Seguridad

De los derechos humanos consagrados en la Constitución de cada país del mundo, la seguridad ciudadana es quizás el derecho que reviste mayor importancia para la sociedad. Por ello, tal derecho tiene que ser considerado como un privilegio ciudadano y una responsabilidad de Estado, en lugar de un problema policial como se viene tratando desde hace mucho tiempo en nuestro país. 

El hecho de haber dejado la seguridad pública en manos de las múltiples policías del país, sin una dirección rectora verdaderamente profesional y sin procedimientos acordes ha traído como consecuencia el colapso de la seguridad y la imposición casi absoluta de la delincuencia. 

Es preocupante ver cómo más de 300 cuerpos policiales en todo el territorio nacional gastan tiempo y dinero implementando medidas, a veces inadecuadas, para garantizar la seguridad ciudadana sin resultados positivos. 

Esto ocurre debido a que el problema de inseguridad se ha venido tratando como un conflicto aislado de los otros problemas sociales y lo cierto es que la inseguridad está ligada a múltiples factores sociales que alimentan su crecimiento y obligan a buscar soluciones correctas. 

El campo es muy amplio y complejo por lo que requiere el aporte de personas con verdadera vocación y experiencia en la materia de lo contrario, se seguirá perdiendo tiempo y dinero. Si no se actúa de inmediato y en la dirección correcta, la delincuencia organizada terminará en controlar y dominar a los funcionarios públicos, a las autoridades policiales y en definitiva a la indefensa sociedad que por temor se rendirá.

A  continuación ofreceré algunas recomendaciones, que de aplicarse, mejoraría la actividad policial, se reducirá el poder de los anti sociales y se lograría la seguridad que tanto anhela el pueblo venezolano. 

1.- PROHIBICIÓN DEL PORTE DE ARMAS. El porte de armas en Venezuela sigue siendo la principal causa del estado de inseguridad que vive la población venezolana. Desde hace muchos años, los gobiernos, ante la imposibilidad de controlar la delincuencia, decidieron delegar en cada ciudadano su propia defensa. Fue así como los voceros oficialistas, insinuaron y motivaron a la ciudadanía comprar armas para su defensa. Nunca se imaginaron el daño que causarían con esta insólita decisión. La venta de armas fue muy grande, se vendieron y concedieron permisos sin muchos requisitos pero lo grave fue que las armas en su mayoría fue a parar a manos de los delincuentes. Las Discotecas, Bares, Restaurantes y Estacionamientos se convirtieron en los sitios ideales para que los antisociales se apoderaran de las armas. 

Los cuerpos policiales todavía continúan sin jefes competentes, sin medios adecuados para sus funciones y generalmente se excusan ante la ciudadanía pregonando la eliminación de funcionarios indeseables, la necesidad de mejorar los sueldos y aplicar razias o redadas que generalmente no ofrecen los resultados esperados. Es necesario que el Ejecutivo decrete regulaciones para lograrlo. Que con firmeza tome las medidas para desarmar a los delincuentes. Las armas en mano de los delincuentes instaura la causa principal de la inseguridad. Si éstos no contaran con armas de fuego, no fueran tan agresivos y sanguinarios. Por ello, insistimos en la prioridad que tiene el desarme ante cualquier otra medida que pueda tomarse para controlar la inseguridad. Desarmando a los delincuentes los cuerpos policiales se sentirán más cómodos para cumplir sus funciones y se facilitará el control de la seguridad ciudadana. Por lo antes expuesto sugerimos la práctica de un Decreto Ley que suspenda el porte de armas a personas no autorizadas para ello y establecer sanciones para los infractores. Este decreto deberá ordenar la entrega voluntaria de todo tipo de arma de fuego no autorizada por el Ministerio de Relaciones Interiores. Para la entrega deberá concederse 15 días, después de los cuales, a toda persona que se consiga portando armas no autorizadas, será penado con la sanción establecida en el mismo decreto.