o
¿seguridad para los ciudadanos?
MUD
Lineamientos del Plan de Gobierno de la Unidad Nacional
Calidad de vida
Introducción
Situación actual
1. El
gobierno de la Unidad Nacional implementará las políticas requeridas
para mejorar ostensiblemente la calidad de vida de todos los
venezolanos.
Seguridad ciudadana
Situación actual
2. La
situación de inseguridad y violencia en nuestro país se ha agravado de
manera asombrosa en los últimos trece años. Las familias venezolanas,
con independencia de su condición social o afiliación política, a diario
son víctimas de la criminalidad desbordada. El Gobierno no protege a
los ciudadanos ni castiga a los delincuentes.
3. El
país ha vivido un incremento dramático en el número de homicidios. Para
el año 1998, se cometieron en Venezuela 4.550 homicidios. El Ministerio
de Interior y Justicia reconoció que en el año 2010 ocurrieron al menos
14.000 asesinatos, es decir, 38 cada día. Nos hemos convertido en la
nación suramericana con mayor índice de homicidios. La mayoría de las
víctimas han sido jóvenes provenientes de los sectores populares.
4. En
Venezuela se producen más de un millón de robos al año. Las personas
pierden sus propiedades en manos de la delincuencia. Las autoridades se
muestran pasivas e indiferentes ante esta realidad. El aumento de los
secuestros ha sido preocupante. Este delito, que en otros tiempos
constituía una amenaza restringida a los sectores de mayores ingresos
del país, se ha hecho extensivo a toda la población.
5. El
Estado ha fallado en su deber de decomisar y destruir las armas de
fuego que utilizan los delincuentes. Amnistía Internacional ha calculado
que en Venezuela circulan cerca de 12 millones de armas de fuego
ilegales. La mayoría de los homicidios (79,48%), robos (73,95) y
secuestros (79,16) se cometen a través de estos letales instrumentos.
6. La
corrupción generalizada es un mal del cual no escapan las instituciones
encargadas de brindar seguridad ciudadana. El informe 2010 de la
organización Transparencia Internacional, ubica al Estado venezolano
como el décimo quinto más corrupto del mundo. La desconfianza que
sienten los ciudadanos en nuestro sistema de justicia, ha motivado que
la mayoría de los delitos no sean denunciados.
7. Venezuela
es hoy uno de los mayores corredores de salida de drogas ilícitas hacia
otros continentes. El informe 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, indica que desde nuestro país salió más
del 50% de los cargamentos que por vía marítima llegaron a Europa. Parte
importante de estas sustancias ilícitas se quedan en Venezuela,
causando adicción y motivando la comisión de delitos. La legitimación de
capitales y otros delitos propios de la delincuencia organizada,
también se han incrementado.
8. Los
órganos de seguridad ciudadana no cuentan con los elementos
científicos, técnicos y operativos para enfrentar el fenómeno criminal.
Los cuerpos policiales, en su mayoría carecen de un personal motivado y
bien capacitado para cumplir con sus importantes funciones. Los
ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones de policía. El
propio Ministerio del Interior y Justicia ha reconocido su incapacidad
cuando manifiesta que el 20% de los delitos son cometidos por
funcionarios policiales.
9. El Ministerio Público y el Poder Judicial se encuentran hoy completamente politizados. La mayoría de los jueces y fiscales son provisorios y no gozan de estabilidad en los cargos, por lo tanto, no actúan con autonomía. Estos El
aumento de los secuestros ha sido preocupante. Circulan cerca de 12
millones de armas de fuego ilegales en el país. La corrupción
generalizada es un mal del cual no escapan las instituciones encargadas
de brindar seguridad ciudadana.
10. El Ministerio Público y el Poder Judicial se encuentran hoy completamente politizados. La mayoría de los jueces y fiscales son provisorios y no gozan de estabilidad en los cargos, por lo tanto, no actúan con autonomía. Estos organismos son “eficientes”
en perseguir a la disidencia política y soslayan el combate contra el
crimen, lo que ha contribuido a que hoy exista en Venezuela un índice
global de impunidad de 91, 27%.
11. Las
cárceles son depósitos de presos donde se violan sistemáticamente los
derechos humanos. De conformidad con las cifras del Observatorio
Venezolano de Prisiones, en el año 2010 murieron 476 reclusos. Tenemos
los penales más violentos e inhumanos del continente. Las 34 cárceles
del país fueron diseñadas para albergar a 12.500 internos y hoy se
encuentran en ellas 46.888. El hacinamiento se eleva a 375%.. EL 70% de
los detenidos están siendo procesados sin haber obtenido una sentencia
definitivamente firme.
