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| Narco Generales Chavistas |
La
Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA), que integran once
países de América Latina, informó este jueves su rotundo rechazo al
anuncio venezolano de retirarse de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y denunciaron que “el Gobierno viene ejecutando
un golpe de Estado, de manera lenta y progresiva”.
La APDA fue constituida para defender la democracia, las libertades y los derechos humanos en la región por parlamentarios electos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Para esta alianza parlamentaria “el gobierno venezolano viene ejecutando un golpe de Estado, de manera lenta y progresiva, secuestrando los poderes públicos, acabando paulatinamente con las libertades, persiguiendo a la disidencia, y apoyando abiertamente a gobiernos forajidos y grupos narcoterroristas”.
“Las declaraciones públicas del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, vienen a confirmar lo que la comunidad internacional ya sospechaba: los nexos del alto gobierno con el narcotráfico, el uso del poder judicial para perseguir a la oposición, y la corrupción a niveles nunca antes vistos en América Latina. Las gravísimas revelaciones de Aponte Aponte y la enfermedad terminal del presidente Chávez, han detonado dentro del gobierno venezolano mecanismos inconstitucionales para perpetuarse en el poder”, agrega el comunicado.
Añade que “en este sentido, preocupa que recientemente se haya activado el Consejo de Estado, y que éste sea utilizado no como un ente consultivo, sino como una Junta Revolucionaria de Gobierno, en sustitución de Chávez”.
También le preocupa al APDA que el gobierno venezolano pretenda trampear o suspender las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre.
“Desde hace algún tiempo, el APDA considera que existen suficientes motivos para que la Organización de Estados Americanos (OEA) inicie los trámites para activar la Carta Democrática en contra del gobierno de Venezuela. Sin embargo, los recientes acontecimientos, arriba mencionados, hacen impostergables acciones en este sentido”, agregan.
Hacen un llamado a la comunidad internacional a no abandonar a su propia suerte a los sectores democráticos de Venezuela, ni mantenerse indiferente ante el sufrimiento de miles de víctimas de persecución política y de violaciones a los derechos humanos.
“Además, al no ponerle un freno a las actitudes totalitarias del gobierno de Venezuela, este mismo modelo se exporta a otras naciones, como de hecho está ocurriendo en Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
La APDA fue constituida para defender la democracia, las libertades y los derechos humanos en la región por parlamentarios electos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Para esta alianza parlamentaria “el gobierno venezolano viene ejecutando un golpe de Estado, de manera lenta y progresiva, secuestrando los poderes públicos, acabando paulatinamente con las libertades, persiguiendo a la disidencia, y apoyando abiertamente a gobiernos forajidos y grupos narcoterroristas”.
“Las declaraciones públicas del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, vienen a confirmar lo que la comunidad internacional ya sospechaba: los nexos del alto gobierno con el narcotráfico, el uso del poder judicial para perseguir a la oposición, y la corrupción a niveles nunca antes vistos en América Latina. Las gravísimas revelaciones de Aponte Aponte y la enfermedad terminal del presidente Chávez, han detonado dentro del gobierno venezolano mecanismos inconstitucionales para perpetuarse en el poder”, agrega el comunicado.
Añade que “en este sentido, preocupa que recientemente se haya activado el Consejo de Estado, y que éste sea utilizado no como un ente consultivo, sino como una Junta Revolucionaria de Gobierno, en sustitución de Chávez”.
También le preocupa al APDA que el gobierno venezolano pretenda trampear o suspender las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre.
“Desde hace algún tiempo, el APDA considera que existen suficientes motivos para que la Organización de Estados Americanos (OEA) inicie los trámites para activar la Carta Democrática en contra del gobierno de Venezuela. Sin embargo, los recientes acontecimientos, arriba mencionados, hacen impostergables acciones en este sentido”, agregan.
Hacen un llamado a la comunidad internacional a no abandonar a su propia suerte a los sectores democráticos de Venezuela, ni mantenerse indiferente ante el sufrimiento de miles de víctimas de persecución política y de violaciones a los derechos humanos.
“Además, al no ponerle un freno a las actitudes totalitarias del gobierno de Venezuela, este mismo modelo se exporta a otras naciones, como de hecho está ocurriendo en Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Por lo anteriormente expuesto, el APDA
hace un llamado a los organismos multilaterales a fijar su atención
sobre la delicada situación que vive Venezuela, y además anuncia que
tomará acciones, dentro del marco del derecho internacional, para
defender la democracia y los derechos humanos en ese hermano país”,
finaliza el documento de la APDA.
La APDA señaló la “sospechosa desatención” del gobierno nacional a los numerosos casos de secuestros perpetrados en las zonas fronterizas del país en los que aparecen civiles y militares vinculados al entorno del Presidente de la República.
En esa sospechosa desatención del gobierno nacional, indiferente ante el dolor de las familias venezolanas, hay que buscar la causa de la creciente acción del narcotráfico y la impunidad en la que permanecen cerca de 150 mil casos de asesinatos en Venezuela.
La APDA acudirá al sistema interamericano para presentar todas las denuncias, reparar los daños y reparar el estado de democracia en Venezuela.
La APDA señaló la “sospechosa desatención” del gobierno nacional a los numerosos casos de secuestros perpetrados en las zonas fronterizas del país en los que aparecen civiles y militares vinculados al entorno del Presidente de la República.
En esa sospechosa desatención del gobierno nacional, indiferente ante el dolor de las familias venezolanas, hay que buscar la causa de la creciente acción del narcotráfico y la impunidad en la que permanecen cerca de 150 mil casos de asesinatos en Venezuela.
La APDA acudirá al sistema interamericano para presentar todas las denuncias, reparar los daños y reparar el estado de democracia en Venezuela.
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