LOS ALCAHUETES

                                           

Desde que por vez primera el gobierno autoritario y militar de Venezuela comenzó a atacar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y a la Corte, dijimos que lo hacía no sólo porque tales entes hayan investigado o condenado a nuestro país en unos cuantos casos, sino porque, principalmente, en el fondo de tal conducta subyacía -subyace- una concepción ideológica que rechaza, por principio, las atribuciones supraestatales conferidas a tales organismos.

Todo lo que tenga que ver con la reducción de la soberanía de los Estados, concebida de manera absoluta, es anatema para quienes gobiernan a Venezuela hoy. No importa si se trata de la vigencia y garantía de los derechos humanos, considerados, al menos en el mundo occidental, como valores universales por encima de las fronteras político-territoriales, o de los temas de la integración a la economía global.

Esa concepción obsoleta la hemos visto reflejada incluso en sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que rechazan las decisiones de aquellas jurisdicciones internacionales, invocando, como argumento, que son inejecutables.

Para el poder actual en Venezuela, los avances de la normativa alcanzados en el siglo XX en el Derecho Internacional, particularmente, en materia de supranacionalidad o de DDHH, serían despropósitos que conspiran contra la autonomía de los países.

La visión de que el ser humano es uno, a pesar de las diferencias de nacionalidad, culturales o étnicas, con derechos universales instituidos por los tratados que crean organismos internacionales que los preservan, no se acomoda a la ideología de quienes gobiernan a Venezuela. 

Para éstos, los individuos y sus derechos inalienables están por debajo de los Estados, y nada que los salvaguarde más allá de las fronteras podría imponerse a los gobiernos. El derecho y los órganos del Estado nacional están antes que los derechos humanos y las instituciones que consagran y aplican las normas internacionales. De allí que deban ser puestos de lado.

Esa visión demodé, en lo político, viene como anillo al dedo a los gobernantes autoritarios. Les permite sustraerse a instancias que pueden castigar sus violaciones y desafueros. Los tiranos siempre suelen echar mano de esa concepción absoluta de soberanía para así librarse de la persecución de los órganos con competencia internacional.

Cuando el gobierno venezolano denuncia la Convención Americana de los Derechos Humanos y se excluye del sistema de protección establecido en ella, está actuando conforme a esa perspectiva ideológica.

                         

Que para ello utilice subterfugios ridículos y de conveniencia, como el esgrimido por el inefable embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chaderton, “quitarse el yugo imperialista”, no quita que en el fondo se está haciendo lo que la ideología manda y las circunstancias políticas imponen.

Mantenerse en el poder a como dé lugar para implantar su demencial sistema de gobierno, es la prioridad de Chávez. Su falta de escrúpulos lo conduce a hacer lo que más le conviene, y quién sabe con qué objetivos coyunturales- electorales. La elección del 7O será muy tensa, y ya estamos viendo la violencia que está generando el chavismo.

Hasta ahora se han oído algunas voces del hemisferio pidiendo diplomáticamente al gobierno la reconsideración de la medida tomada. Todos la lamentan. Pero ninguna, obviamente, puede subrayar la gravedad del asunto.

Llama la atención de forma escandalosa, sobre todo, la actitud alcahuete de los gobiernos de Mercosur. No sólo porque sean, en su mayoría, amigos de Chávez; sino porque esas fuerzas políticas deben mucho al sistema internacional de protección de los derechos humanos. No pocas situaciones aberrantes sucedidas en esos países tuvieron en ese sistema una vía para la denuncia y para el enjuiciamiento de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

¿Qué pasa entonces que no hay pronunciamiento alguno de esos gobiernos sobre el inconstitucional paso dado por Chávez?

¿Acaso no forma parte del entramado institucional de Mercosur toda la normativa internacional sobre los derechos humanos?

De nuevo el realismo pérfido del que nos hablaba Octavio Paz alguna vez, se impone. Los venezolanos demócratas y defensores del sistema de garantías de los derechos humanos, no olvidaremos ese silencio cómplice y ominoso