12. La
incapacidad del Gobierno ha hecho que la inseguridad se haya convertido
de lejos en el primer problema del país. Los venezolanos viven
aterrorizados ante la posibilidad de ser víctimas de un delito.
13. Las
políticas de seguridad ciudadana implementadas durante el ejercicio del
actual Gobierno nacional, han estado caracterizadas por la
improvisación, la inefectividad y la discontinuidad. Los venezolanos
hemos pagado las consecuencias del fracaso de estas iniciativas.
14. El
actual gobierno ha fallado en la prioritaria tarea de prevenir el
delito. El desarme de los delincuentes no se ha efectuado y las pocas
armas que se decomisan no son destruidas inmediatamente, lo que facilita
que regresen a manos de los antisociales. La promesa presidencial de
atender a los "niños de la calle", ha sido flagrantemente incumplida. No
ha existido la debida asistencia a la mujer maltratada. El deterioro de
la infraestructura del país contribuye a la comisión de hechos
punibles. Es poco o nada lo que hoy se hace para evitar las conductas
delictuales.
15. El
Ministerio Público, el CICPC y los tribunales penales, han sido
ineficientes en la represión a los delincuentes. Hoy en Venezuela los
criminales tienen pocas probabilidades de ser castigados. El retardo
procesal, la corrupción y la impunidad, son características de nuestro
actual sistema de justicia.
16. Las
cárceles no cumplen con la función de reinsertar en la sociedad a los
que cometen hechos punibles. Estos recintos no cuentan con espacios
destinados para el trabajo, el estudio, el deporte, la
recreación y la cultura de los internos. La descentralización de los
penales no se ha efectuado y hoy no se encuentran en manos de
gobernadores y alcaldes. Se puede afirmar que el artículo 272 de la
Constitución es actualmente letra muerta. Las medidas tomadas por el
recién creado Ministerio de Servicios Penitenciarios, no han resuelto la
grave crisis carcelaria. Este organismo solo vino a aumentar la
burocracia estatal.
17. La
anunciada reforma policial no ha sido efectuada. Después de una gran
inversión de tiempo y dinero, el trabajo realizado por la Comisión
Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL), no fue tomado en
consideración. La Policía Nacional, institución creada por
la Constitución de 1999, sólo funciona con cierta regularidad en algunas
zonas de la capital. Muchos cuerpos policiales estadales y municipales han sido parcialmente desarmados por razones políticas.
18. El
ocultamiento de las cifras relacionadas con la inseguridad ha sido una
constante en la actual gestión gubernamental. Entre los años 2005 y
2010, el CICPC no emitió estadísticas relativas a la comisión de los
diversos delitos. En Venezuela no se conoce con exactitud el número de
armas de fuego ilegales que circulan. La inexistencia de estos datos y
otros de gran importancia, han impedido la elaboración de efectivas
políticas de seguridad ciudadana.
19. El
Estado ha fracasado en el combate de la legitimación de capitales, el
tráfico de drogas, la corrupción, el terrorismo y su financiamiento y
otros delitos propios de la delincuencia organizada. No han existido
políticas acertadas en esta materia.
20. Por
otra parte, las reformas legislativas ofrecidas como soluciones a la
criminalidad desbordada, no han arrojado resultados satisfactorios. El
Código Orgánico Procesal Penal ha sido modificado cinco veces (2000,
2001, 2006, 2008 y 2009) y el Código Penal otras dos (2000 y 2005).
Igualmente, han sido aprobadas una serie de leyes especiales que no han
contribuido a la lucha contra el fenómeno criminal y sólo han generado
una mayor dispersión de los tipos penales. Se ha impuesto una suerte de
fetichismo legal.
21. En
los últimos 12 años ha habido once cambios en el despacho de Interior y
Justicia, un promedio de casi un ministro por año. Cada uno de los
titulares de esta cartera ministerial ha diseñado al menos un "plan"
contra la inseguridad, sin obtener resultados eficaces en el combate de
la criminalidad.
22. Nunca
ha habido un verdadero plan integral. Desde el inicio de este Gobierno
no ha existido la debida coordinación entre las instituciones
relacionadas con la seguridad ciudadana. Cada una de ellas actúa de
manera aislada y sin sistematización alguna. La politización de la
seguridad por parte del Ejecutivo Nacional, ha obstaculizado el debido
entendimiento con gobernaciones y alcaldías a cargo de funcionarios no
afectos al oficialismo.
