pagar y para estar en Caracas se hace imprescindible contar con el apoyo y complicidad de las instituciones”, aseveró Camero. Se refería específicamente a los órganos de seguridad del Estado. Policías y militares que se dejan mojar la mano para permitir la “convivencia” de estos sujetos.
Tarek El Aissami tiene una perspectiva completamente diferente. Para el ministro de Interior y Justicia, la cifra que cuenta es la de la cantidad de incautaciones y el peso de los personajes que han sido detenidos y encarcelados por la policía. “Venezuela es un país de referencia de la lucha contra el narcotráfico”, señaló el funcionario, a propósito de la deportación a Colombia de Jhon Horacio Rueda Polonia en 2010.
Ciudadano, contra la pared. La mayoría de los pesos pesados de la droga detenidos en Venezuela son extranjeros. De la lista de los 84 que presentó la ONA -actualmente dirigida por Néstor Reverol- 48 son colombianos (57,14%) y 6 (7,14%) estadounidenses. También hay 4 holandeses y 2 canadienses. Hasta el momento han sido deportados o extraditados 65 (77,38%), según el documento de ONA.
Pero a pesar de que estos hombres y mujeres poseen nacionalidades de otros países, la mayoría de ellos podían circular libremente en territorio nacional, porque se habían agenciado un “capo-kit”. Es decir, un paquete de seguridad que prevé la suplantación de identidad, protección del personaje y su familia y la entrega de documentos nacionales. En el momento de la detención, al menos 29 de ellos presentaron papeles de identificación venezolanos.
“Eso ha funcionado así toda la vida. _Los capos pagan 300 ó 400 mil dólares mensuales, que incluyen su protección integral”, explicó Camero.
En el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) han puesto a la orden de la Fiscalía a 401 gestores que actuaban irregularmente. Sin embargo, las mafias aún actúan. “Es innegable que hay funcionarios que han entregado cédulas que no les corresponde pero estamos comprometidos a erradicar esta práctica”, aseveró el director del organismo, Dante Rivas.
Sobre la posibilidad de que estas identificaciones hayan sido entregadas en el marco de la Misión Identidad, Rivas indicó que el delito no solo lo conoce el funcionario sino el receptor. “Y ellos valiéndose de dinero que tienen, buscan debilidades en el sistema, lo compran y es donde viene el fraude. Pero esa identidad fue mal procesada, no es legal y si se le otorga una cédula es nula, chimba o falsa”.
Activos en el CNE
Estas personas no sólo obtuvieron cédulas venezolanas, sino que algunos se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral.
De la lista de 84, 12 aparecen en la base de datos del organismo con sus nombres verdaderos. Por ejemplo, Luis Mauricio Palacios Giraldo fue capturado en 2009 en Maracaibo, estado Zulia. Estaba solicitado en Colombia por lavado de activos y narcotráfico. Igual, hay una petición de extradición de parte del gobierno de Honduras, país en el que se encontraba preso y de donde se fugó el 2 de mayo de 2008.
O Luis Frank Tello Candelo, alias el “Negro Frank”._ que tenía un lujoso yate estacionado en el archipiélago de Los Roques. Estaba vinculado al grupo delictivo mexicano conocido como ‘Los Zetas’:_Su expediente constaba de 43 piezas.
Asimismo está el caso de Hermágoras González Polanco, alias “El Gordito”. Tenía su propia organización de tráfico de drogas llamada “EL Cartel de La Goajira” que operaba en esa zona fronteriza y en el estado Falcón. También tenía credenciales de inteligencia militar y de la dirección de armamento de la Fuerza Armada Nacional.
Uno por otro
De la lista de los 12, al menos tres suplantaron la identidad de personas previamente inscritas en el Registro Electoral o fallecidas.
Tal el es caso de José María Corredor Ibagué (alías Boyaco)_que se presentaba con la cédula de Andrés Yanave (C.I. 21.549.424) y que tenía fecha de expedición 27 de marzo de 2004. O Gerson Álvarez Dueña, quien se apropió de la identidad de Freddy Medina Valera (C.I. 13.147.589) teniendo así doble nacionalidad y que además estaba inhabilitado para votar porque aparece en el registro del CNE_como fallecido.
También está Hugo Alberto Gnecco, que presentaba como suyos los documentos de Rafael González González (C.I. 11.865.659). Ésta, como tantas otras apropiaciones indebidas, al final no lo protegió, sino que lo convirtió en uno más de la lista de los 84.
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