Dip. Miguel Ángel Rodríguez

A propósito de la polémica surgida por la exclusión del canal de noticias Globovisión, de la banda de televisión digital recientemente puesta a prueba en 13 estados por el gobierno nacional, el Diputado y periodista Miguel Ángel Rodríguez, advirtió que es obligatorio denunciar esta decisión como un paso en la estrategia de coartar plenamente la difusión de informaciones y opiniones críticas al gobierno nacional, lo cual contaría con el soporte de una ley que a finales del año 2011 comenzó a debatirse en segunda discusión en el parlamento nacional y que quedó "por ahora, metida en el refrigerador".

Dice Rodríguez que se trata de la Ley para la Comunicación del Poder Popular, que en principio se habría pensado sólo para darle marco jurídico a los llamados "medios alternativos", pero que luego habría evolucionado hacia el cumplimiento del plan político de la hegemonía comunicacional, para que todo evento informativo y de opinión que pudiera influir en las decisiones del pueblo venezolano quedaran en dominio exclusivo de funcionarios del llamado gobierno revolucionario.

En ese proyecto de ley, explicó el parlamentario, ya se habría estipulado el dominio prioritario que sobre la radio y la televisión digitales tendrían los llamados medios de comunicación del poder popular.  Y es hoy, complementó, "cuando la complejidad política que afronta el equipo de gobierno nacional, dado el cuadro vital del Presidente de la República, que el país debe entender que se adelanta raudo y veloz todo mecanismo que impida el escrutinio público sobre la legitimidad y la eficiencia de un estado carente de su timonel, el Comandante Presidente"

La digitalización de las telecomunicaciones es un proceso que se adelanta en prácticamente todos los países del mundo, dijo. "Y es cierto que multiplica las posibilidades de emisiones, de contenidos radiales y televisivos. Pero en el caso venezolano, también es cierto que existe un proyecto de ley que estipula la formación de Consejos nacionales y regionales de la comunicación del poder popular, que excluyen por completo a las universidades y sus escuelas de comunicación social, a los colegios profesionales y sindicatos del área, e incluso a la representación plural del espectro político del país que hace vida en el poder legislativo. Todo se dirige a secuestrar la digitalización y con ello expandir exclusivamente la difusión de propaganda gubernativa".

Miguel Ángel Rodríguez considera inminente la reactivación de la propuesta de ley para la comunicación del poder popular, cuya propuesta dejaría finalmente todas las decisiones en manos de un Consejo Nacional conformado por 15 funcionarios, todos pertenecientes al poder ejecutivo, y a la cabeza del cual se encontraría el Vicepresidente Ejecutivo de la República.

"Es en este Consejo donde se decidirá quién es comunicador del poder popular, qué tipo de programa y de información u opinión será aceptado y hasta quiénes, bajo cuáles modalidades y en qué cantidades, recibirán financiamiento que, por cierto, exclusivamente provendría del gobierno nacional. Es en este Consejo donde se decidiría cómo distribuir el nuevo abanico de señales digitales de radio y televisión, reservado por la ley para los denominados comunicadores del poder popular", explicó.

El parlamentario llama la atención sobre la manera como se habría decidido la primera parrilla de programación de la televisión digital gratuita, para lo cual se ha informado que se usará el satélite Simón Bolívar: todas las señales del denominado sistema nacional de medios públicos, una señal nueva denominada Colombeia y apenas una representación minoritaria de señales comerciales "desde hace tiempo atenazadas por el recorte de su vida en concesión para señal abierta analógica. Ni Globovisión, ni emisoras regionales que insistan en operar con libertad editorial, ni los medios internacionales que ventilen aspectos críticos al gobierno vigente en Miraflores, formarán parte de las opciones de programación".

Finalmente Rodríguez denunció que la hegemonía comunicacional comporta un grave delito de monopolio por parte del llamado gobierno revolucionario, que decide usar recursos financieros de todos los venezolanos, para censurar, discriminar y hasta criminalizar a por lo menos a la mitad de la población del país. "Usan el satélite, usan Cantv, usan todos los activos públicos que hagan falta para distribución de receptores y decodificadores, se lanzan en una oferta de servicio gratuito y no sólo ponen en jaque mate a canales y a empresas de distribución de señales, sino también al derecho humano de la libertad de expresión. En adelante, la inseguridad, la pérdida de producción y de empleos, la inflación, el desabastecimiento, las violaciones a los derechos humanos; no serán transmitidos".