23. El
jefe de Estado ha incumplido con el deber de colocarse a la cabeza de
las políticas destinadas a resguardar la vida y los bienes de los
venezolanos. Por el contrario, el contenido de su discurso ha estado
cargado de elementos generadores de mayor violencia. El Presidente de la
República tampoco se ha interesado en otorgar los recursos necesarios
para el combate de la criminalidad.
24. En
resumen, se puede afirmar que durante los últimos doce años el Gobierno
nacional no ha demostrado una verdadera voluntad política para resolver
el problema de la inseguridad ciudadana.
25. El
próximo Presidente del Gobierno de Unidad Nacional se pondrá al frente
de la lucha contra el fenómeno criminal. Ello será la ratificación de la voluntad política del Ejecutivo Nacional para lograr la seguridad ciudadana. Todo el nuevo Gobierno contra la criminalidad, la violencia y la impunidad.
26. Se
creará un "Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana" que involucre a
todas las instituciones del Estado que participan en la lucha contra la
delincuencia. La finalidad será la coordinación de las políticas de
seguridad ciudadana.
27. Las
medidas que no le corresponda desarrollar directamente al Ejecutivo
Nacional, serán apoyadas mediante el principio de colaboración de los
poderes públicos, establecido en el artículo 136 de la Constitución, el
cual señala:"Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus
funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio
colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado".
28. Un
punto esencial en las políticas de seguridad ciudadana implementadas
por el Estado, será la estrecha participación de la sociedad civil. Las
estrategias a desarrollar en cada localidad, atenderán a la debida
sinergia con la comunidad. Un ejemplo de ello, será la creación de los
Comités de Seguridad Vecinales.
29. Todos
los Tratados Internacionales destinados al combate de la criminalidad,
suscritos y ratificados por la República, serán estrictamente aplicados,
destacando aquellos relativos a los delitos sistémicos.
30. El
combate de la criminalidad será una política de Estado, ejecutada con
firmeza, pero con el más absoluto respeto a los derechos humanos. La
emergencia en materia de inseguridad que sufre Venezuela exige un
Gobierno que proteja la vida y los bienes de los venezolanos.
Prevención del delito
31. Las
siguientes medidas van dirigidas a todos los ciudadanos, pero colocando
el énfasis en la población más vulnerable (jóvenes entre 15 y 26 años),
la cual es aquella con mayor número de victimarios y víctimas de la
violencia.
32. El desarme nacional estará destinado al decomiso y la destrucción de las armas de fuego utilizadas por los delincuentes.
33. Los
cuerpos policiales nacionales, estadales y municipales, ejecutarán
acciones destinadas a incautar las armas de fuego ilegales. Estas serán
destruidas inmediatamente después de la realización de las experticias
correspondientes.
34. La
Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional otorgará permiso de
porte de arma de fuego, sólo a aquellos ciudadanos que cumplan con los
requisitos de Ley.
35. Se
realizarán campañas institucionales, con la colaboración de los medios
de comunicación, destinadas a promover el desarme y el respeto a la
vida.
36. Los
grupos civiles que han sido deliberadamente armados en estos últimos
trece años, serán una prioridad en la política de desarme.
37. Se
dotarán a todas las policías preventivas del país de aquellos equipos
que les permitan combatir de manera eficaz al delito (patrullas, armas
de fuego de última tecnología, chalecos antibalas, entre otros).
38. Se
incrementará el número de efectivos de estos cuerpos policiales, de
manera que Venezuela cumpla con los estándares internacionales adecuados
para los países con alta criminalidad.
39. Los funcionarios de las policías preventivas recibirán capacitación constante.
40. Los
funcionarios de estas policías percibirán un salario acorde con el
riesgoso trabajo que a diario realizan, debiendo ser periódicamente
actualizado. Gozarán también de una óptima seguridad social. Los
ascensos por mérito de carrera serán garantizados.
41. La
Policía Nacional será fortalecida, despolitizada, profesionalizada y
será desplegada por todos los estados y municipios del territorio
nacional.
42. Los sistemas de selección del personal de estos cuerpos, deben ser estrictamente perfeccionados para evitar que ingresen funcionarios no idóneos.
43. Los
departamentos de control de la actuación policial (asuntos internos)
deben depurar a estos cuerpos policiales de funcionarios que desarrollen
o hayan desarrollado conductas delictivas o no acordes con su
profesión.
44. Se creará un sistema nacional de registro de policías activos y retirados, con información sobre su estatus de méritos y faltas.
