Días de radio

Hasta qué punto la ideología socialista ha permeado la mentalidad del venezolano puede apreciarse en las declaraciones de jóvenes que protestan por el cierre de las 34 emisoras de radio, aclarando previamente que no están defendiendo a ninguna empresa sino a “la libertad de expresión”.
Es decir, que defienden un principio, un valor, una abstracción; pero nunca, que quede claro, su expresión concreta, que es una empresa privada. Y esto no lo dicen miembros de la juventud de Bandera Roja o Tercer Camino, sino atildados estudiantes de la UCAB o de la Universidad Metropolitana.
Quizás el problema sea que todavía no han llegado a la lección en la que sus profesores deberían explicarles cómo se puede ejercer aquella tan apreciada libertad sin medios de radiodifusión o televisión libres e independientes.
Esto entendido como autosuficiente, quien se mantiene por sí mismo, que no depende económicamente de nadie, en especial, del gobierno. Puesto que en un sistema en que el único empleador sea el Estado, donde todos los medios estén subordinados a la línea oficial, la libertad es imposible, no puede existir.
En consecuencia, la libertad económica deviene en un prerrequisito para que las demás libertades puedan realizarse en la práctica porque, ¿cómo podría haber libertad de pensamiento y de manifestar libremente las ideas si no hay medios a través de los cuales hacerlo, esto es, si no hay imprentas para hacer libros, editar periódicos y revistas, si no hay radios y televisoras libres?
Es un hecho siempre demostrado que dónde se elimina la libertad de empresa, lo que se genera es dependencia del Estado y eventualmente la desaparición de todas las otras libertades, que se extinguen por inanición.
Decir que se defiende la libertad de expresión, pero no al medio por el cual ésta puede hacerse efectiva, es una contradicción en los mismos términos. Pero esto no es obvio en absoluto. Ya se observaba el mismo discurso durante el proceso de cierre de RCTV, a veces añadiendo el agravante de que no se defendía a ningún “dueño” de un medio de comunicación, como si los derechos de los dueños no merecieran el mismo respeto que los derechos humanos de cualquier persona.
Y este es el quid de la cuestión: en Venezuela se ha hecho moneda corriente que los derechos de las empresas y de los empresarios son indefendibles; hacer esto sería políticamente inconveniente y debe evitarse a toda costa aparecer como que se está del lado de la empresa privada o de algún interés particular.
Es decir, que la situación se analiza desde un punto de vista socialista, se adopta como base una filosofía colectivista y clasista, para la cual todo lo privado es negativo, con el añadido de que el único interés que puede defenderse es el de los “trabajadores”, entendido como contradictorio a “empresarios” o “empleadores”, que serían el enemigo histórico.
Esto es particularmente notorio cuando se niega la defensa de la empresa privada pero se reivindica la defensa de los “puestos de trabajo”, como si una cosa pudiera separarse de la otra, como si pudiera haber asientos en un autobús, pero no tal vehículo. Ciertamente que no podría haber puestos de trabajo si no hubieran empresas privadas, a menos que todos se resignen a ser empleados públicos; pero allí ya salimos de la esfera de la libertad para entrar en la de la autoridad.
EL MITO DEL ESTADO. Ha quedado cruelmente demostrado en la historia del siglo XX que el Estado no es “Dios en la Historia” ni “la realidad de la idea moral” como habían proclamado los idealistas idólatras del Reich alemán, sino que éste puede caer en manos de bandidos y chiflados convirtiéndose entonces en la mayor calamidad pública nacional e internacional.
Es un hecho fantástico que para la mentalidad socialista una empresa que en manos privadas consideran como un antro de explotación e injusticia insoportable, si pasa a propiedad del Estado se reviste súbitamente de un halo de santidad y equidad resplandeciente, aunque siga haciendo lo mismo, con la misma gente.
Así como personas individuales y llenas de prejuicios si son tocadas con la barita mágica de un cargo público, se convierten en magistrales intérpretes del interés colectivo, voceros de la voz del pueblo que, como se sabe, es la voz de Dios.
Usando esta facultad extraordinaria estos funcionarios pisotean derechos humanos elementales con el toque de clarín de que “ningún derecho individual puede prevalecer sobre el interés colectivo”; pero nunca responden cómo fue que ellos dejaron de ser individuos para convertirse en dueños del interés colectivo, ni cómo ni cuándo sus víctimas dejaron de formar parte de ese colectivo.
El primer prejuicio que es necesario superar es que exista un interés colectivo diferente y superior al interés de los individuos que lo constituyen. Así como no es posible tener una sociedad sana formada con personas enfermas, ni una colectividad educada integrada por sujetos incultos, asimismo, no puede haber una sociedad opulenta constituida por individuos miserables.
La cruda realidad es que las únicas sociedades ricas que hay en este planeta son aquellas en las que se ha permitido a entes privados desplegar todas sus potencialidades para crear riqueza, enriqueciendo con ello a los demás.
