Estamos en presencia en Venezuela de una guerra declarada por el Gobierno contra los ciudadanos críticos, disidentes u opositores, los enemigos a derrotar. El hilo conductor siempre el mismo: callar las voces que denuncian lo que está pasando en Venezuela, eliminando la oposición política y así controlar el poder.
Está en marcha un plan de acciones sistemáticas y generalizadas promovidas desde el gobierno nacional contra los ciudadanos, para alcanzar objetivos y fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos.
Básicamente ejecutadas a través de métodos orientados a inducir el miedo o terror en la población. Esto configura terrorismo de Estado y debe denunciarse al mundo sin temor.
Estamos en presencia en Venezuela de una guerra declarada por el gobierno contra los ciudadanos críticos, disidentes u opositores, los enemigos a derrotar.
Donde la desinformación, información ambigua o falsa información se proyecta diariamente desde la vocería oficial a través del sistema nacional de medios públicos y redes sociales con un doble objetivo:
a) Realizar propaganda política con fondos públicos en beneficio de una parcialidad política, lo cual constituye delito.
b) Arremeter contra los adversarios de la revolución, difamándonos, exponiéndonos al escarnio público, amenazándonos con cárcel, abriéndosenos investigaciones judiciales, etc., todo ello sin piedad, ejercido selectivamente y de manera ejemplarizante en contra de personas que representan o forman parte de grupos naturalmente críticos en cualquier sociedad: políticos opositores, estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicatos, etc.
El hilo conductor siempre el mismo: callar las voces que denuncian lo que está pasando en Venezuela, eliminando la oposición política y así controlar el poder, hoy día sin la existencia de contrapesos institucionales posibles.
El discurso de odio ejercido permanentemente desde la vocería oficial y orientado a segmentar a la población en clases sociales fundamentalmente, utilizando el revanchismo o la diversidad racial para conflictivizar, entre otros elementos útiles a explotar, es sencillamente criminal y siempre concluye en voz de estos operadores en "la existencia de edites contrarias a la revolución a las que hay que derrotar por cualquier medio".
Venezuela asiste a una transición ilegitima de mando en el ejercicio de la Presidencia, la cual se está verificando bajo la dirección y control de la dirigencia cubana, con suficientes antecedentes de oprobio en su proceder contra sus propios disidentes, opositores y críticos. Este es el centro de gravedad de la amenaza para los venezolanos, que tenderá a agravarse.
La guerra articulada por el gobierno venezolano no respeta reglas de enfrentamiento, tal como impone el derecho internacional humanitario (DIH) a los combatientes en un conflicto armado.
En esta guerra no se parlamenta ni hay bienes ni personas protegidas, tampoco medidas humanitarias contra el adversario, ni neutralidad, como establece el DIH.
Se trata de una guerra total prohibida por el derecho internacional, una guerra sin piedad, ni moral en sus fines, la cual se está ejecutando a través de acciones pérfidas de distinto nivel e intensidad que configuran terrorismo de Estado en Venezuela.
b) Arremeter contra los adversarios de la revolución, difamándonos, exponiéndonos al escarnio público, amenazándonos con cárcel, abriéndosenos investigaciones judiciales, etc., todo ello sin piedad, ejercido selectivamente y de manera ejemplarizante en contra de personas que representan o forman parte de grupos naturalmente críticos en cualquier sociedad: políticos opositores, estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicatos, etc.
El hilo conductor siempre el mismo: callar las voces que denuncian lo que está pasando en Venezuela, eliminando la oposición política y así controlar el poder, hoy día sin la existencia de contrapesos institucionales posibles.
El discurso de odio ejercido permanentemente desde la vocería oficial y orientado a segmentar a la población en clases sociales fundamentalmente, utilizando el revanchismo o la diversidad racial para conflictivizar, entre otros elementos útiles a explotar, es sencillamente criminal y siempre concluye en voz de estos operadores en "la existencia de edites contrarias a la revolución a las que hay que derrotar por cualquier medio".
Venezuela asiste a una transición ilegitima de mando en el ejercicio de la Presidencia, la cual se está verificando bajo la dirección y control de la dirigencia cubana, con suficientes antecedentes de oprobio en su proceder contra sus propios disidentes, opositores y críticos. Este es el centro de gravedad de la amenaza para los venezolanos, que tenderá a agravarse.
La guerra articulada por el gobierno venezolano no respeta reglas de enfrentamiento, tal como impone el derecho internacional humanitario (DIH) a los combatientes en un conflicto armado.
En esta guerra no se parlamenta ni hay bienes ni personas protegidas, tampoco medidas humanitarias contra el adversario, ni neutralidad, como establece el DIH.
Se trata de una guerra total prohibida por el derecho internacional, una guerra sin piedad, ni moral en sus fines, la cual se está ejecutando a través de acciones pérfidas de distinto nivel e intensidad que configuran terrorismo de Estado en Venezuela.
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