SIN EDUCACIÓN NO HAY REPÚBLICA

La voz “República” define políticamente a todo Estado que no sea monárquico, y su diferencia básica la constituye la decisión civil de asumir el sistema basado en el DERECHO CIUDADANO para elegir la autoridad representativa de la nación, en contraposición al DERECHO DIVINO que identifica la monarquía. 

Es importante destacar, después de su definición, que para desarrollar una república, es decir, el paso inmediato posterior al de asumir una nación la potestad del derecho ciudadano frente al derecho divino, es imperativo que el Estado decrete y asuma la educación, en todos sus niveles, como un derecho gratuito y obligatorio.

Porque la educación permite a cualquier ciudadano “hijo de vecino” la igualdad de oportunidades para acceder al ejercicio legal de la autoridad, frente a la herencia o al poder económico. Esto es fundamental entenderlo, porque la educación gratuita y obligatoria, incluido su nivel universitario, es la única posibilidad que tiene la República de generar movilidad social, económica y política para su sustento.

Sin educación gratuita y obligatoria, financiada por el Estado, se reduce la posibilidad del ejercicio de la autoridad por el pueblo, con lo que la igualdad desaparece y se crean clases dominantes basadas en premisas ajenas a la concepción republicana. 

Así que su gratuidad es un fin supremo para la existencia de la República. En Venezuela fue el 27 de junio de 1870 cuando, bajo el gobierno de Guzmán Blanco, se promulgó la Ley que establecía este derecho fundamental para la nación erigida en republicana el 5 de julio de 1811.

Este decreto, quizás la obra máxima de Guzmán Blanco, que fue dictado apenas dos meses después de llegar al poder, antecedió a su equivalente francés por más de 10 años, pues la educación primaria en Francia se hizo gratuita en 1881, y obligatoria y laica en 1882, durante la III República. 

República y democracia son sinónimos

La democracia tiene poco de consolidada en la mayoría de los países del mundo, y en América Latina es todavía primitiva, por ello, aún en los políticos más cultos, se ha confundido democracia con “gobierno en democracia”, y la ineptitud, corrupción, barraganía, autocracia o ineficacia de éstos, ha contaminado el concepto de democracia creando en el pueblo afectado un rechazo hacia lo que en realidad significa su única posibilidad de acceder al progreso por el desarrollo integral del individuo, ya que toda forma de desarrollo gregario o colectivista o comunista ha fracasado estrepitosamente en el planeta, y con la mayor miseria a pesar del inmenso costo en tiempo vital y vidas humanas despilfarradas.

Lo que sucede es que la democracia se ha definido tradicional y simplistamente, por una premisa de Montesquieu, y sin mayor revisión ni adecuación posterior a las dinámicas políticas actuales, como “gobierno del pueblo”, con lo que sirve como fachada para cualquier andamiaje tiránico sustentado por una muchedumbre seducida por la promesa de dormir comida.

La definición académica no se aleja mucho de esta primera referencia y sostiene que la democracia es un “régimen político en el cual la soberanía pertenece al conjunto de los ciudadanos sin distinción, es decir, al pueblo”, y la divide en representativa, autoritaria y social, a las que se suma ahora en Venezuela, otra adjetivación divisoria impráctica, la “participativa”.

La frase “régimen político” con la que se inicia esta última definición refiere a “conjunto de reglas o normas” es decir “sistema”. Y desde este punto adelanto una definición acorde con nuestras realidades y esperanzas, y sustentada en el enunciado de Bolívar, y coincidente en fondo y forma con la Carta Democrática suscrita de manera unánime por todos los miembros de la OEA:

“Democracia es el sistema político, cuyos gobiernos están sujetos a las normas constitucionales establecidas por la ciudadanía en el libre ejercicio de su soberanía, que profesa y garantiza el respeto a los derechos fundamentales y naturales de la persona humana y en particular a la libertad política, civil y personal, mediante la separación autonómica de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y consagrado a producir la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”.

Prefiero el término “ciudadanía” en lugar de pueblo, porque un país está integrado por ciudadanos, es decir, sujetos de deberes y derechos. La representatividad en este caso no define una forma de democracia sino que es la manera con la que la ciudadanía adquiere carácter protagónico y participa en la vigilancia y supervisión de los actos del gobernante elegido y de su equipo de gobierno.

De allí la enorme importancia de la autonomía, frente al Poder Ejecutivo, de esta representación que descansa, en el caso venezolano, en la Asamblea Nacional, núcleo del Poder Legislativo. Esta definición elimina adjetivaciones a la democracia, quedando éstas como formas operativas de practicarla. Es democracia, y punto.

Estado de derecho, pilar fundamental de las libertades públicas

El Estado de Derecho, que deroga el Derecho Divino y se sustenta en la Ley, ante cuyo imperio todos somos iguales, es el garante de las libertades civiles, con énfasis en la libertad de expresión, y el camino corto hacia el respeto al derecho ajeno, mientras se forma en la escuela, que es el camino largo, el ciudadano, antes descrito, por introyección de valores.

El simple cumplimiento y aplicación de las leyes generarían la más soberbia de las revoluciones que la humanidad haya conocido. Porque las leyes, en su inexorabilidad, son el sustituto social a la barbarie del hombre contra el hombre, y marcan la relación hombre-sociedad con dos definiciones: ética, que es la responsabilidad y compromiso del sujeto con la sociedad; y justicia, que define la responsabilidad o compromiso de la sociedad con el individuo, lo que vendría a ser la “venganza” de la sociedad, a través de la ley y sus instituciones, contra el sujeto transgresor de sus normas de convivencia.

En teoría, claro. Los motorizados del chavismo y la aplicación de sanciones extrajudiciales en el campo de la economía, confirman la duda cartesiana sobre la disposición democrática de este gobierno con dieciséis años de desaciertos democráticos y desviaciones republicanas en el cuello.

Rafael Marrón González