45. Se
crearán en todas las policías departamentos adecuados para la
participación, la denuncia ciudadana y la atención a la víctima,
facilitando la transparencia y la rendición de cuentas.
46. Se
establecerá un sistema nacional de información, distinto al del CICPC,
con acceso a todos los organismos de policía, para la inclusión de los
ciudadanos que cometan delitos, faltas o infracciones.
47. Se
implementará una plataforma tecnológica adecuada, con un único número
de emergencias nacional (171), que facilite la denuncia ciudadana y la
formación de una base de datos geográfica. De esta forma se permitirá la
mayor capacidad de respuesta de las autoridades en el menor tiempo
posible.
48. El
Estado creará un Instituto de Investigaciones Científicas, encargado de
estudiar, analizar, evaluar e interpretar las causas y factores
asociados a la criminalidad, con la finalidad de facilitar la
elaboración de las políticas de seguridad ciudadana.
49. El
Ejecutivo Nacional combatirá con firmeza a los grupos irregulares
armados, nacionales o extranjeros, que actúan en los estados fronterizos
o en el resto del territorio nacional.
50. El
Ejecutivo Nacional actuará en estrecha relación con los cuerpos
policiales estadales y municipales, apoyando firmemente sus labores.
51. Los cuerpos policiales actuarán siempre apegados a las normas legales y respetando los DDHH.
52. Se
promoverán campañas, con la colaboración de los medios de comunicación,
destinadas a fortalecer la cultura de la paz, la convivencia, la no
violencia y los valores familiares y ciudadanos.
53. Se implementarán planes efectivos de atención a la infancia abandonada.
54. Se
ejecutarán programas que permitan la reinserción social de las personas
que se encuentren en situación de calle o estado de indigencia.
55. Se desarrollarán planes especiales destinados a atender a aquellos jóvenes que forman parte de las pandillas delictivas.
56. Se
fortalecerán y multiplicarán las instituciones destinadas a la atención
de personas con problemas de consumo de alcohol o drogas ilícitas.
57. Se
ejecutarán planes para prevenir y controlar la venta y el consumo de
drogas ilícitas, alcohol y tabaco en las escuelas y liceos.
58. El
Estado establecerá políticas que contribuyan al aumento de la matrícula
escolar y a combatir el ausentismo y la deserción escolar.
59. Se promoverán y masificarán las políticas que promuevan la práctica del deporte.
60. Se
implementarán políticas destinadas a disminuir el inmenso índice de
desocupación que actualmente existe en el sector juvenil de la
población, y se promoverán políticas obligatorias de Primer Empleo.
61. Se ejecutarán programas dirigidos a reducir los alarmantes índices de embarazo precoz en el país.
62. Se fortalecerá la justicia de paz y los métodos alternativos de resolución de conflictos en la comunidad.
63. El
Estado combatirá y prevendrá la violencia intrafamiliar y de género. Se
multiplicarán los hogares transitorios y se le garantizará asistencia social a la mujer víctima de violencia.
64. Deben crearse los instrumentos legales e institucionales que permitan sancionar las pequeñas transgresiones a las normas.
65. El
mantenimiento del alumbrado público, así como la construcción y
recuperación de parques, canchas deportivas y otros espacios de
convivencia y esparcimiento de la ciudadanía, serán una política prioritaria para el Estado. Esto se adecuará al diseño urbano para la prevención del delito.
66. Se
efectuará la construcción, refacción y mantenimiento de las vías
urbanas y extraurbanas, dotándolas de la debida vigilancia y control.
67. Se
instalarán cámaras de seguridad y otros elementos tecnológicos en los
sitios de mayor incidencia criminal, a los fines de la disuasión,
detección, detención y documentación del delito y sus autores.
68. El
Estado actuará de la mano con las comunidades en la elaboración y
ejecución de las políticas de seguridad ciudadana. Se crearán Comités de
Seguridad Vecinales integrados por los dirigentes naturales de la
comunidad, con la intención de que los mismos participen con las
autoridades en el combate contra el crimen.
69. Se promoverán políticas y planes para orientar la planificación familiar.
Sanción del delito
70. Las
sanciones establecidas en la ley deben ser aplicadas a todos aquellos
que cometan hechos punibles, garantizando el debido proceso. La
impunidad reinante debe cesar en Venezuela. Las instituciones del
sistema de justicia deben funcionar con efectividad para eliminar así el
inmenso retardo procesal que hoy existe, el cual es violatorio de las
garantías y derechos constitucionales. Para lograr estos fines se
aplicarán las siguientes medidas:
71. El
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas
(CICPC), será fortalecido para la investigación de los distintos hechos
punibles.
