El objetivo del Gobierno en materia agropecuaria pareciera ser destruir por destruir. Su política de intervención de tierras productivas no le ha aportado a venezolano alguno ni siquiera una migaja de bienestar y menos aún, ha logrado la cacareada meta de soberanía alimentaria, que estaba supuesto a conseguir. El único "logro" en su política contra el campo ha sido la descarada apropiación ilegal de propiedades privadas legítimamente adquiridas y con una demostrada cadena de titularidad de larga data; una brutal caída de la producción nacional; amén del acoso y la persecución de trabajadores y empresarios del agro.
Desde los decretos zamoranos de 2006, basados en una supuesta lucha en contra del latifundio y con la utopía de lograr una soberanía alimentaria, el Instituto Nacional de Tierras ha aplicado una política de intervención de tierras productivas que ha cobrado ya 600 fincas en plena producción, según cifras de la Federación de Ganaderos (Fedenaga). No ha discriminado este arbitrario comiso ni la ubicación, ni la vocación agrícola, ni las dimensiones de las tierras. Esto quedó demostrado con la medida de supuesto "rescate" en contra de los pequeños y medianos productores de azúcar del Río Turbio y los Valles de Aragua, o la amenaza de "rescate" que también pende sobre 2.400 pequeñas unidades de producción en las tierras de la Comunidad Morales, en Táchira.
En entrevista de Katiuska Hernández al profesor del IESA y experto en agronegocios, Carlos Machado Allison, publicada en El Nacional este lunes, éste destaca que si los 2,5 millones de hectáreas de tierras ganaderas y unidades de producción que han sido intervenidas hasta ahora, estuvieran productivas, los precios al mayor de los productos agrícolas no estarían reportando un alza de 77%, o los avícolas y pecuarios no hubieran subido 36,3%, entre agosto de 2008 a agosto de 2009, como lo indican las cifras del BCV.
Otras nefastas consecuencias de estas políticas se reflejan en las cifras que aportó Fedenaga a El Nacional el domingo 27 de septiembre, con respecto a la producción cárnica: Hace 10 años, indica el informe, los ganaderos producían 17,4 kilos de carne por persona al año, lo que representaba 99% del consumo nacional. Para fines de 2009 se calcula que la producción descenderá hasta 7,8 kilos por habitante al año, es decir 38% del consumo total de la población. De 20,5 kilos de carne que consuma cada venezolano en 2009, 12,7 kilos deberán ser importados.
Por su parte, la Federación de Cañicultores (Fesoca), informa que en 5 años se han perdido 20.000 hectáreas de caña de azúcar, lo que equivale a unos 1,5 millones de toneladas de caña que no se están produciendo. Además, estima esta Federación que la producción de azúcar se reducirá a 6 millones de toneladas en 2010, de las 7,3 millones de toneladas producidas entre 2008 y 2009. También sostiene que los requerimientos de importación de 500.000 toneladas de azúcar cruda subirán a 700.000 toneladas.
Esa política confiscatoria de tierras contiene además, una implacable persecución contra trabajadores y empresarios del campo. A éstos se les han conculcado sus más mínimos derechos, tal como se puso de manifiesto este fin de semana con la arbitraria detención, y posterior imputación por supuesta agresión leve y desacato a la autoridad, que se le hiciera a Eduardo Gómez Sigala, ex presidente de Conindustria. Sigala es castigado así por atreverse a defender cívicamente su legítima propiedad y por dejar al descubierto que el Gobierno al incautar las tierras destruye sembradíos, sólo por el morbo de destruir por destruir.
Es decir, la política de intervención de tierras de Chávez sólo trae consigo destrucción, desabastecimiento, hambre y persecución.
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