18/8/12

GUAYANA: CAOS, INCERTIDUMBRE Y MIEDO

Ciudad Guayana es una ciudad que fue planificada para el trabajo, aquí se venía a trabajar, a ganar el pan con el sudor, la política no era asunto que nos incumbiera y los movimientos sindicales defendían los derechos de los trabajadores sin considerar su afinidad política con el gobierno de turno, las hemerotecas guardan testimonios de aquella luchas en la cuales no faltaba la represión, pero jamás se usó la fuerza de los trabajadores para secuestrar la ciudad como ha acontecido en estos tiempos de pérdida de la moral pública y de ruptura del pacto social que permite la convivialidad pacífica por el ejercicio del estado de  derechos. 

El último de estos secuestros inciviles acaba de ocurrir el pasado miércoles primero de agosto. Durante todo el día y hasta la madrugada del jueves fue violado el derecho constitucional al libre tránsito con un cierre a la fuerza de la vía nacional que conduce a la capital del estado Bolívar, lo que viola también el artículo 33 de la nueva ley del trabajo, y que contempla privación de libertad en el código penal, lo que pereciera señalado exclusivamente para gente de la oposición, según se desprende de la experiencia. 

No niego que el reclamo sea legítimo ni que los trabajadores tengan razón al reclamar el cumplimiento de una irresponsable promesa presidencial de incorporar a la nómina fija al llamado personal tercerizado – en lugar de abrir nuevas fuentes de trabajo mediante el estímulo a la inversión nacional e internacional - que, de cumplirse, terminará con cualquier posibilidad de recuperación de las empresas básicas sobresaturadas de personal inoficioso – a Sidor, que ya sobrepasa los doce mil trabajadores pretenden incorporarle 1.700 más - pero no les asiste por ello el derecho a alterar el orden público ni a impedirle a la ciudadanía el disfrute de sus derechos constitucionales inherentes a un estado democrático, social y de justicia.

Los ciudadanos que tenían obligaciones ineludibles en la capital del estado, se vieron en
la necesidad de abrir trochas por el monte para evadir el furioso cierre de la vía, exponiendo sus vidas. La Constitución en su artículo 334 obliga a todos los jueces de la República a “asegurar la integridad de esta Constitución”, sin embargo el silencio es la respuesta a la ciudadanía afectada en sus derechos. Nada hay más despreciable que llamarse jefe para no serlo, expresaba Bolívar con toda la razón del mundo. 

La absoluta impunidad con la cual se llevó a cabo este nuevo secuestro determina que ha sido cometido por personas afines al gobierno cuyas acciones pretenden exculpar a Hugo Chávez- el omnímodo – de su responsabilidad con el incumplimiento de la palabra empeñada y señalar como culpables a uno pobres funcionarios sin autoridad para tomar decisiones y carentes de recursos financieros. Tontos útiles a quienes despedir cuando la papa hierve.

El asunto de los tercerizados Chávez, en uso de su incansable demagogia pobrecitista, llamó “tercerizados” a los trabajadores de las contratistas que prestaban servicios especiales y en ciertas áreas específicas, a las empresas del estado. Eso eliminó la mayoría de estas contratistas cuyo personal eventual pasó a la nómina fija de estas empresas, en la mayoría de los casos sin ocupación real, lo que colapsó los servicios internos, como el suministro de alimentos, por ejemplo, porque la demanda sorpresiva supera la capacidad instalada y no hay recursos para compensarlo. 

Esa discrecionalidad trajo como consecuencia que todo quien era empleado por una contratista al servicio de estas empresas estatales, se convertía automáticamente en “tercerizado”, es decir en candidato para ingresar a la nómina fija de las empresas, lo que ha generado las protestas que han lesionado los derechos de la ciudadanía. Por ello en la nueva ley del trabajo se decidió definir lo que es la tercerización y en su artículo 47 establece: “A los efectos de esta ley se entiende por tercerización la simulación o fraude cometidos por patronos en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer  u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”. Y son los trabajadores de estas empresas bajo fraude laboral, quienes deben ser incorporados a las empresas contratantes, los cuales “gozarán de inamovilidad laboral hasta tanto sean incorporados efectivamente a la entidad de trabajo”. Y bajo la óptica de esta ley los trabajadores que cerraron las vías para presionar al gobierno nacional, no están tipificados como tercerizados.

En conclusión

Ciudad Guayana se ha convertido en un pueblo sin ley – uno de los “dirigentes” llevados a Caracas a mediar con la vicepresidencia fue un hombre acusado de participar en un triple homicidio y que tiene prohibición de salir del estado - donde impera caos, incertidumbre y miedo, a merced de los caprichos de las masas alteradas, de la sorda lucha de poder intrachavista por los despojos del naufragio; del prepotente sindicalismo oficialista, del abuso de corruptos altaneros; del sicariato que impone su ley en los sindicatos de la construcción, en los portones de las fábricas y en los ajustes de cuentas, y del malandraje moño suelto que pauta toque de queda a las siete de la noche so pena de la bolsa o la vida. 

No hay autoridad ni justicia y el gobierno se dedica a labores festivas y ni siquiera recoge la basura. El costo de la vida y el desempleo, que superan la media nacional, el deterioro de su infraestructura, la contaminación ambiental y la quiebra técnica de las llamadas empresas básicas, contribuyen a la zozobra que nos agobia. El tránsito estridente refleja con su hostilidad y falta de cortesía y sentido común, el ambiente general de la ciudad, considerada, gracias a la ineficiencia de su gobernador, como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Si alguna ciudad del país puede considerarse ícono del desastre gubernamental de Hugo Chávez, ella es Ciudad Guayana. Sale pa´llá.

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