72. Los funcionarios de este cuerpo policial recibirán capacitación constante desde el mismo momento de su ingreso a la institución.
73. Los
funcionarios policiales del CICPC obtendrán un salario acorde con su
riesgosa labor, debiendo ser periódicamente actualizado. Igualmente,
gozarán de una óptima seguridad social.
74. Se aumentará el número de funcionarios para que el mismo se encuentre acorde con los estándares internacionales adecuados a países con alta criminalidad.
75. El
CICPC será dotado de los laboratorios y demás elementos científicos,
técnicos y operativos que le permitan mejores condiciones para realizar
la investigación criminal.
76. Este cuerpo policial será despolitizado y sus actuaciones deberán guiarse por criterios profesionales y técnicos.
77. El CICPC debe extenderse por todo el territorio nacional, estableciendo dependencias operativas en cada municipio del país.
78. Este
organismo mantendrá relaciones permanentes con los cuerpos policiales
internacionales, en función de la cooperación técnica y jurídica.
79. Se
fortalecerán los métodos disciplinarios que permitan la depuración de
funcionarios de este cuerpo policial, que desarrollen o hayan
desarrollado conductas delictivas o no acordes con los reglamentos de la
institución.
80. Este organismo debe ser despolitizado y sus actuaciones deben ser guiadas por criterios profesionales y legales.
81. El
ingreso a la carrera de fiscal del Ministerio Público debe realizarse
mediante concursos de oposición públicos y abiertos, de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
82. Debe
incrementarse el número de fiscales en todo el territorio nacional, con
la finalidad de que los mismos puedan actuar diligentemente en los
expedientes que se encuentren a su cargo.
83. El Poder Judicial debe ser despolitizado y sus actuaciones deben ser guiadas por criterios profesionales y legales.
84. Debe garantizarse el principio de separación de poderes y el de autonomía en el Poder Judicial.
85. El
ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces debe
realizarse por concursos de oposición públicos y abiertos, que aseguren
la idoneidad de los administradores de justicia (Art. 255 de la
Constitución).
86. Es necesaria la capacitación continua de los jueces y demás funcionarios judiciales.
87. Debe aumentarse el número de jueces penales (Control, Juicio, Ejecución, Cortes de Apelación, entre otros).
88. El
alguacilazgo debe ser redimensionado para que coadyuve de manera
efectiva con la actividad judicial. Se incrementará su personal.
89. Las cárceles se convertirán en espacios para el trabajo, el estudio, el deporte, la recreación y la cultura.
90. Los penales serán dirigidos por penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias.
91. El sistema penitenciario será descentralizado y administrado por las gobernaciones y alcaldías.
92. Los
condenados serán separados de los procesados. La población penitenciara
se reubicará según la clasificación estándar: máxima, media y mínima
peligrosidad.
93. Se
construirán nuevos recintos carcelarios y los ya existentes serán
acondicionados para el respeto de los derechos humanos de los internos.
94. Se
hará efectivo el traslado de los reclusos a los tribunales, con la
finalidad de contribuir con la garantía del debido proceso y la
disminución del retardo procesal.
95. Las
estaciones y retenes policiales albergarán a los detenidos únicamente
por el tiempo que dure su presentación en los tribunales. Dejarán de ser
cárceles paralelas.
96. La
señal de los celulares será bloqueada en el perímetro de las cárceles,
de esta forma se evitará que dentro de ellas se continúen ejecutando o
coordinando diversos delitos.
97. Se
crearán las instituciones indispensables para la asistencia
postpenitenciaria de los exinternos, facilitando de esta forma la
reinserción social.
98. Se
creará un nuevo funcionario “Defensor de los Derechos Humanos de los
Presos”, que ya existe en otros países, con capacidad de generar
respuestas, que ejerza control y vigilancia sobre abusos, atropellos y
deficiencias importantes de las cárceles, y los lleve a conocimiento de
las autoridades competentes
99. Prevención
social y comunitaria: campañas, planes, comunicación dirigidas a
promover la cultura de paz y la convivencia, la no violencia y los
valores familiares y ciudadanos. Atención a los débiles. Reinserción
social. Atención a pandillas, personas con problemas de consumo de
alcohol y droga. Políticas que incentiven la educación, el deporte, el
empleo y en materia de salud preventiva, entre otras.
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