VENEZUELA: EL PELIGRO DEL ‘NARCO-ESTADO’

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe acusó en su cuenta de Twitter a Hugo Chávez de convertir a su país en un “paraíso del narcotráfico y refugio de terroristas” tras la reciente muerte de 12 militares colombianos en un ataque de las FARC en una zona rural de la Guajira limítrofe con Venezuela. Según el comandante del Ejército colombiano, general Sergio Mantilla, los entre 70 y 80 guerrilleros que participaron en el golpe habrían cruzado la frontera venezolana antes y después del ataque.

Las acusaciones de connivencia de las autoridades venezolanas con el narcotráfico y las FARC no son nuevas, pero se han hecho más insistentes tras las recientes denuncias de dos jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que huyeron del país. Según el ex magistrado del TSJ, Luis Velásquez Alvaray, que se exilió en Costa Rica en 2006 tras ser acusado de corrupción, entre los “generales favoritos” de Chávez hay varios narcotraficantes que integran el poderoso “cártel de los Soles”.

Por su parte, Eladio Aponte, otro ex miembro del TSJ, ha hecho cargos similares contra las cúpulas militar y judicial venezolanas tras prestarse a colaborar con la DEA, la agencia de antidrogas de EE UU, desde Panamá, donde se refugió tras ser relevado de su cargo en medio de revelaciones sobre sus nexos con el narcotráfico. También un empresario venezolano de origen sirio, Walid Makled, enriquecido por los contratos de viviendas del Estado y hoy procesado por narcotráfico y asesinato en Venezuela después de que fuera extraditado en 2010 a ese país por el gobierno colombiano, reveló en una entrevista que había tenido a más de 40 de altos oficiales del ejército venezolano en su nómina y a los que pagaba un millón de dólares mensuales por su “protección”.

Sobre Makled pesa la acusación de suministrar los insumos químicos que alimentan los laboratorios de cocaína de las FARC en la selva colombiana y de haber introducido toneladas de cocaína en EE UU. Abandonado en una celda en una prisión colombiana, ante su inminente deportación a Venezuela, Makled habló con El Nacional (10-10-2010) al sentirse traicionado por los militares de alto rango, los diputados y magistrados del TSJ y los dirigentes del Partido Socialista Unificado de Venezuela que, según él, protegían sus operaciones. “Tengo videos y grabaciones de conversaciones telefónicas de todos ellos”, aseguró.

Eladio Aponte

Desde hace tiempo, se han hecho habituales en el país operaciones de sicariato ordenadas por los narcotraficantes que han infiltrado a las fuerzas de seguridad. Pero nadie cree que Aponte o Velásquez estuvieran fuera de ese juego. Según diversas versiones de la prensa venezolana, cuando estaban en ejercicio, su primer cliente era el gobierno, que los usaba para perseguir enemigos políticos, contra los que fraguaban sentencias condenatorias y negándoles los derechos que les asistían para defenderse.

Según escribe Moisés Naím en el último número de Foreign Affairs, lo que sucede en Venezuela forma parte de un fenómeno global más amplio: la penetración del crimen organizado en los aparatos estatales, lo que ha provocado la aparición de “Estados mafiosos”, en los que los sindicatos del crimen terminan comportándose como apéndices de los gobiernos, gozando de la ayuda de jueces, espías, generales, ministros, policías y diplomáticos.

Ese proceso ha convertido el crimen transnacional en un asunto de seguridad internacional porque las mafias, en esta nueva fase de su desarrollo global, cuentan con la protección legal y los privilegios diplomáticos que antes solo disfrutaban los Estados. Naím cita como un ejemplo paradigmático de esa metástasis del cáncer delictivo, el caso de Jackie Selebi, el comisionado de la Policía Nacional de Sudáfrica que fue nombrado en 2006 presidente de Interpol, un cargo desde el que abogó por el fortalecimiento de la cooperación de las autoridades policiales mundiales para combatir el crimen transnacional. En 2010 Selebi fue condenado a 15 años de prisión en su país por aceptar un soborno de 156.000 dólares de narcotraficantes.

Walid Makled

Otro caso notorio de corrupción en las altas esferas es el del general boliviano René Sanabria, ex director de la agencia antidrogas de ese país, detenido en el año pasado en Panamá por agentes federales de EE UU, acusado de haber planificado el embarque de cientos de kilos de cocaína a Miami. Sanabria fue condenado a 14 años de prisión en Florida tras declararse culpable de los cargos que se le imputaban.

 En su comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE UU, Douglas Farah, investigador sobre crimen y terrorismo del International Assesment and Strategic Center, sostuvo que las organizaciones criminales y las terroristas utilizan los “mismos canales, las mismas estructuras ilícitas y explotan las mismas debilidades de los Estados”. Esas organizaciones, según Farah, están convergiendo en “entes híbridos” como las FARC.

 

Venezuela aparece vinculada a muchos de esos casos, especialmente después de que en 2005 el gobierno de Chávez expulsara a la DEA. Según la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Crimen (UNODC), Venezuela suministra hoy al menos la mitad de la cocaína que llega a Europa. El gobierno de Caracas asegura que está capturando más drogas que nunca antes y que desde 2005 ha extraditado a EE UU a 69 grandes “capos” del narcotráfico.

