La coordinadora de la comisión de Derechos Humanos de la Mesa de Unidad, Delsa Solórzano, calificó de "vergonzosa" la posición asumida por la defensora del pueblo Gabriela Ramírez frente al informe de la CIDH y la instó a que se dedique a defender los intereses de los venezolanos.
“Es importante destacar que este es el primer informe presentado por la CIDH que contiene un resumen de todos los años del gobierno de Hugo Chávez, su elaboración se decide en cctubre de 2008, el gobierno venezolano siempre estuvo al tanto de la realización del mismo y finalmente fue publicado el 23 de febrero de 2010” explicó Solórzano.
A juicio de la dirigente de la oposición hay 20 puntos que son resaltantes de todo el informe, entre los que destacan que se les ha negado el acceso al país para constatar la situación del país “se hace especial referencia a las inhabilitaciones administrativas, las cuales se realizan en violación del debido proceso, sin condena penal y son selectivas.”
“La CIDH expresa que el Estado venezolano realiza acciones para evitar el libre ejercicio de cargos públicos de elección popular, también puso especial énfasis en el tema de la existencia de grupos de choque como La Piedrita, Al3exis Vive, UPV, entre otros que cuentan con respaldo del gobierno y entrenamiento policial” indicó la dirigente de la tolda azul.
Así mismo Solórzano hizo referencia “a la persecución de la disidencia política, criminalización del ejercicio de la política e imputándonos delitos comunes a los dirigentes de la alternativa democrática para justificar nuestra persecución o encarcelamiento”.
“En cuanto al derecho a la manifestación la CIDH observó que se restringe el derecho y se reprime indebidamente a los manifestantes, se les imputa, acusa o persigue por delitos comunes como agavillamiento, cierre de vías o instigación a delinquir, uso excesivo de la fuerza policial o represiva del Estado, y la presencia lamentable de fallecidos en dichas manifestaciones” acotó Solórzano.
También en el informe se señala la “falta de independencia de los poderes, destacando que existe un poder judicial politizado, jueces carecen de estabilidad, no hay concurso para los ingresos, designación a dedo y con características oficialistas, fiscales sin estabilidad, concurso y dudas en su designación, y finalmente el poder legislativo atiende órdenes de altos funcionarios de otros poderes” destacó la también Vicepresidenta de la organización.
Solórzano indicó que en cuanto a la libertad de expresión el informe de la CIDH “menciona que hay grupos violentos que atacan e intimidad periodistas y medios, hay serias amenazas de cierre de 240 emisoras y el cierre de 34 de ellas por su contenido editorial, el uso excesivo de cadenas por parte del Presidente, y sobre todo nos parece importante destacar que en el informe se dedica un capítulo completo a Globovisión por la apertura de procesos administrativos y que dichos procedimientos coinciden con órdenes directas del Presidente. La conclusión del informe es que en Venezuela está ausente la libertad de expresión”.
“En cuanto a la Ley de Educación el informe contempla que “hay excesivos reglamentos que generan inseguridad jurídica, abre un excesivo margen de control al Estado respecto a los principios y valores de la educación, viola la libertad de conciencia de educadores y educandos, violándose así la educación libre y plural, hay una evidente falta de acceso a la información pública” puntualizó Solórzano.
“En referencia a la impunidad citan el informe presentado por nosotros en donde reza según cifras oficiales que la misma ronda el 97%, los venezolanos se encuentran indefensos frente al hampa, se estima que sólo en 2008 hubo más de 14mil homicidios, y el índice de muertes violentas en niños y jóvenes es alarmante, también hacen mención a la violencia contra la mujer, expresando que hay 100 casos diarios, que quedan completamente impunes” reveló la dirigente.
Solórzano indicó que la CIDH presenta una enorme preocupación por la formación de la Milicia Nacional Bolivariana, se viola la libre asociación sindical, se persigue y encarcela a los dirigentes sindicales. Así mismo anuncia una alarma por situación carcelaria, en promedio muere un recluso diario, el Estado hace caso omiso a las medidas cautelares. En el informe de la CIDH también hacen mención especial a los casos de Gustavo Azócar y Manuel Rosales.
Solórzano emplazó a la defensora del pueblo Gabriela Ramírez, refiriéndose a las declaraciones hechas por dicha funcionaria, por lo cual no debe ser llamada "defensora del pueblo" sino la defensora de los intereses de Chávez.
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