Una inspección externa realizada en marzo en las dos refinerías en la península venezolana de Paraguaná —incluyendo la de Amuay, donde una dantesca explosión mató el sábado a 41 personas para convertirse en el peor accidente en la historia de la industria petrolera del país— había dejado al descubierto una larga lista de fallas de mantenimiento y que el año anterior las instalaciones habían registrado al menos un centenar de incendios.
El documento, elaborado por la firma RJG Risk Engineering para la compañía de reaseguros QBE, también advertía sobre una inadecuada protección contra incendios en las instalaciones, demoras en el remplazo programado de equipos, lentitud en la aplicación correctivas recomendadas y la ocasional existencia de “nubes de vapores volátiles” en las instalaciones.
“Durante el 2011, 222 incidentes fueron reportados, incluyendo alrededor de 100 incendios, muchos de los cuales produciéndose en trincheras de tuberías contaminadas”, señaló el documento titulado Informe de Actualización de Recomendaciones de Mejoramiento de Riesgo.
“Aún cuando hay un buen procedimiento para la investigación de incidentes, nos desalentamos al notar que pocos de ellos habían progresado más allá de la etapa de establecer una comisión de estudio y sólo nueve de ellos habían sido declarados ‘cerrados’, con las recomendaciones ejecutadas”, resaltó el reporte elaborado en base a inspecciones de las refinerías de Amuay y de Cardón, ubicadas una al lado de la otra, en el Centro de Refinación Paraguaná, en el estado Falcón.
El informe también hace mención que los peores accidentes registrados en las refinerías hasta el momento fueron descritos internamente como “una explosión de una nube de vapor y posterior incendio, resultado por la liberación descontrolada de hidrocarburo inflamable y volátil desde la contención del sistema de procesamiento, subsecuente encendido [de la substancia] e incendio en las unidades de procesamiento”.
“Nosotros no evaluamos la probabilidades de los accidentes —es suficiente señalar que independientemente de las medidas de diseño, construcción, inspección, mantenimiento y operación que sean tomadas, la capacidad de que se produzcan el peor tipo de eventos perduran, y existirá la posibilidad de muchos incidentes de pérdidas potencialmente menores”, resalta al señalar el riesgo de las nube de vapor.
El reporte fue filtrado al público por Vzleaks (www.vzleaks.net) sitio de internet que dice haber sido creado para colocar “documentos clasificados y oficiales entregados […] desde el anonimato por ciudadanos venezolanos y extranjeros […] preocupados por el futuro de la nación”.
El sábado, una explosión en la refinería de Amuay, atribuida una fuga de gas, dejó un saldo de 41 muertos y 151 heridos y provocó un voraz incendió que consumió tres tanques de almacenamiento que terminaron de ser extinguidos el martes.
Hasta el momento, las autoridades han rechazado un coro de voces señalando que el incendio fue provocado por un indebido mantenimiento y deficiencia en las labores de prevención de accidentes en las instalaciones, calificando estos pronunciamientos de irresponsables.
Pero expertos insisten en que la industria petrolera venezolana está sufriendo las consecuencias del descuido de los actuales administradores de Petróleos de Venezuela, y de la decisión del gobierno de Hugo Chávez de no realizar las inversiones necesarias para el mantenimiento, además de colocar personal poco calificado en posiciones claves.
“Lamentablemente no hay las medidas de mantenimiento que antes existía”, afirmó el ex miembro principal del Directorio de la compañía estatal, José Toro Hardy.
“El propio ministro del ramo y presidente de PDVSA había reconocido en su informe anual, en febrero del 2011, que no se estaba cumpliendo con el mantenimiento adecuado, que no tenían las piezas de recambio adecuadas, que tenían problemas de presupuestarios para conseguir las piezas a tiempo. De manera que aquí, evidentemente, hay un problema de mantenimiento”, agregó.
El documento filtrado el martes por Vzleaks devela que ambas refinerías llevaban años mostrando este tipo de deficiencias y registrando un elevado número de “incidentes”.
En un segmento del informe, los autores señalan que detectaron señales positivas en el cuidado de las instalaciones, pero advirtieron que una atención más “fuerte” y “proactiva” era necesaria para enfrentar las deficiencias.
Según el informe, grandes obras de mantenimiento han sido demoradas en las instalaciones, “típicamente por uno o dos años”, mientras que operaciones rutinarias de mantenimiento habían sido postergadas en el 2009, cuyas consecuencias “todavía están siendo sentidas”.
“Los efectos son evidentes en una demora en el mantenimiento de equipos, particularmente en casos de bombas y motores, y una proporción más alta que el objetivo en las órdenes de trabajo de “emergencias” y “urgentes”.
Asimismo, el informe habla de problemas en las “adquisiciones de equipos”.
“Las principales razones dadas por el peor desempeño con respecto a las bombas y los motores fue la insuficiencia de recursos”, dificultades en la colocación y en el mantenimiento de los contratos y en la adquisición de refacciones”, señala el reporte.
Adicionalmente, el informe habla sobre la implementación de un programa para velar por la integridad estructural de las instalaciones, añadiendo que éste ha brindado señales de progreso.
No obstante, los autores mencionaron buena parte de las “viejas estructuras” no están debidamente protegidas contra incendios.
“Es de notar que muchas estructuras que quedan por ser tratadas hacen uso de estructuras temporales de respaldo, y que éstas a su vez no tienen protección contra incendios”, señaló.
Otro de los problemas mencionados por el informe son las demoras en las inspecciones, en el remplazo de equipos que ya han superado su tiempo de vida, y en los correctivos recomendados para evitar incidentes.
Según los autores, de un total de 49 medidas que habían sido recomendadas, sólo 16 de ellas habían sido ejecutadas, 19 aún se están realizando y 11 no mostraban ningún tipo de progreso.
El diputado Alfonso Marquina, al anunciar que la oposición pronto solicitará que la Asamblea Nacional nombre una comisión especial para que investigue el siniestro, afirmó que es evidente que las labores de mantenimiento han sido dejadas de lado durante el gobierno de Chávez.
“El propio ministro [de Energía] Rafael Ramírez, cuando presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea nacional el 3 de febrero del 2011, reconocía la ausencia de mantenimiento en la industria petrolera. Incluso, señalaba allí que a sólo el 19 por ciento de las válvulas que estaba previsto hacerle el mantenimiento preventivo se le había logrado hacer..., y particularmente [en] Amuay”, afirmó Marquina en una entrevista telefónica.
“Por lo tanto, nosotros estamos exigiendo que se abra una investigación parlamentaria, en la cual se contraten a especialistas nacionales e internacionales para determinar si la razón de este accidente, donde perdieron la vida más de 40 venezolanos, es precisamente porque a esas válvulas no se le había hecho el mantenimiento debido. De ser así, habría responsabilidad penal, por omisión. Nuestro código penal venezolano, en el articulo 409, establece que eso es homicidio culposo”, señaló.
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