Es falso que en las empresas se explote el trabajo de todos para enriquecer a uno, porque es evidente que a la gente que trabaja le va mejor que al desempleado. Si fuera cierta la teoría de la explotación y que las empresas chupan la sangre de sus trabajadores, sería mejor no laborar y mantener las fuerzas propias, pero puede verse que ocurre todo lo contrario.
Tampoco tendría sentido el clamor por conservar sus puestos de trabajo, porque esto sería tanto como si estuvieran rogando que los exploten. Incluso, buena parte del movimiento sindical se basa en la administración de las cuotas de empleo y el mismo gobierno que se dice revolucionario y socialista no ha tenido otra política laboral que renovar en forma incesante la inamovilidad, esto es que, si fuera cierta la retórica oficial, los patronos estarían obligados a explotar siempre a los mismos trabajadores, no los pueden cambiar por otros, ni liberarlos.
La experiencia demuestra que donde prosperan la industria y el comercio, los trabajadores también prosperan. Y es una verdad infalible que ni que quisieran los dueños podrían comerse todo lo que producen, porque sólo lo hacen para el mercado, que somos todos, quiérase o no. Así que no es un problema de egoísmo o altruismo: quien no produzca pensando en el mercado, simplemente, se arruina.
Finalmente, en un régimen de libertades, nadie tiene prohibido ser altruista o regalar lo que tiene aunque, como dice el dicho, a pedir se quede. Es inexplicable que si los comunistas tienen mejores métodos de producción y distribución de bienes y servicios no los pongan en práctica, dejando a los demás hacer lo que les parezca; sino que parece consubstancial al socialismo imponerles a los demás lo que ellos creen, en la teoría y en la praxis.
El problema central del socialismo es la imposición, la negación de la libertad y de las alternativas. Ya no se trata de que ellos puedan expresar sus ideas, si es que las tienen, sino de impedirle a los demás expresar las suyas; no se trata de producir o servir mediante métodos “socialistas” sino de impedir que otros puedan hacerlo mediante métodos, digamos, liberales.
¿Por qué los comunistas no crean sus propias cosas sino que se empeñan en “expropiar” lo que otros han hecho? ¿Por qué no admiten que todo lo que se apropian lo llevan a la ruina?
El error esencial de los socialistas es suponer que la riqueza es un quantum (Q), una constante, de manera que si alguien toma un pedazo mayor es porque se lo ha quitado a alguien que tendrá necesariamente uno menor, como si se tratara de una cobija que si uno la hala de un lado desarropa a otro.
No les entra en la cabeza, obviamente por sus intereses políticos e ideológicos, que la riqueza se crea, que se inventa dónde antes podía no haber nada. Prefieren la ilusión socialista, históricamente nunca demostrada, de que existió una época idílica en que todos los hombres eran igualmente ricos (no igualmente pobres); pero luego vinieron unos pocos y se apoderaron de todo despojando a los demás, llegó la propiedad privada a crear desigualdad e injusticia. La misión del socialista sería, pues, restablecer aquel Paraíso Perdido.
Este aspecto mítico del socialismo se asocia íntimamente con su irracionalismo filosófico en general y económico en particular, pero sobre todo con las relaciones mágicas que teje con el poder.
EL TAUMATURGO. La gente humilde se dirige al comandante en jefe clamando por justicia, seguridad, o por una casa, un trabajo, la salud de un familiar o cosas más pedestres, como si fuera Dios o pudiera resolverlo todo con su sola palabra.
Pero también lo hacen dueños de emisoras cerradas para explicarle la situación, así como los de empresas expropiadas para que les pague y de fincas invadidas para que las haga desalojar o mujeres por la libertad de seres queridos presos.
El punto común es que parece que todo depende de una voluntad omnímoda, que resuelve según su criterio y no de acuerdo a leyes objetivas que sean iguales para todos los ciudadanos que se encuentren en situación semejante.
Unas personas van a la cárcel, los demás permanecen en libertad condicional, unos funcionarios son encumbrados a la luz pública y otros puestos a la sombra, estos de aquí exaltados, aquellos humillados, siempre en virtud de una voluntad oscura y misteriosa, que actúa por el capricho propio del azar o la fortuna.
Así, la primera gran conquista del socialismo es la desigualdad ante la Ley, puesto que no se le aplica a nadie por igual; cuando algo se pide como gracia, invocando la benevolencia, precisamente por eso, perfectamente arbitraria, no sujeta a ley alguna, la consecuencia necesaria es que se pierde el derecho, nada puede ser exigido, ni impedido en cuanto derecho, sino que todo se vuelve voluntad pura.
Una concesión no tiene que ser graciosa, sino de acuerdo con la Ley, que tiene que ser la misma para todos. Lo que no le pasa por la cabeza al funcionario arbitrario es que el “Estado” incluye a todos, con el mismo derecho de acceso al espacio radioeléctrico y apropiárselo en exclusiva, con la capucha de “Estado” es, por decir lo menos, un delito, o lo más, una violación de derechos humanos fundamentales, como el de igualdad ante la Ley.
Eliminar la libertad, la igualdad y la fraternidad, es volver al despotismo.