Sin embargo, sus propias datos muestran un caída del 50% en la cocaína incautada entre 2005 y 2010. Según la DEA, el 90% de los aviones que llevan cocaína colombiana despegan de Venezuela. Las bandas están especialmente activas en el Estado de Apure, utilizado como la zona de aterrizaje y salida de los aviones que parten cargados de cocaína rumbo a Centroamérica, el Caribe, EE UU y África occidental, desde donde se dirigen a Europa. Los cargamentos de droga lanzados desde el aire en el Caribe son recogidos por lanchas rápidas que las llevan a Haití, Honduras y Guatemala en tránsito a México y EE UU. Entre 2006 y 2008, la mitad de las embarcaciones capturadas con cocaína en el Atlántico por el servicio de guardacostas norteamericano habían partido de Venezuela, frente al 5% que lo habían hecho de Colombia.

Las evidencias contra los ‘narco-generales’

Ramón Rodriguez Chacín

Un informe del departamento del Tesoro de 2008, acusó a los generales Henry Rangel Silva, nombrado ministro a principios de este año, y Hugo Carvajal Barrios, director de la contrainteligencia militar, y a Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Justicia y del Interior de Chávez, de estar involucrados en el narcotráfico y de ser los enlaces del gobierno con las FARC.

Traficantes venezolanos han sido arrestados en México, España, Holanda, República Dominicana, Grenada, Santa Lucía y países africanos como Ghana y Guinea-Bissau. La ofensiva del gobierno de Bogotá contra sus operaciones, ha obligado a los narcos colombianos a utilizar el territorio de Venezuela, aprovechando la porosidad de una frontera de más de 2.000 kilómetros para alcanzar los mercados de EE UU y Europa.

El informe del Tesoro señala que las FARC y los carteles colombianos tiene un aliciente adicional: la colaboración de unidades de las fuerzas antinarcóticos de la Guardia Nacional venezolana y de la policía. Venezuela es hoy además un centro de operaciones de traficantes de personas, lavado de dinero, contrabando de armas y petróleo. El periodista venezolano Manuel Malaver sostiene que el hecho de que no haya estallado en Venezuela una guerra entre carteles rivales como en México, es una demostración de que las bandas han alcanzado un ‘modus vivendi’ con las fuerzas de seguridad, que arbitran sus conflictos.

 Según informes de inteligencia y de la UNODC, la cocaína cruza el Atlántico desde Venezuela a África en aviones de carga y barcos mercantes hasta aeropuertos y puertos como Dakar (Senegal) y Accra (Ghana), donde los cargamentos son troceados y transportados a Europa por viejas rutas de contrabando terrestres y marítimas.

 En África occidental, países enteros han caído en manos de los carteles. El valor de la cocaína que transita por países como Guinea-Bissau con dirección a Europa multiplica varias veces el tamaño de su economía. Esa región incluye a 10 de los 20 países más pobres el mundo, lo que los hace especialmente vulnerables al poder corruptor del crimen organizado transnacional. La UNODC estimó que solo en 2006 unas 40 toneladas de cocaína, con un valor de mercado de 1.800 millones de dólares, transitaron por la región.

Henry Rangel Silva

Según Antonio Mazziteli, ex director de la UNODC, el gobierno de Guinea-Bissau “vendió” en 2009 el acceso a varias de las 90 islas del archipiélago de Bijagós a los narcos para que las utilizaran como trampolín de sus embarques hacia Europa. El 1 de marzo de 2009, el jefe del ejército de ese país, general Batista Thagme Na Waie, murió en una explosión y horas después, el presidente Joao Bernardo Vieria fue asesinado por soldados del ejército. Probablemente ambos crímenes fueron cometidos por militares comprados por el narcotráfico. Ninguno de esos dos crímenes ha sido resuelto.

En noviembre de 2008, un Boeing 727 que había despegado de Venezuela cargado de cocaína aterrizó en un desierto en el norte de Malí. Después de descargarlo, sus tripulantes le prendieron fuego para borrar huellas. En abril de ese año, las autoridades de Sierra Leona extraditaron a EE UU seis hombres -dos de ellos venezolanos- por utilizar aviones para transportar drogas.

 Brian Lattel, ex especialista de la CIA en Cuba, cree que los vínculos de la isla con el narcotráfico terminaron en fracaso, cuando Fidel Castro, al verse descubierto por la DEA, hizo fusilar al general Arnaldo Ochoa y al coronel Tony de La Guardia para salvaguardar el prestigio del régimen. La escritora venezolana Elizabeth Burgos sostiene, por su parte, que el “mecanismo mimético” que ha establecido Chávez con Cuba, llevó a su gobierno a imitar el sistema castrista y las variaciones que éste ha ido incorporando durante medio siglo, sobre todo su involucramiento en el tráfico de drogas, que le abría a Cuba la posibilidad de llenar el vacío dejado por la suspensión de los subsidios soviéticos.

Burgos dice que escuchó mencionar por primera vez esa estrategia a funcionarios cubanos en Chile durante el período de la Unidad Popular, bajo el pretexto de que esa actividad se justificaba por el enfrentamiento con el imperialismo, dado que EE UU era el primer consumidor y, por tanto, la primera víctima de la adicción.

Al reconocer a las FARC como “ejército beligerante” Chávez dio el primer paso para la aceptación del narcotráfico como “arma contra el imperialismo”, con lo que convirtió a la cuenca del Orinoco en la autopista fluvial de la cocaína producida en Colombia, materializando el sueño de utilizar la droga como “arma revolucionaria”. Incluso los analistas más benévolos con Chávez creen que el líder bolivariano prefiere mirar a otro lado por su necesidad del apoyo de la cúpula militar.