Ni lava ni presta la batea

El Gobierno de Chávez ni construye viviendas, ni deja que el sector privado las construya.
El fracaso en política habitacional de esta década chavista, se refleja en las pírricas 385.869 viviendas construidas en ese período, según informa la Cámara Venezolana de la Construcción. Es decir, un promedio de 38.587 unidades por año, en vez de las 110.000 unidades que se requieren para evitar el incremento del déficit habitacional. Un déficit que ya supera los 1,8 millones de unidades y que afecta principalmente a la población de menores recursos.
Lo más grave es que un Gobierno que ha mostrado tal desinterés e impericia para resolver el problema habitacional de sus ciudadanos, tampoco promueve la inversión privada en el sector. Por el contrario, ha hecho todo lo posible (y lo imposible) para que el empresario privado no construya viviendas. Y no sólo obstaculiza y desincentiva sino que penaliza y castiga a todo lo que huela a empresa privada.
Entre otras cosas, el Ejecutivo ha generado un estado de inseguridad jurídica que aleja al capital, al igual que lo hace en otras áreas de la economía, tal como se evidencia, por ejemplo, en el tejemaneje que se traen el Ministerio para la Vivienda y Hábitat y el Tribunal Supremo de Justicia con el cobro del IPC en los contratos de compra-venta de inmuebles.
El 10 de noviembre de 2008, el Ministerio para la Vivienda y Hábitat emitió la Resolución 98 que prohíbe el ajuste por inflación sobre el monto inicial de los contratos de inmuebles, así como cualquier otro tipo de ajuste o interés luego de culminado el plazo establecido en el contrato de compra-venta para la entrega de la vivienda. Todo ello con el argumento de que el comprador de la vivienda no tiene porqué soportar el impacto económico derivado del retraso en la culminación o entrega de la obra imputables al constructor.
Si bien esta resolución tenía su basamento en los abusos de algunos constructores, no tomaba en cuenta los retrasos por escasez de cemento, de cabillas o las demoras de entrega de dólares por parte de Cadivi.
Ahora de ñapa, el 2 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda en contra del cobro del IPC en contratos de compra-venta de inmuebles, introducida por la Federación de Usuarios y Consumidores. Esta decisión del TSJ ordenaría a los constructores a devolver las sumas recibidas por este concepto, lo cual no sólo cambia de nuevo las reglas de juego a los empresarios en menos de seis meses, sino que les ocasionará a éstos graves daños patrimoniales.
Y para colmo, la AN también anunció que luego de emitida la sentencia se promulgará una ley que recoja éste y otros aspectos para regular la actividad privada de la construcción. Esto sin contar con la orden presidencial (de obligado cumplimiento) de “rescatar” los terrenos urbanos “baldíos”, la promoción de invasiones a propiedades como las de los edificios de Las Terrazas de La Vega, la congelación de los alquileres por más de cinco años, ni que se agotó el dinero para los créditos hipotecarios.
No hay duda de que todo apunta a darle un golpe mortal a la industria de la construcción.
Al final este tipo de medidas sólo logran alejar aún más a los venezolanos de acceder a viviendas dignas, además de cercenar otras fuentes productivas de empleo.